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Con la creación de una fuerza armada chavista desaparece el carácter institucional del vínculo Estado-Fuerza Armada
Oscar Battaglini
El propósito de ejercer el poder a perpetuidad, autocrática y dictatorialmente, siempre estuvo en el cálculo político de Hugo Chávez y de sus colaboradores más cercanos.
Esta intencionalidad arraigada firmemente a su mentalidad mesiánica– y que con toda seguridad fue el inspirador más fuerte del golpe de Estado fallido del 4 de febrero de 1992- se la expresó el mismo Chávez a Jesús Urdaneta Hernández, cuando, llevado de la mano de Luis Miquilena -de quien Chávez decía que era su padre-, ya había abandonado su posición abstencionista y se disponía a participar en las elecciones presidenciales de 1998.
“Recuerdo -dice Urdaneta Hernández- que en una oportunidad me dijo: si a mí me ponen la bombita de llegar a la presidencia de la República por votos, y estos adecos piensan que yo voy a renunciar o que me van a sacar con votos, que se bajen de esa nube. La única forma que yo salgo del gobierno es a punta de plomo”. Agustín Blanco Muñoz, “Habla Jesús Urdaneta Hernández”, Caracas CDCH, IIES, FACES, UCV, 2003, P.264.
Ya en el poder se percata -dada su condición de “outsider” y aventurero-, de que no dispone de una fuerza social ni política propias sobre las cuales fundar el poder que le ha caído en las manos por azar, y sobre todo, que pudieran ser utilizadas como instrumentos para la consolidación y defensa de ese poder, y de la pretensión de perpetuarse en el ejercicio del mismo.
De los consejos comunales han surgido “los colectivos” parapoliciales y paramilitares que han venido siendo utilizados por el gobierno en labores de amedrentamiento
Es entonces, ante esas carencias, que Chávez decide, no solo crear, como hicieron Castro y Gómez a principios del siglo pasado, una fuerza armada propia, bajo su mando directo y con esa doble misión que se daría a conocer como la fuerza armada chavista (facha), sino que, simultáneamente crearía un sujeto social heterogéneo a cuyo nombre dice ejercer ese poder y hacia el cual estaría dirigida principalmente su acción político-administrativa.
Se trata de un híbrido social integrado básicamente por la amplia gama de excluidos que residen en las barriadas de las ciudades, sobre las cuales el régimen chavista ejerce un estricto control político a través de la creación de las milicias y los llamados “Círculos Bolivarianos”, así como de las misiones, “Madres del barrio”, “Negra Hipólita”, “Hijos de Venezuela”, “Vuelvan caras”, “Milagro”, y de cuyo seno además de los consejos comunales han surgido “los colectivos” parapoliciales y paramilitares que han venido siendo utilizados por el gobierno en labores de amedrentamiento mediante la represión terrorista que sistemáticamente se practica en contra de la protesta popular.
Cabe señalar que todo esto permaneció un tanto solapado mientras se mantuvo la hegemonía político-electoral del chavismo a lo interno de los sectores mayoritarios de la sociedad venezolana, pero emergió con una gran fuerza en la misma medida en que se fue acentuando la crisis de legitimidad en la que se encuentra el régimen dictatorial chávezmadurista por su nefasto y despótico desempeño al frente del Estado, cuyos primeros síntomas fueron las derrotas sufridas por este en el referendo consultivo del año 2007, y en las elecciones parlamentarias del 6/12/15.
Es a partir de esos acontecimientos -que ponen de manifiesto la quiebra que se ha producido entre los sectores mayoritarios de la sociedad civil venezolana con el poder chavista-, cuando el abuso de poder, la represión política en todas sus modalidades (tal como ha sido registrado en el Informe de la Comisión Especial del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU), y el fraude electoral practicado como política de Estado, son indicadores muy claros de la determinación que tiene el régimen dictatorial madurista de prolongar indefinidamente su permanencia en el poder sin que exista una sola razón (ni económica, ni social, ni política, ni ética) que justifique tan aberrante pretensión.
Esto lo decimos sobre todo teniendo en cuenta el resultado catastrófico arrojado por la gestión gubernamental chávezmadurista durante más de dos décadas.
Son muchas las demostraciones concretas dadas por la camarilla dictatorial gobernante de su intencionalidad de perpetuarse en el poder. Veamos algunas de ellas:
A.-La militarización del Estado
Este proceso se inicia con la integración del estamento militar a las distintas instancias político económicas del Estado venezolano. Militares convertidos en diputados, activistas políticos, alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes de instituciones bancarias, altos directivos de empresas como las industrias básicas, Pdvsa, etc.
Todo lo cual se complementa con la creación de una fuerza armada chavista; aparato militar que nace ideológica y políticamente identificada con Chávez y con el chavismo, y que de hecho, no sólo ha funcionado como una suerte de “partido militar” o “guardia pretoriana” a su servicio, sino también como garante de … “la estabilidad y apoyo de largo plazo del régimen chavezmadurista”, Fausto Masó, Fernando Egaña, El enigma militar, conversaciones con el general Francisco Usón, Caracas, Libros marcados. P.87.
Conviene señalar que la relación existente entre esta fuerza armada y el régimen chavista se ha establecido en abierta y flagrante violación del Art. 328 de la Constitución Nacional que establece que la Fuerza Armada Nacional … “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. En aquella relación desaparece el carácter institucional del vínculo Estado – Fuerza Armada en la que ésta aparece no sirviéndole a la Nación sino a la parcialidad de turno, y lo que es más grave, prestándose a sus propósitos de perpetuación en el poder.
B – El quebrantamiento del orden constitucional y de derecho.
El estado de excepción decretado recurrentemente sobre todo por Maduro, ha sido uno de los recursos expeditivos aplicados con ese fin. En sus manos, ese mecanismo constitucional ha perdido su carácter temporal para convertirse en algo permanente y de uso perverso para restringir al máximo los derechos civiles (políticos y constitucionales) de los venezolanos.
El otro recurso ha sido el abuso de poder practicado directamente desde el ejecutivo e indirectamente a través del TSJ, convertido en picadero político, la fiscalía de facto designada directamente por la constituyente de Diosdado Cabello, la Contraloría que nada controla, un CNE a la medida del ejecutivo, etc. La aprobación por la constituyente fraudulenta de la “ley antibloqueo”, la cual le concede prerrogativas discrecionales a Maduro, constituye la puntilla definitiva asestada al orden constitucional y al estado de derecho formalmente vigentes.
c.- La neutralización de hecho de las organizaciones de la sociedad civil.
Lo cual ha ocurrido fundamentalmente con los partidos políticos democráticos de oposición, con los sindicatos y gremios de trabajadores y profesionales. Hoy en Venezuela, como por todos es sabido, están ilegalizados los principales partidos políticos de oposición democrática y sus dirigentes fundadores inhabilitados políticamente y sometidos a persecución policial.
Los sindicatos y gremios de trabajadores y profesionales por su parte, además de tener prohibido celebrar elecciones para renovar sus dirigencias, se les han arrebatado el derecho a la contratación colectiva, situación que los condena a una creciente precarización del salario y de las condiciones de trabajo. Completan esta pesada carga, la persecución policial contra muchos de sus dirigentes y la amenaza de ser sometidos a juicios militares como ocurriera recientemente con el dirigente sindical ferrominero Rubén González.
d.- El bloqueo y sabotaje de cualquier iniciativa de negociación de acuerdo político.
Esta es la demostración más palpable de la determinación que tiene la dictadura militar de prolongar indefinidamente su permanencia en el poder. Eso es lo que explica el fracaso de los intentos de negociación política de Caracas, República Dominicana, Oslo y Barbados.
e.- La represión oficial y el fraude electoral como política de Estado
De esos dos mecanismos perversos ha pasado a depender la estabilidad política de la dictadura a medida que se ha ido agudizando la crisis de legitimidad que le carcome las entrañas. En medio del desasosiego que esto le produce, confía la camarilla en el poder que mediante el uso de esos dos recursos logrará evadir eternamente los riesgos de la debacle que pende sobre ella como una espada de Damocles.
En sus elucubraciones sobre el uso que viene haciendo de la represión y del fraude electoral para mantenerse ilegítimamente, se olvida, o simplemente no quiere saber nada de la suerte que han corrido siempre en la historia (incluida nuestra propia experiencia) los regímenes como el que ella encarna.
Actualmente en nuestro país, nadie está en capacidad de asegurar que ese sea el momento al que ha llegado en su desarrollo la crisis política venezolana, pero todo parece indicar que no se está muy lejos de ese momento.
EL AUTOR es historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, co-fundador del partido Liga Socialista y exrector del Consejo Nacional Electoral. Autor de los libros “Legitimación de Poder y lucha política en Venezuela” y “El medinismo, modernización, crisis política y golpe de estado”.
