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El TSJ ha pretendido imponer decisiones ejecutivas para modificar el sistema electoral universitario. Y ahora se trata de despojar a la Universidad venezolana de su autonomía administrativa, suprimiéndole su capacidad de manejar el presupuesto de la institución
Gustavo Luis Carrera
En el concepto mismo de Universidad va implícito el de autonomía universitaria. El principio es claro y determinante. Al ser la Universidad el centro por excelencia del saber en cuanto a las ciencias y las humanidades, su espíritu abierto a lo diverso y universal ha de ser libre en su búsqueda dialéctica de la verdad.
Y esa libertad sólo se logra dentro del canon de la posibilidad de gobernarse y orientarse a sí misma; es decir, a través de la plena autonomía administrativa, organizativa y filosófica.
EL PRINCIPIO AUTONÓMICO. Ya en la creación de las primeras universidades, en Italia y en Francia, en los siglos XI y XII, se incorpora el principio de autonomía organizativa. Se trataba de preservar el dominio interior de instituciones dedicadas al saber; así como se resguardaba el fuero interno de los ámbitos religiosos.
De hecho, se estableció un nexo ineludible entre el medio universitario y la posibilidad de una organización propia, independiente; concediéndosele el derecho a nombrar sus autoridades, según las exigencias establecidas al respecto.
Esta condición funcional se convirtió en una regla internacionalmente respetada hasta el presente, dentro de la historia característica de cada región y país. En América Latina fue reconocida, por primera vez en Argentina, en 1919, a partir del movimiento de reforma universitaria de Córdoba. Luego se fue generalizando por todo el subcontinente.
DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. Una vez establecida, la autonomía universitaria, se convirtió en un estandarte identificador de los sistemas democráticos. En democracia, la Universidad se instituye como un factor caracterizador de la libertad de pensamiento, de debate ideológico, de investigación científica y humanística.
De igual manera, el deterioro o la eliminación de la autonomía universitaria es una clara señal de alejamiento o de negación de los medios oficiales hacia la real y plena democracia. Es un signo inequívoco: los sistema totalitarios, autocráticos, repudian el libre desarrollo de las ideas y del debate ideológico que es inherente a la condición universitaria.
Estudiantes, profesores y personal administrativo y obrero configuran el pueblo universitario, que requiere del ejercicio de su autonomía para constituir una verdadera Universidad. Y la democracia respeta este signo de identidad irrenunciable.
RIESGO EVIDENTE: AGRESIÓN ACTUAL. En Venezuela la autonomía universitaria se consolida, efectivamente, con rango de ley. En efecto, después de ligeros y relativos signos autonómicos, el 5 de diciembre de 1958, a la caída de la dictadura y el restablecimiento de la democracia, se sanciona la Ley de Universidades, que en su artículo 9 establece la autonomía plena de dichas Casas de Estudio, con derecho al manejo de sus fondos, elegir sus autoridades y preservar la libertad de cátedra. O sea, una autonomía administrativa, organizativa y académica.
Es decir, que en Venezuela esta condición esencial es un principio constitucional, que no puede ser desconocido. Sin embargo, el TSJ ha pretendido imponer decisiones ejecutivas para modificar el sistema electoral universitario. Y ahora se trata de despojar a la Universidad venezolana de su autonomía administrativa, suprimiéndole su capacidad de manejar el presupuesto de la institución.
Y no deja de ser asombroso -y revelador- que muchos que antes defendían la autonomía universitaria, ahora la agreden y hasta tratan de anularla. Es evidente el afán de eliminar el espíritu crítico originario de la Universidad. La historia ubicará, indefectiblemente, en su lugar oprobioso, toda agresión a la autonomía universitaria.
VÁLVULA: «La autonomía es una condición inherente al estatus universitario. La Universidad se funda en su capacidad autonómica para afirmar la libertad de cátedra y la presencia universal de las ideas, dentro del más elevado principio de desarrollo y modernidad en el ámbito científico y humanístico. Y justamente es un bien definitorio en una sociedad democrática. Es un signo de civilización ante la barbarie. Sin autonomía universitaria, la democracia del espíritu sucumbe fatalmente».
EL AUTOR es doctor en Letras y profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela, donde fue director y uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones Literarias. Fue rector de la Universidad Nacional Abierta y desde 1998 es Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. Entre sus distinciones como narrador, ensayista y crítico literario se destacan los premios del Concurso Anual de Cuentos de El Nacional (1963, 1968 y 1973); Premio Municipal de Prosa (1971) por La novela del petróleo en Venezuela; Premio Municipal de Narrativa (1978 y 1994) por Viaje inverso y Salomón, respectivamente; y Premio de Ensayo de la XI Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre (1995) por El signo secreto: para una poética de José Antonio Ramos Sucre. Nació en Cumaná, en 1933.
