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Denuncias contra el FAES prenden las alarmas sobre los derechos humanos

Informe de la ONU publicado en septiembre advirtió que el 59 % de las muertes en 2.552 incidentes documentados, fueron producidas por el CICPC y el FAES

La actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fue cuestionada, por primera vez, por los órganos del Poder Público venezolano, luego de varios años de denuncias por cometer presuntamente diversos delitos contra los derechos humanos de la población.

El FAES es un comando creado por la Policía Nacional Bolivariana en abril del año 2016 para reemplazar a la organización Operación de Liberación del Pueblo, cuerpo disuelto luego de recibir severas críticas internacionales.

Esta semana el Fiscal General, Tarek William Saab, dijo a través de VTV que recibió nuevamente, denuncias contra el FAES vinculadas a actos de secuestro. Especificó que fueron dos denuncias, una de ellas vinculadas a un empresario agropecuario del estado Zulia. Luego aseveró que ya el secuestro express no solo es ejecutado por las bandas delictivas sino también fomentado ahora por funcionarios policiales.

“De verdad, no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES”, expresó.

El director del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, calificó como tardía la reacción del Fiscal General frente a las denuncias contra el FAES.

“El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, guarda absoluto silencio, un silencio que cuesta vidas. Mientras, los abusos policiales se extienden en todo el país”, indicó.

Por su parte, el abogado Humberto Prado, director de la ONG Observatorio de Prisiones, recordó que el Fiscal General está ejerciendo el cargo desde el año 2017 y, por tanto, ha tenido un papel directo en el encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos.

Vale recordar que la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela publicó un informe en septiembre del presente año donde se sustentan 16 casos de operaciones conjuntas, con participación de militares y policías, que finalizaron en 53 ejecuciones extrajudiciales.

El estudio advirtió sobre 2.552 incidentes en los cuales hubo más de 5.000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. El informe señaló que el 59 % de las muertes producidas en estos eventos fueron responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el FAES.

“Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”, recomendó la Misión de la ONU a través del informe.

Michel Bachelet recomendó la eliminación del FAES

La Alta Comisionada por los Derechos Humanosde la ONU, Michelle Bachelet, pidió en septiembre la eliminación del FAES por su responsabilidad en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

“Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional en algunos barrios del país”, indicó en esa oportunidad.

Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que el FAES responde directamente al presidente Nicolás Maduro. “Son un escuadrón del terror que ha atentado contra los sectores populares que exigen sus derechos”, escribió a través de la red social Twitter.

“Frente a los crímenes de lesa humanidad no se puede escurrir el bulto cuando también hay responsabilidad por omisión. Son delitos que no prescriben”, enfatizó.

Añadió que la realidad es que Maduro está más cerca de la Corte Penal Internacional. “Su entorno lo sabe. Lo advertimos a la dictadura”, expresó.

El presidente Nicolás Maduro no consideró la recomendación presentada por la Alta Comisionada de la ONU y, por el contrario, en julio del presente año reiteró el apoyo logístico y físico del Ejecutivo para las FAES.

“¡Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela! ¡Qué vivan las FAES!”, afirmó.

Esta reacción fue lamentada en su momento por la Alta Comisionada de la ONU.