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Al permanecer desamparados, sin un orden legal, los individuos quedan sujetos a la voluntad de quien ostenta el poder
Enrique Meléndez Oropeza
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la medida de intervención del partido Primero Justicia, para otorgarle, aparentemente, la dirección de la organización a Henrique Capriles Radonski, demuestra que en este país las instituciones no funcionan en cuanto que tal, sino como aparatos de terror, a propósito del autoritarismo que priva en las acciones del gobierno.
Por supuesto, todavía no se sabe nada al respecto. Pero eso es lo que aparenta. En ese sentido, no existe un estado de derecho, de modo que las instituciones funcionan de acuerdo al son que les toque el régimen. ¿Con qué finalidad echan para atrás una medida que meses antes habían adoptado?
A primera vista, lo que pareciera es que lo que se busca por esta vía sería el tratar de motivar a la militancia de la organización a que participe en el próximo proceso electoral, pautado para el 6 de diciembre, vista la posición que ha adoptado el sector encabezado por Julio Borges de expulsar a Capriles Radonski; pues, como se sabe, éste ha decidido ir en contra de la voluntad de dicho sector de abstenerse; aun cuando en los mentideros políticos hasta entonces se hablaba de que el ex candidato presidencial iba a migrar hacia un partido, que había creado, siendo gobernador del estado Miranda, llamado Fuerza para el Cambio; pues, por lo demás, el sector de Luis Parra y compañía, al que había favorecido dicha intervención; lo más probable es que salgan electos, tomando en cuenta que ya postularon sus nombres, a través de una plataforma electoral, que constituyeron con la parte favorecida por la también intervención de Voluntad Popular; de modo que son fichas seguras a entrar entre los 277 diputados, cuyas curules se contemplan en esta oportunidad.
He allí la aberración por la que atraviesa una sociedad: todo está empañado por los intereses políticos de la elite gobernante. Porque estamos ante una tergiversación de lo que son las instituciones; partiendo del hecho de que se liga lo público con lo privado; en el entendido de que tenemos un poder judicial que se mete en los asuntos internos de un partido político; como cuando un padre decide otorgarle la potestad de un bien a determinado hijo, en detrimento de otro, y en este caso es más grave, puesto que primero se lo otorgó a éste para, luego, arrepentirse, y devolvérselo al otro, y todo en función de una carambola política. He allí la orfandad en la que ha quedado este pueblo; sobre todo, porque carece de una de las categorías más importantes sobre la que se fundamenta el Estado democrático moderno, como sería la de la legalidad; cuya adulteración, además, priva sobre las otras dos categorías, como sería la de la libertad y la fraternidad; pues al permanecer desamparados sin un orden legal, los individuos quedan sujetos a la voluntad de quien ostenta el poder; aparte de que terminan despedazándose los unos contra los otros; como se observa en esta oportunidad, que una organización política ha sido dividida por un aparato judicial, y no por una correlación de fuerzas internas, que es lo que sucede normalmente en toda sociedad regida por los principios democráticos; tanto más que ha estado el lucro de por medio, y que es lo que más indigna a la ciudadanía, si es verdad lo que se dice de Parra y compañía; a propósito de la llamada Operación Alacrán, cuyo operador, de acuerdo a lo que se especula, sería un señor de nombre Alex Naim Saab Morán, y quien ha pasado a ser el enemigo número uno del Estado norteamericano.
Lo cual deslegitima más el proceso electoral que se avecina; cuando se trata de un campo minado, en especial, por la normativa que se ha adoptado para su realización, y la que en lugar de estimular la participación del elector, lo que hace es desmotivarlo; ya que como lo han demostrado los juristas especialistas en materia de sufragio, viola flagrantemente la Constitución en varios de sus postulados, y eso lo sabe hasta el más despistado de los venezolanos. De hecho, lo que se especula es que esas 277 curules ya tienen nombre y apellido, y que serían los operadores políticos del régimen en cada una de las regiones, los más incondicionales, quedando para la llamada oposición colaboracionista algunas de esas curules como premio de su abyección.
Razón por la que muchos hablan de una farsa electoral; a pesar de los argumentos de uno y otro, que son muy valederos, entre ellos, Henrique Capriles Radonski, quien confiesa que hay que aprovechar las pocas rendijas democráticas, que ofrece un régimen autoritario, como sería un proceso comicial; teniendo presente las consecuencias que se podrían derivar de su participación; sólo que se trata de una situación engaña bobos, como se dice coloquialmente, y que es lo que uno observa que pretenden hacer los jerarcas del régimen a partir de este tipo de decisiones, es decir, hacer justicia en este caso del que hasta ahora había sido el partido de Capriles Radonski o en el caso de la liberación de los presos políticos, que algunos prefieren llamar “secuestrados” por el régimen de Nicolás Maduro, con todo el acartonamiento que eso supone, pues está a la vista que lo que se pretende es buscar la legitimidad de un régimen en condiciones, como lo dice el propio Juan Guaidó, de total usurpación; habida cuenta de que fue reelecto también a través de un proceso electoral que, de igual manera, se saltó todas las disposiciones constitucionales; siendo, por lo demás, desconocido por una gran parte de la comunidad internacional, que se rige por los principios democráticos; pues así como el régimen se sirve de las instituciones, puestas en función de mantenerse a toda costa en el poder, también pretende servirse de la sociedad, sobre la que proyecta su propia idiotez; pues, como diría un neoliberal recalcitrante, las estadísticas de los resultados, sobre todo, económicos hablan de un gobierno de idiotas, apoyado, por supuesto, por lo que se conoce como la fuerza bruta.
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