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La ONG Human Rights Watch denunció, en un nuevo informe presentado este viernes, que las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas utilizan las restricciones para frenar el coronavirus como «una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población».
HRW alertó que que desde que se declaró el estado de excepción el pasado 13 de marzo para combatir la pandemia del coronavirus «las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria» a periodistas, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican a la administración de Nicolás Maduro.
La Organización de derechos humanos, no gubernamenal, indicó que a muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en la «ley contra el odio’ de 2017, que es «absurda y excesivamente amplia», y son procesados por un poder judicial «sin la más mínima independencia».
«El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Añadió que a los abogados de los acusados se les concede un acceso «muy limitado» a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al «cierre de tribunales». Algunos detenidos sufrieron «abusos físicos» que podrían constituir «torturas».
«En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado via WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal», resumió Vivanco.
La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, observó, en junio pasado, que en Venezuela hay un uso discresional del «estado de alarma».
