Violaciones de derechos humanos en Venezuela #Análisis #LuisFuenmayorToro

Personalmente no necesito el informe de ninguna comisión investigadora especial, para saber que en Venezuela se violan actualmente los DDHH, el debido proceso judicial y muchos otros derechos ciudadanos.

Luis Fuenmayor Toro

Ni siquiera los habitantes de otros países necesita que le digan las perversidades que ocurren en nuestro país a plena luz del día, pues las han visto en sus medios de comunicación hasta más veces que en Venezuela.

Es parecido a lo que ocurría en el pasado adeco copeyano, cuando tampoco se necesitaba de ningún experto para saber que se producían este tipo de infamias. Y me refiero al pasado no para excusar al régimen actual o al de Chávez de esta repudiable práctica. No pretendo en este momento hacer ninguna comparación en este aspecto entre ese pasado y la actualidad del siglo XXI. Repudio este tipo de hechos en Venezuela en cualquier época y también si ocurren en cualquier otro país.  

Muchas de las violaciones actuales han ocurrido públicamente, delante de nuestros ojos y, además, han sido presentadas en distintos videos de manera que muchos las tienen archivadas en sus computadoras y en otros medios digitales. La sevicia policial y militar ya ni nos sorprende, pues parece ser la norma y no la excepción.

La imagen de una decena de policías o efectivos militares, encima de una persona derribada e indefensa en el suelo, sin importar su edad ni su sexo ni su condición física, que no puede ni siquiera protegerse de los golpes, patadas, bastonazos, empujones, y que es arrastrada luego tomada por el cuello a un vehículo policial, es algo común en toda protesta social o política que se realice.   

El pavoroso cuadro de la entrada en un barrio pobre de una serie de vehículos policiales con funcionarios encapuchados, vestidos de negro, armados hasta los dientes y con autoridad e impunidad para hacer prácticamente cualquier cosa, desde allanamientos indiscriminados y robos hasta detenciones y asesinatos, que son presentados luego como enfrentamientos con delincuentes, es también conocido perfectamente en todo el país. Allí están además las estadísticas de lo que se ha llamado ejecuciones extrajudiciales.

Nadie en su sano juicio puede justificar en el siglo XXI conductas de este tipo. La tortura, el asesinato de políticos y activistas sociales, la masacre de poblaciones, la violencia racista, las detenciones injustificadas, las desapariciones forzadas, el terrorismo, son prácticas totalmente condenables que deben ser erradicadas.

Los enfrentamientos con armas de fuego de alto calibre entre bandas delictivas de barrios, ciudades y pueblos, pasaron también a ser algo rutinario y de desenlaces sorprendentes, pues muchas veces la victoria corresponde a los delincuentes ante la huida de los efectivos policiales especializados. Una triste y trágica herencia de las llamadas zonas de paz, que buscaron equivocadamente reducir los delitos graves en conglomerados urbanos populares, mediante la creación paradójica de zonas de tolerancia, donde los delincuentes podían circular sin ser molestados.

Estas zonas han devenido en áreas bajo el control total de distintas bandas delictivas, que imponen su ley a los pobladores de las mismas. En el momento de escribir este artículo, se desarrolla uno de esos violentos enfrentamientos en el sector de la Cota 905, a escasos metros de la Comandancia General de la Guardia Nacional.    

Pero más importante que la reseña de las situaciones anteriores es la investigación, que se debe realizar, para lograr determinar la ocurrencia de violaciones de los DDHH en la privacidad de las cárceles, prisiones y otros centros de detención. Estos en Venezuela significan miles de sitios posibles pues no sólo involucran a los establecimientos tradicionales, sino a los calabozos que tienen todos los cuerpos de seguridad en sus distintas sedes, las policías municipales, prefecturas, alcaldías y gobernaciones, aparte de aquellos bajo el control de cada rama de la FANB. Sitios desconocidos por el común de la gente, sin supervisión y más proclives de un uso ilegal y clandestino.

Sin embargo, la mayor dificultad de toda investigación de este tipo es la determinación de las responsabilidades penales en relación a estos lamentables hechos y el grado de compromiso de las autoridades, más allá de los autores materiales. Y también la de llegar a demostrar que no son simples excesos de agentes policiales y militares, sino que son producto de la existencia de una política llevada adelante por el gobierno o alguno de sus órganos represivos, o que han dependido de decisiones individuales o de grupo, que involucran a altos funcionarios del Estado, incluyendo a ministros, gobernadores, otros poderes públicos nacionales y al propio Presidente de la República.

Es imposible pensar que una labor de investigación tan compleja pueda realizarse desde el exterior y en forma tan expedita como la efectuada por la comisión investigadora de la ONU. Si dicha comisión, por las razones que fuera, no podía trasladarse al país, ha debido manifestarlo en el momento en que el impedimento se evidenció y no ahora, cuando simplemente busca excusarse de las responsabilidades incumplidas. Los testimonios, incluso los de las supuestas víctimas y de sus familiares y amigos, no constituyen plena prueba a menos que se demuestre sin dudas su veracidad, cosa que no hizo la comisión referida.

No fue ella incluso la que realizó la investigación, pues subcontrató a unas empresas panameñas cuya idoneidad se desconoce y que tampoco vinieron al país. Los comisionados fueron unos irresponsables que incluso concluyeron sobre evidencia inexistente, aparte de haber hecho conocer un informe antes de que el organismo que los nombró lo conociese. Hicieron lo mismo que todo el mundo le critica al gobierno, que es presentar públicamente a los procesados por un delito haciendo declaraciones que son parte del sumario y que no deben tener carácter público en ese momento.

Le hicieron un flaco servicio a la develación de la verdad de lo que ocurre en materia de DDHH en Venezuela. Esa es la realidad, aunque algunos se disgusten. Señalar estos vicios del informe en absoluto excusa las acciones violatorias de DDHH del gobierno de Maduro.