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El Tribunal de Apelaciones de Londres decidirá en breve si la Administración del presidente Nicolás Maduro o la “ad hoc” de Juan Guaidó tienen autoridad sobre el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra (BoE), tras escuchar este jueves los últimos alegatos de las partes en disputa.
Al término de un juicio de tres días, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips se comprometieron a acelerar el proceso y su dictamen se espera “pronto”, indicaron a Efe fuentes legales.
Los magistrados deben pronunciarse sobre un recurso de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro y presidida por Calixto Ortega, contra un fallo del 2 de julio que otorgó a la junta “ad hoc” del BCV designada por Guaidó acceso a los 31 lingotes, valorados en unos 1.300 millones de euros.
El tribunal debe resolver cuál de las dos juntas es competente para poder avanzar en una demanda elevada en mayo contra el BoE por Ortega, que lo acusa de infringir el contrato al no cumplir su orden de traspasar 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para ser usados en la lucha contra la COVID-19 en el país sudamericano.
QUIÉN GOBIERNA EN VENEZUELA
Para determinar qué junta del BCV es la válida, los jueces ingleses deben establecer a cuál de las dos administraciones, la de Maduro o la paralela de Guaidó, reconoce oficialmente el Gobierno del Reino Unido como autoridad legítima en Venezuela.
Por parte de la junta de Guaidó, el abogado Andrew Fulton argumentó que, en una declaración el 4 de febrero de 2019, Londres reconoció “inequívocamente” al líder opositor como presidente y jefe de Estado en Venezuela.
Señaló que la Justicia británica debe hacer lo mismo, al margen de que sea Maduro quien sobre el terreno controle el funcionamiento de Venezuela, por la doctrina de “Una sola voz”, que requiere a los órganos del Estado británico actuar de forma unificada en política exterior.
El abogado de la junta nombrada por Maduro, Nick Vineall, adujo por su parte que, en su comunicado, el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, solo reconoció a Guaidó “de iure» (en derecho), pero no “de facto” (de hecho), al frente de Venezuela, ya que en la práctica sigue tratando con el Gobierno chavista y sus embajadores.
En el mensaje institucional que centra esta disputa, Hunt manifestaba que el Reino Unido reconocía al líder opositor como “presidente constitucional interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles”, tras haber dado un ultimátum previamente a Maduro para convocar esos comicios.
En un alegato, el equipo legal de la junta de Maduro dijo que esta declaración del Gobierno británico “viola” la legislación internacional, al contener una “amenaza” y elementos “coercitivos» presuntamente destinados a influir en los asuntos internos de Venezuela.
CUESTIÓN DE JUSTICIABILIDAD
Como parte de su dictamen, el Tribunal de apelaciones debe determinar si tiene jurisdicción para examinar en base al derecho venezolano los nombramientos de Guaidó en su país, incluidos a la junta del BCV, dado que fueron declarados nulos por la Justicia de Venezuela.
Fulton pidió hoy a la corte que acepte “sin cuestionarlos” esos nombramientos, pues, dijo, está sujeta a la doctrina británica de los “Actos de Estado”, que impide investigar la legalidad de los actos llevados a cabo por un Estado extranjero dentro de su territorio.
Según el letrado, si los magistrados aceptan que Londres considera a Guaidó como el gobernante legítimo, debe dar por buenas sus instrucciones, “al margen de si las instituciones venezolanas siguen o no sus normas».
El juez Phillips observó que “es muy extraño” que se pida a la corte que reconozca al opositor como “presidente constitucional” y al mismo tiempo se le incite a ignorar los fallos del Tribunal Supremo de Caracas, sujeto también a la Constitución.
Fulton aludió a un dictamen de 2019 en Estados Unidos en el que, en base a principios similares a los que él expone, el tribunal dio por buenos, sin cuestionarlos, los nombramientos de Guaidó a la junta de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en detrimento de la directiva designada por Maduro.
El dictamen del Tribunal de apelaciones sentará precedente en el Reino Unido, y no se descarta que el caso llegue al Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en el Reino Unido.
Banco Central de Venezuela acusa al Reino Unido de violar las leyes del derecho internacional
El Banco Central de Venezuela ha acusado esta semana al Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) de violar las leyes de derecho internacional en el caso de las reservas de oro venezolano retenidas en Inglaterra.
“Este caso plantea importantes cuestiones de derecho internacional y se sitúa en la frontera entre el derecho y la política”, ha señalado el socio de Zaiwalla & Co y representante del Banco Central de Venezuela, Leigh Crestohl, en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.
El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Reino Unido falló a favor del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en su litigio contra el Gobierno de Nicolás Maduro por el control del oro venezolano, por valor superior a los 1.000 millones de euros, depositado en la institución inglesa.
A lo largo de esta semana, el Tribunal de Apelación de Londres ha escuchado los argumentos del Banco Central de Venezuela contra el Banco de Inglaterra relacionado con el acceso a 1.800 millones de euros de oro venezolano. Así, los representantes de Venezuela han buscado convencer a la justicia británica para que se desestime el veredicto emitido en julio.
El banco venezolano desea vender aproximadamente 1.000 millones de euros de esas reservas extranjeras para que las ganancias puedan transferirse directamente al Programa de las Naciones Unidas para adquirir ayuda humanitaria, medicamentos y equipos necesarios para combatir la pandemia Covid-19 en Venezuela.
Crestohl explica que el los observadores extranjeros se sorprenderán de que una declaración política del gobierno sobre una cuestión de política exterior pueda tener el efecto de despojar a una parte soberana extranjera de sus derechos sobre sus activos en Londres, y que tal acción sea inmune a la revisión de los tribunales.
“Esto no puede ser correcto y pone en peligro la percepción del Reino Unido como una jurisdicción segura en la que almacenar activos”, alega el abogado.
Con información de agencias
