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El Tribunal ratifica la sentencia condenatoria de 8 años de prisión a Rafael Correa y sus panas por el Caso Sobornos. Los acusados pierden sus derechos políticos por 8 años.
Con esta sentencia el, máximo tribunal de Ecuador ratifica la condena contra Rafael Correa, que no podrá ser candidato
El Tribunal de la Corte Nacional de Ecuador ha ratificado este lunes la condena por cohecho impuesta al expresidente Rafael Correa y otros cargos y empresarios en el conocido como Caso Sobornos, por lo que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021, en las que aspiraba a ser candidato a vicepresidente.
El máximo tribunal de Ecuador ratifica la condena contra Rafael Correa, que no podrá ser candidato
El tribunal ha condenado a 16 de los 20 sentenciados por el delito de cohecho, es decir, a Correa, al exvicepresidente Jorge Glas, la asambleísta Viviana Bonilla, los exfuncionarios Vinicio Alvarado, Cristian Viteri, Alexis Mera, Pamela Martínez, Laura Terán y ocho empresarios.
La resolución oral del caso
La resolución oral del caso se empezó a leer cerca de las 15:20 de este lunes.
En la segunda y última jornada de audiencias, el pasado viernes, intervino, vía telemática, desde Bélgica el expresidente Correa (2007-2017).
«Jamás he permitido un soborno, es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí», dijo el exgobernante, acusado como presunto autor del delito de cohecho.
A los magistrados, Correa les dijo que «en sus manos está hacer justicia y cambiar la historia».
Correa condenado
Correa, condenado este año en primera y segunda instancias a ocho años de prisión y la inhabilitación política del mismo número de años.
La condena se dio tras declararlo culpable del delito de cohecho como autor mediato por instigación.
La Fiscalía General y el tribunal consideraron que el exmandatario dirigió una estructura de corrupción con la que se supuestamente financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado.
El caso sobornos
El caso «Sobornos» versa sobre una supuesta red de corrupción mediante la cual se recibieron presuntamente «aportes indebidos» en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
