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La Ley Antibloqueo que tramita la Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento inédito en el país, pues va mucho más allá de una Ley Habilitante, tal como lo prevé el orden constitucional vigente, ya que no solo concede facultades excepcionalmente amplias al poder ejecutivo sobre una serie de materias medulares, sino que, además, crea un sistema que anula temporalmente los controles constitucionales, institucionales y legales.
Se trata de un instrumento jurídico excepcional y temporal que permite que el gobierno suscriba contratos, tome decisiones y gestione activos sin los límites de la legislación vigente y que, además, lo haga en secreto, mientras dure la vigencia de la ley.
El mecanismo es toda una novedad que lleva al extremo la discrecionalidad en la gestión pública.
Sin duda, el proyecto envía mensajes positivos. Reconoce la necesidad de articular la estrategia económica con el sector privado, la pertinencia de estimular las inversiones, la vigencia de derechos de propiedad cuestionados en procesos de intervención y la necesidad de reestructurar el sistema empresarial del Estado, hoy básicamente en una situación insostenible.
No obstante, el fondo de la ley conspira contra estos propósitos. No imaginamos a un inversionista internacional legítimo negociando en la trastienda y sin garantías legales públicas y explícitas en normas vigentes, la adquisición de una participación accionaria en una compañía estatal.
El instrumento no parece tener la capacidad de incentivar realmente una recuperación como la que el presidente Nicolás Maduro promete y, más bien, luce como una herramienta cuyos propósitos son tan amplios como poco claros.
Es evidente que el Estado venezolano debe entrar en un proceso de privatización que, incluso, debería ir más allá de las empresas improductivas y descapitalizadas. Se requiere un rediseño de la estructura del gobierno que lo focalice hacia sus competencias medulares indispensables y se quite de encima el lastre de financiar con dinero público inexistente un conglomerado industrial que poco aporta a la economía, bajo la administración pública.
