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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que responde a los dictámenes del régimen de Nicolás Maduro, admitió de mero derecho y declaró la omisión inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional en desacato, en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), asimismo, desaplicó artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenó asumir el desarrollo normativo al Consejo Nacional Electoral.
Así lo indica la sentencia N° 0068-2020, con ponencia conjunta de los magistrados y magistradas que integran la mencionada sala del alto juzgado, en la que se declaró competente para conocer y resolver la demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional «en desacato», planteada por los ciudadanos Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Luis Romero, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez, asistidos por el abogado Francisco Matheus.
Finalmente, la Sala Constitucional del TSJ ordenó al CNE adecuar la normativa electoral para la elección de los diputados indígenas respetando sus tradiciones y costumbres.
EL TSJ DE LA DICTADURA
Como se sabe, el Tribunal Supremo de Justicia presidido por Maikel José Moreno Pérez es desconocido tanto por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó Márquez, como por más de sesenta países que consideran a la AN como único poder legítimo en Venezuela. Moreno Pérez, sobre quien pesan sanciones de parte de varios países, fue electo magistrado en el año 2014 por la Asamblea Nacional, entonces presidida por el teniente Diosdado Cabello, en una decisión al margen de lo previsto en la Constitución vigente. En la misma oportunidad fueron designados otros «magistrados» de manera «exprés», situación que se repitió nuevamente en diciembre de 2015, a pocos días de vencerse su período constitucional.
Moreno Pérez fue designado presidente del TSJ el 24 de febrero del año 2017, pasando a convertirse en el preimer presidente de un alto tribunal, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, que posee antecedentes penales por homicidio.
En junio del año 2017 la actual Asamblea Nacional nombró a treinta y tres nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que de inmediato fueron amenazados y perseguidos por el régimen, teniendo que refugiarse en el exterior, donde quedó constituido el referido órgano judicial bajo la presidencia del magistrado Miguel Ángel Martín. En el año 2019 la presidencia del TSJ legítimo o en el exilio pasó a manos del magistrado Antonio José Marval, cuyo celección aún no es reconocida por Martín y varios magistrados.
