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Que PDVSA no produzca gasolina, cuando en el pasado satisfacía el mercado interno y exportaba, es responsabilidad de quienes han mal administrado el país desde 1999.
Fueron ellos quienes descapitalizaron PDVSA, al hacerla vender sus dólares al BCV al artificial bajo cambio oficial. Fueron ellos quienes llevaron la empresa de unos 30 mil empleados a más de 120 mil. Fueron ellos quienes le impusieron funciones distintas de su objeto.
Fueron ellos quienes mantuvieron el contrabando de extracción, iniciado luego de la nacionalización petrolera. Fueron ellos quienes acabaron con el mantenimiento de equipos e instalaciones, descuidaron la seguridad laboral, intervinieron sus sindicatos y combatieron la meritocracia dentro de la industria. Y fueron ellos quienes llevaron la corrupción a niveles gigantescos.
Desde antes de sus inicios, el chavecismo nunca fue bien visto por EEUU. No les gustaban sus acciones sobre la colaboración Sur-Sur, ni el antiimperialismo discursivo, ni el acercamiento a Cuba. El gobierno, por su parte, nunca hizo nada para buscar otro tipo de relación. Disfrutaba retando al Estado más poderoso del mundo, pues lo hacía aparecer más fuerte de lo que realmente era y consolidar un liderazgo latinoamericano, al cual además se dedicó una parte de la billonaria (millón de millones) riqueza en dólares que se recibió en una década.
Pero las retaliaciones estadounidenses por esta conducta díscola nunca fueron lo suficientemente fuertes para afectar la industria y desestabilizar al gobierno, excepto por las acciones golpistas de 2002-2003, de las cuales la recuperación fue total.
Las sanciones actuales contra el país tienen el perverso efecto de impedir que se pueda asumir la recuperación de una industria devastada. No son la causa de esta devastación, pero sin duda la hacen muy difícil de superar. PDVSA está hoy casi totalmente extinta, lo que le ha abierto peligrosamente el camino a quienes desde siempre han querido que nuestros recursos naturales los maneje el capital extranjero. Ésta es otra responsabilidad de quienes han gobernado a Venezuela todos estos años. Las causas de lo sucedido son muy anteriores a Maduro, aunque éste se ha destacado por ahondar la crisis y hundirnos más en el fango de la ignorancia, la corrupción y la desidia.
«No se trata de apostar a que el desabastecimiento continúe, pero tampoco a celebrar como un gran logro las acciones gubernamentales, pues no hemos debido llegar a esto»
Llegamos entonces a importar gasolina. El país petrolero de grandes reservas debe importar lo que antes producía y regalaba. Pero no lo puede importar de dónde quiera, pues las sanciones se lo impiden. Curiosamente Rusia, quien es un aliado fundamental y uno de los tres mayores productores de petróleo del mundo, no participa en la solución. Es Irán entonces quien decide venderle gasolina a Venezuela, pero no se sabe si es una acción puntual mientras se recupera la capacidad de refinación, o si va más allá en el tiempo.
Tratar de normalizar la distribución de combustible en el país es interés de todos. Pero estas acciones no pueden asumirse como si se tratara de un éxito en el progreso de la “revolución”. Todo lo contrario, son el resultado de un gran fracaso del proyecto político dominante y así tiene que ser considerado. No se trata de apostar a que el desabastecimiento continúe, pero tampoco a celebrar como un gran logro las acciones gubernamentales, pues no hemos debido llegar a esto. Muy diferente del caso del paro y sabotaje petrolero de 2002-2003.
La instrumentación hasta ahora del plan de distribución inicial de gasolina ha sido un desastre total administrativo. Cada estación de servicios parece decidir por su cuenta que hacer, sin importar las directrices de nadie. El suministro de gasolina no llega a tiempo ni en la cantidad requerida según la demanda. Las filas de vehículos son interminables, al igual que las horas perdidas en la espera y, muchas veces, la gente se va sin el suministro del combustible.
Tan pronto oímos la transmisión presidencial dijimos que nos parecía un error garrafal que hubiera más de un precio de la gasolina que se expendería. Lo bautizamos como un “CADIVI gasolinero”. La gasolina subsidiada sería controlada por mafias que la venderían a un precio mayor. Seguirían el contrabando y el bachaqueo. Los subsidios que se establecieron han debido ser dados directamente a sus destinatarios, quienes los utilizarían para comprar la gasolina a un único precio oficial. Pero el gobierno no aprende o quiere dejar margen para que siga el enriquecimiento ilícito de militares y policías.
Mientras en EEUU el litro de gasolina está alrededor de 0,38 dólares, en el país se presenta como precio internacional el de $ 0,5/litro, lo que significa un 38 por ciento más costoso. Estaría entre las más caras del mundo. En Venezuela, de acuerdo al costo de producción, o al costo de importación, y tomando en cuenta los verdaderos precios internacionales, la gasolina se debería vender en $ 0,30 el litro y daría una muy buena ganancia, que incluso permitiría el subsidio directo de productores agropecuarios y del transporte.
La gasolina que se está comprando a Irán está por debajo de 0,20 dólares el litro, lo que significa que quienes la vendan a 0,5 dólares harán un grandísimo negocio, a menos que haya una carga impositiva que traslade al Estado parte de esa ganancia o que el Estado se las esté vendiendo a un precio mucho mayor. Nada de esto ha sido informado ni los mecanismos contralores puestos en práctica.
El gobierno debería informar también el octanaje del combustible comprado, pues ya existe una campaña claramente interesada en crear mayor desconfianza, que habla de la pérdida de potencia de los vehículos que la usan, los cuales “pistonean” y se dañan. La relación octanaje/compresión del motor debería ser informada. Ah… Y sobre todo decirnos cómo va a garantizar el suministro luego de que se termine la gasolina iraní. En definitiva, hasta ahora no se siente que el gobierno haya podido resolver la crisis que creó, ni los efectos perversos que profundizan la misma y enervan a la ciudadanía. Esto reduce enormemente los posibles beneficios políticos de las medidas.
