d l
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), denunciaron, este miércoles, la represión generada por funcionarios policiales venezolanos contra las protestas pacíficas que se han registrado en las regiones del país.
Los ciudadanos han permanecido en las calles con el fin de exigir mejoras en los servicios básicos y el abastecimiento de combustible.
Ante esta problemática, las organizaciones exigen garantizar el cumplimiento y respeto a las manifestaciones pacíficas además de ofrecer una respuesta oportuna y satisfactoria a las personas que exigen servicios básicos y el cese a las irregularidades en la distribución de gasolina.
Ambas organizaciones consideran que «el caos en los servicios públicos ha deteriorado de manera considerable la calidad de vida de la familia venezolana. Cada día es una lucha por sobrevivir ante la escasez de agua, falta de gas doméstico, apagones, ineficiencia en el transporte público».
Desde el OVCS y Provea, ven con preocupación como en lugar de atender los reclamos de la ciudadanía el Estado se aboca a responder con represión, lo que a su juicio solo «incrementa el sufrimiento de las familias».
Hasta agosto de este año se habían documentado cerca de 6.000 acciones de calle. De esta cifra, más de 80% fueron manifestaciones motivadas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), ubicando las carencias socioeconómicas en el epicentro de las movilizaciones y acciones de calle de los ciudadanos.
Denunciaron casos como los ocurrido en localidades del estado Yaracuy el 26 de septiembre, cuando efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), grupo élite de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la policía del estado y civiles armados, reprimieron a manifestantes en la ciudad de Chivacoa, municipio Bruzual, utilizando armas de fuego y sustancias tóxicas. Esta situación dejó un saldo de al menos 30 personas detenidas, numerosos heridos y denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales en viviendas de los manifestantes o que están ubicadas en las inmediaciones de los lugares donde se escenificaron las protestas.
Este patrón de represión se repitió en los estados Aragua, Lara, Nueva Esparta y Sucre, donde también se registraron manifestaciones de vecinos por servicios básicos. Adicionalmente, estas entidades fueron militarizadas por la GN.
Estas organizaciones defensoras de los DDHH, reiteran que estos actos solo confirman que «bajo la administración de Nicolás Maduro se continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal como los denunciaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en sus más recientes informes sobre Venezuela, donde esta última instancia confirma la existencia de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela».
Desde Provea y el OVSC exigen se garantice el cumplimiento y respeto al artículo 68 de la Constitución, el cual establece que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
También hacen un llamado para que de manera inmediata se les otorgue libertad plena a todas las personas detenidas de manera arbitraria en el marco de las manifestaciones pacíficas.
Solventar de manera oportuna las exigencias de los ciudadanos, quienes exigen servicios básicos y el cese de irregularidades en el suministro de gasolina.
Piden “realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades y sanciones correspondientes por las denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales ocurridos durante las manifestaciones” y “atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (MII-ONU) en materia de libertad de asociación y reunión pacífica”.
