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El 16 de julio de 2017, la hoy inexistente Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a sus partidarios, a lo que llamó un plebiscito para determinar la conducta a seguir por ese sector opositor en relación al gobierno de Nicolás Maduro.
Fue sin duda ninguna la organización de una movilización política de sus seguidores, tal como se hace al convocar una manifestación de calle u otros eventos de este tipo. El acto no tenía carácter ilegal y de hecho el gobierno lo permitió sin problemas. Su organización, coordinación, ejecución, supervisión y medición de los resultados, estuvieron a cargo de la dirección política de la MUD, y quienes fungieron como comisión escrutadora de los votos fueron también personas seguidoras de esa organización opositora. Era un claro acto partidista, de carácter proselitista, de una alianza de partidos, que se movilizó para que sus militantes, simpatizante y seguidores asistieran al mismo en el mayor número posible.
Hasta aquí no habría nada que objetar desde el punto de vista legal ni constitucional. Se podía o no estar de acuerdo con la consulta, como se puede o no estar de acuerdo con la convocatoria a una concentración pública de protesta contra el gobierno. He visto concentraciones gubernamentales donde un orador, en forma entusiasta, pide un apoyo a la multitud que lo escucha y la gente alborozadamente levanta sus dos brazos y grita en señal de afirmación, la cual no significa nada sobre el sentir de la población en general, sólo demuestra el apoyo de quienes están presentes en la concentración. En el caso del plebicito en cuestión ocurrió lo mismo, sólo que la gente no se aglomeró en un sitio en particular, sino que desfiló por distintos sitios y expresó su “alborozo” metiendo un voto en una caja cerrada, imitando en forma burda si se quiere un proceso eleccionario.
El problema estuvo en que los organizadores de este evento partidista extendieron la opinión mayoritaria de sus militantes y seguidores al resto de los venezolanos, los cuales nunca se sintieron convocados, pues no militaban ni eran seguidores de la MUD y no compartían o incluso enfrentaban sus proposiciones. Es exactamente el mismo caso de la convocatoria a una manifestación de calle, a la cual hay gente que no asiste porque no se siente parte de quienes convocan o, incluso, por tener opiniones contrarias. Por muy masiva que sea la asistencia, nunca se puede inferir que sus deseos y posiciones son compartidos por el resto de la ciudadanía. Tal cual ocurrió con la gran manifestación opositora del 11 de abril de 2002, que terminó con la salida de Chávez de la Presidencia de la República y la designación arbitraria de un tal Carmona como Presidente, al contar con la complicidad del alto mando militar de entonces y de la Policía Metropolitana dirigida por un tal Peña.
No voy a discutir el número de votantes que supuestamente asistió al plebiscito, como no discutiré el que asistió dos semanas más tarde a votar por Asamblea Nacional Constituyente. No tiene ningún sentido. Es un problema de “actos de fe” entre religiosos que defienden una u otra cifra. Allá ellos. En ninguno de los dos casos significaba el apoyo de la mayoría de la población, ni la respuesta a las ingentes necesidades sociales, económicas y políticas existentes. Aparte de que ambas conductas condujeron a la violación sistemática de la Constitución. Teniendo estos antecedentes en cuenta, así como el brutal enfrentamiento habido todos estos años, es inaudito y criminal que los despojos de la MUD, con López y Guaidó a la cabeza, pretendan hoy, repetir la farsa realizada en 2017 y presentarla como algo válido legal y constitucionalmente, para prorrogar la duración de la inexistente Asamblea Nacional y del “interinato” más allá del 5 de enero de 2021.
No les ha bastado el fracaso estrepitoso de todas las políticas violentas e inmediatistas adelantadas desde enero de 2016. No les ha bastado el fiasco de la Presidencia interina, la solicitud de sanciones al país, la ejecución de golpes de Estado, las acciones terroristas, ni las incursiones militares mercenarias contra el país. Tampoco los ruegos por invasiones extranjeras, la alianza con los grupos paramilitares colombianos, con el contrabando de combustible y con el narcotráfico; el robo de los activos venezolanos en el exterior, la corrupción y la inmoralidad alrededor del uso de los fondos para la “ayuda humanitaria”. Se preparan para coronar sus acciones con la continuación de un gobierno paralelo más allá de las elecciones de la AN. Es una conducta que incluso han rechazado prominentes opositores del sector hasta ahora extremista. Lo hizo Capriles y también María Corina Machado, aunque no sé si lo sostendrán luego del regaño descalificador del gobierno estadounidense. Los venezolanos debemos castigar electoralmente en diciembre esta conducta anti nacional de López-Guaidó y el extremismo apátrida que los sigue, asistiendo masivamente a votar. La oposición democrática debe rechazarla contundentemente, ya que pretenden eternizarse en las posiciones que actualmente disfrutan, sin importarles lo que le ocurra a la nación venezolana. El gobierno de Maduro debería percatarse de lo que puede venir con este tipo de acciones, que están amparadas por el Departamento de Estado, y del sufrimiento que se profundizará del pueblo venezolano, por lo que es obligatorio que actúe en función de los intereses nacionales, que no son los de la cúpula dominante ni los del PSUV. La responsabilidad no es sólo de quienes nos agreden desde adentro y desde afuera, sino de quienes nos han colocado en una situación de vulnerabilidad extrema nunca vista.
