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La ONG Una Ventana a la Libertad advierte que el uso y abuso de estos calabozos como cárceles de larga estadía es una violación de cada una de las personas detenidas que se encuentran en los mismos.
Durante el año 2020, un total de 208 reclusos perdieron la vida mientras permanecían en centros de detención preventiva o calabozos de comisarías ubicadas en 19 estados del país, denuncia la ONG Una Ventana a la Libertad en su informe anual.
Precisa que la principal causa de los decesos fueron enfermedades que provocaron 143 muertes o 68,75 % del total. En las acciones de fuga, 42 personas fallecieron o 20,19 % del total y añade que estas muertes están relacionadas con los operativos de recaptura que los funcionarios policiales califican como enfrentamiento.
El informe indica que 15 privados de libertad murieron producto de riñas, cinco en motines y tres por diversas causas.
Explica que las cinco enfermedades que causaron el 87 % de las muertes fueron la tuberculosis, con 86 casos; desnutrición, que produjo 13 defunciones; problemas respiratorios: 12 muertes; problemas cardiacos (8 fallecidos) y tuberculosis y desnutrición juntas con cinco casos.
Agrega que los datos reflejan que en realidad hubo 91 casos de tuberculosis al sumar los cinco que también presentaron desnutrición. Acota que la tuberculosis es la verdadera pandemia en estos centros de reclusión.
En relación a muertes vinculadas a las fugas de los centros de reclusión, la ONG indica que murió solo el 17, 28 % del número de fugados. Explica que esta cifra significa que la mayoría logró permanecer en libertad, aunque su vida esté permanentemente en riesgo.
Alerta que los calabozos policiales se convirtieron en las nuevas cárceles del siglo XXI y la permanencia en estos centros está relacionada con la sobrevivencia. Señala que esta población depende de sus familiares para la alimentación, medicinas y demás necesidades, las cuales deben suplir a pesar de las limitaciones actuales a raíz de la pandemia, escasez de combustible y de dinero en efectivo.
Advierte que la cantidad de calabozos con problemas de hacinamiento aumentó de 207 a 221para el final del año, llegando al 80,95 % de los 273 cubiertos por el monitoreo en 19 estados del país. El estudio confirmó que en estos espacios estaban detenidos 22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22%) detenidas, para un total de 24.218 detenidos, cuando el cupo disponible era de 7.457.
En estos espacios se siguen acumulando hombres, mujeres e incluso adolescentes, muchos de los cuales han cumplido años a la espera de un cupo de traslado a un centro penitenciario y, algunos, hasta cumplen el tiempo de su sentencia en los CDP.
La ONG indica que el uso y abuso de estos calabozos como cárceles de larga estadía es una violación de cada una de las personas detenidas que se encuentran en los mismos.
Señala que más del 60 % de las muertes que se registraron en estos retenes policiales se debieron a enfermedades que se pueden prevenir y recibir tratamiento. Concluye que el único que puede solucionar el caos que cada vez más está llevando a la muerte a venezolanos en estos centros de detención preventiva es el Estado.
