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En las próximas semanas las instituciones de los EEUU tendrán que demostrar su efectividad para resolver sus crisis políticas internas o sucumbir ante los intentos conspicuos de implosionar la república.
Humberto González Briceño
La semana pasada en esta misma columna argumenté la tesis del golpe de estado que está ocurriendo en los Estados Unidos. A diferencia del golpe militar clásico aquí se han dado una serie de alianzas de importantes factores dentro del propio estado norteamericano con poderosas corporaciones financieras, mediáticas y tecnológicas para influir en las decisiones políticas y eventualmente sustituir a l presidente por la fuerza, no por los votos.
Los medios de información tradicionales e influyentes en los Estados Unidos han banalizado los reclamos de fraude presentados por Donald Trump. Ante la creciente cantidad de denuncias sobre votos emitidos irregularmente en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Nevada, Michigan y Arizona se han activado mecanismos para auditar y contar manualmente los votos en esos estados.
Esos remedios, que deberían ser el curso lógico y natural de cualquiera que quiera ganar una elección sin el velo de fraude, han sido saboteados por los medios de información, los dueños de las redes sociales y los representantes del partido demócrata. ¿A quién le sirve elegir por la fuerza de las irregularidades y con un manto de duda al próximo presidente de los Estados Unidos? A nadie. Sin embargo, el partido demócrata parece resuelto a imponer una política de hecho cumplidos y forzar la proclamación de Joe Biden sin resolver los reclamos de fraude.
La cantidad de irregularidades denunciadas es tan evidente como abundante que no podría ser ignorada. Si es cierto que los Estados Unidos de Norteamérica es aún una república de leyes entonces cualquier juez sin importar su filiación, liberal o conservador, debería llegar a las mismas conclusiones a la hora de interpretar y aplicar la ley.
Un ejemplo emblemático de lo que tendrán que resolver estos jueces en el caso de la elección en Pensilvania es el hecho de admitir o no los votos que llegaron a las oficinas de correos luego del 3 de noviembre y que no tienen la marca de la fecha. Aquí se enfrentan dos posiciones. Los demócratas quienes dicen que “todo voto cuenta” y la de los republicanos que dicen “solo los votos emitidos legalmente cuentan.” No es poca cosa porque se trata de más de medio millón de votos emitidos en esas condiciones y que de aceptarlos o no dependerá el resultado de los colegios electorales de Pensilvania y en forma consecuente el de quien será el presidente de los Estados Unidos.
En teoría la república tiene los mecanismos legales y políticos para remediar este tipo de situaciones. Pero decir “mecanismos” lleva a pensar que se trata de entidades sin pasiones que deberían resolver las contradicciones aplicando la ley sin entrar en otras consideraciones. En realidad, estos “mecanismos” están articulados por jueces y funcionarios que han sido postulados por el partido demócrata y el partido republicano y es altamente probable que sus decisiones reflejan de alguna forma la influencia de su filiación política.
Por ahora ningún estado ha certificado los resultados de sus delegados electorales. Los estados tienen hasta el 14 de diciembre, fecha en que se reúne el colegio electoral para elegir al presidente de la república, para hacer esa certificación. Si uno o varios estados no logran resolver los reclamos de fraude y no certifican a sus delegados es muy probable que ni Joe Biden ni Donald Trump logren los 270 votos para ser electo y esto abriría el camino para la llamada “elección contingente” en la cual sería el congreso quien mediante un procedimiento especial elegiría al presidente.
En las próximas semanas las instituciones de la república de los EEUU tendrán que demostrar su efectividad para resolver sus crisis políticas internas o sucumbir ante los intentos conspicuos de implosionar la república.-
