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En Venezuela todos nos conocemos y estamos vacunados contra las maniobras del régimen chavista y su falsa oposición.
Humberto González Briceño
En medio de un limbo legal, sin comandar a un soldado y sin controlar un metro de territorio el llamado gobierno interino de Juan Guaidó se aferra ferozmente a la constitución chavista de 1999 para invocar su legitimidad de origen. Es la misma legitimidad que les lleva a reconocer las estructuras mafiosas político-militares del estado chavista, aunque solo propongan un mero cambio del gobierno de Nicolás Maduro como respuesta a un país que ha sido desmantelado y donde todo tiene que ser reconstruido.
El desconocimiento de las refinadas tácticas del régimen chavista para crear una oposición a su medida es lo que ha llevado a varios países, incluido los Estados Unidos, a levantarle la mano a Juan Guaidó sin reparar que al hacerlo le estaban otorgando la verdadera legitimidad y reconocimiento que tanto necesitaba para hacer negocios en nombre de la República.
Este reconocimiento internacional es la que le ha permitido a Juan Guaidó articular una extensa burocracia con politiqueros y palangristas que opera como una sofisticada y compleja gestoría de negocios y contratos para beneficio de los dueños de las franquicias partidistas. Se trata de la representación que el lobby de Juan Guaidó intenta hacer valer para ponerle la mano a los activos y recursos de la república de Venezuela en el exterior.
Y aun cuando, en principio, la mayoría de los países que reconocen a Guaidó desde ya han anunciado que no reconocerán los resultados de las elecciones parlamentarias de 2020, el solo desconocimiento no parece suficiente para liberar los apetecidos activos de Venezuela en el exterior que sería, ultimadamente, el propósito definitivo del lobby de Guaidó.
Una cosa es que varios países reconozcan en forma simbólica al no menos simbólico gobierno de Juan Guaidó. Otra cosa es que en medio de graves sospechas de corrupción y malversación se le dé acceso a la oficina de Juan Guaidó a unos recursos que serían manejados exclusivamente por su grupo. Bajo la cuestionable lógica diplomática de que esos activos que pertenecen a todos los venezolanos solo podrían ser administrados por una entidad que represente a “toda la oposición”, no a una parte de ella, entonces habría que hacer algunos cambios cosméticos en las caras de esa nueva oposición al chavismo estampadas en un pacto unitario (otro más!) que los incluya a todos o a la mayoría y que luzca, aunque solo sea en apariencia, más plural.
Con retórica reciclada y bien practicada elocuencia, en una estilizada coreografía de ojos y manos, Juan Guaidó hace sus mejores esfuerzos para tratar de vender a los venezolanos y a la comunidad internacional en un video esta nueva estafa. Una que, con el adorno de un socorrido pacto de unidad, en realidad esconde una petición, un ruego, a la comunidad internacional para que se le permita seguir atribuyéndose la representación de todos los venezolanos después de enero de 2021 y como consecuencia el uso y abuso de los activos y recursos de Venezuela en el exterior para pagar cuotas, favores y las costosas nóminas de sus operadores políticos. Todo en nombre de la unidad. Esto es lo que está en juego con el pacto convocado por Juan Guaidó.
Para los venezolanos asqueados al límite de la náusea por el colaboracionismo de la falsa oposición esto no es nada nuevo. En Venezuela todos nos conocemos y estamos vacunados contra las maniobras del régimen chavista y su falsa oposición. Pero esta vez el sujeto de la estafa no son los venezolanos, que ya no creen en Guaidó y su banda, sino los representantes de esa comunidad internacional que ingenuamente verían con beneplácito una “unidad de la oposición democrática” aunque en realidad no sea más que una formalismo burocrático para repartirse equitativamente el botín.-
