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La entonces nueva presidenta dedicó buena parte de su tiempo a estabilizar la situación política, apaciguar a los sindicatos, devolver seguridad al ciudadano, desconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, y a organizar el próximo proceso electoral
Juan José Monsant Aristimuño
El pasado sábado 13 (¿o sería viernes?) nos sorprendió el día con la noticia de la prisión de la expresidenta boliviana Janine Añez, por la comisión de los de delitos de sedición y terrorismo, según acusación formal de tres fiscales. Dos delitos difíciles de probar, por las apreciaciones que conllevan.
Quizá el terrorismo es más sencillo de ubicar para abogados, fiscales, jueces y aún para los no entendidos en la jerga judicial. La sedición, por el contrario, es como un hibrido entre revuelta y manifestación dirigida a exigir el cambio de la autoridad gubernamental, por medio de violencia o sin ella.
Como se observa, en Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Francia y hasta los propios Estados Unidos tendrían que encarcelar a la mitad de la población, sin nombrar periodistas y medios de comunicación que dedicamos numerosas líneas o múltiples bits a cuestionar y confrontar a sus gobernantes.
Janine Añez era la Segunda Vicepresidenta del Senado al momento en que Evo renunció a la presidencia de Bolivia, forzado por la descomunal protesta y violencia generalizada»
Probar la intensión de cambiar un gobierno es difícil, porque se entra en el mundo de la psiquis. De allí que esta acusación, más que un acto jurídico es una advertencia y un castigo, según los cánones de eso que llamaban Socialismo del Siglo XXI. Además siniestra, porque utiliza al Poder Judicial como medio de represión e inhibición.
Debemos estar claros, los fiscales y los jueces a cuyos tribunales vayan a dar estos casos, obedecen ordenes del gobernante de facto Evo Morales, porque el presidente elegido en noviembre del 2020 Luis Alberto Arce fue ministro de Economía de Morales en su segundo y tercer mandato y su vicepresidente David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores, igualmente en el segundo y tercer periodo de Morales, por lo que presumimos, Arce ejerce la Primera Magistratura, solo de manera formal.
Janine Añez era la Segunda Vicepresidenta del Senado al momento en que Evo renunció a la presidencia de Bolivia, forzado por la descomunal protesta y violencia generalizada que se desató por el fraude electoral cometido en su aspiración de continuar hacia un cuarto mandato consecutivo. Esto obligó a las Fuerzas Armadas solicitar a solicitar al presidente Morales, su renuncia al ejercicio presidencial, la cual aceptó.
Añez desconoció la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, y a organizar el próximo proceso electoral»
Y, en ausencia del Presidente y tal como prescribe la Constitución, en ausencia del Presidente y del Vicepresidente Álvaro García, Janine Añez debió asumir la Primera Magistratura, formalidad y legalidad ratificada pocas horas después de su juramentación, por El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.
La nueva presidenta dedicó buena parte de su tiempo a estabilizar la situación política, apaciguar a los sindicatos, devolver seguridad al ciudadano, desconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, y a organizar el próximo proceso electoral.
Y lo hizo, el MAS de Morales volvió a ganar las elecciones (ese es otro análisis pendiente) y traspasó el poder a Luis Alberto Arce en el tiempo establecido. ¿Entonces, a qué viene esta temeraria acusación de sedición y terrorismo? Venganza pura y vulgar.
Llama la atención la ausencia de respuesta inmediata y contundente de la Comunidad Internacional, ONU, OEA, UE, Grupo de Lima ante este atropello institucional»
Es cierto que las expectativas sobre Janine fueron sobrevaluadas, el despilfarro, la sobredosis de dogmatismo, los arrebatos autoritarios y la corrupción recibida fue de tal magnitud, que la expectativa fue más allá de lo que cualquier mortal hubiera podido satisfacer en tan corto tiempo.
Pero fue obvio que la sobrepasó, y el error político e imprudencia que cometió al lanzarse como candidata a la presidencia, la situó en clara desventaja ante lo que la historia, los bolivianos y la comunidad internacional esperaba de ella en su rol de presidenta interina.
Le faltó carácter -visto desde lejos- para iniciar investigaciones de actos contrarios a la ley cometidos por el MAS desde el gobierno, y para conformar un Gabinete profesional que calmara y estabilizara la nación; de repente, se la vio como una política más, de los que se rechazaban. Pero esto no excusa la aberración de su prisión y cargos penales.
Por otra parte, llama la atención la ausencia de respuesta inmediata y contundente de la Comunidad Internacional, ONU, OEA, UE, Grupo de Lima ante este atropello institucional. El orden legal democrático fue sometido a prueba, atropellado, y la respuesta no pasa de un saludo a la bandera, para evadir el problema de fondo.
EL AUTOR es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, especializado en asuntos y relaciones internacionales. Exembajador de Venezuela en El Salvador.
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