La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, indica que esa instancia determinará a los máximos responsables por tales crímenes
La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, informa hoy que esta instancia judicial concluye que los órganos de seguridad al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad.
Mediante un comunicado, la autoridad del CPI señala como culpables a las autoridades civiles, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) e individualidades que ofrecen respaldo al gobierno.
Precisa que desde abril del año 2017 estos sectores han cometido delitos tales como encarcelación, tortura, violación -y otras formas de violencia sexual- y persecución contra grupos o colectividades por motivos políticos.
La Fiscal de la CPI menciona en el comunicado a los órganos de seguridad que presuntamente cometieron los crímenes de lesa humanidad. Entre ellos están la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
También incluye a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana y otras unidades que forman parte de la FANB.
De igual modo, la Fiscal Bensouda menciona a otros cuerpos tales como las milicias bolivarianas. “El/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”, indica en el documento divulgado.
Por su parte, la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recuerda que Venezuela depositó su instrumento de ratificación del Estatuto el 7 de junio de 2000. Por consiguiente, la CPI tiene competencia respecto de los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela, o por sus nacionales, a partir del 1 de julio de 2002.
En septiembre del presente año, la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió la eliminación del FAES por su responsabilidad en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.
“Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional en algunos barrios del país”, indicó en esa oportunidad.
En tal sentido, el presidente Nicolás Maduro reiteró en julio de este año el apoyo logístico y físico del Ejecutivo para las FAES. “¡Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela! ¡Qué vivan las FAES!”, afirmó.
Esta reacción del Jefe de Estado fue lamentada en su momento por la Alta Comisionada de la ONU.