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El servicio de aseo urbano en los municipios como Baruta y Chacao, donde opera la empresa Fospuca, se convirtió en una renta que supera con creces lo que un habitante trabajador devenga mensualmente
Aníbal Sánchez
Es frecuente que vecinos de los municipios del área metropolitana del estado Miranda como el caso del municipio Baruta reclamen por diferentes vías contra la empresa del aseo urbano contratada por esa alcaldía, ya que está cobrando sus servicios a una tarifa excesiva.
La situación de las tarifas exorbitantes de aseo urbano debe ser revisada. Es necesario que las autoridades se aboquen al problema “sin el peloteo” existente entre la cámara municipal y el despacho del alcalde, el cual en algunos casos como en Baruta han llegado a “obligar al contribuyente a pagarle a Fospuca para poder honrar otros impuestos”.
Estamos en un año electoral para estas autoridades y no queremos ver solo contribuciones o aportes en responsabilidad social, de ahí que se realicen algunas propuestas.
Las protestas de comerciantes y vecinos han llegado a la plaza “El Cristo” cercana a la Alcaldía de Baruta por el rechazo al alto costo del servicio de aseo, que desde 2019 fue anclado a una «moneda virtual llamada petro, los cual obliga a los comerciantes y residentes a pagar hasta montos sobre 800 millones de bolívares. ¿Ustedes saben lo que esto significa en la situación de crisis que se vive en el país?
El servicio de aseo urbano en municipios como Baruta y Chacao donde opera la empresa Fospuca, se convirtió en una renta que supera con creces lo que un habitante trabajador devenga mensualmente, se llevan una cantidad importante de lo que puede producir un comerciante, sin ninguna consideración sobre las ventas, jornadas de trabajo, incluso de las medidas impuestas producto de la pandemia por el Coronavirus.
Es un problema que amerita nuestra atención sin importar los intereses que pudieran estar detrás del negocio «que recoge con la basura buena parte de los ingresos para el sustento de las familias».
Las tarifas que cobra Fospuca, deben ser revisadas y reguladas de acuerdo a lo cantidad de desechos, los ingresos por actividad y núcleo familiar, no una simple cuota por metros de superficie, donde incluso algunos son doblemente pechados con pagos por unidades y áreas comunes.
Los montos se vuelven más exorbitantes luego de que la concesionaria Fospuca estableciera sus cálculos en petros, la criptomoneda creada por la administración de Maduro, que fluctúa según la cotización diaria del dólar que publica el Banco Central de Venezuela.
La solución ante lo que se convierte en irregularidades entre la empresa Fospuca y comerciantes, no es suficiente con la figura de reclamos o la fiscalización «proceso mediante el cual disponen de un equipo que visita el local para medir nuevamente el metraje» es necesario una revisión profunda de las ordenanzas y contratos.
La alcaldías no pueden escaparse de sus responsabilidades, amparados en un concesión. Recordemos que en 1994 al no tener la capacidad técnica y económica adecuada, los municipios del área metropolitana amparados en la Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989), otorgaron en concesión a través de una licitación pública a empresas privadas recolectoras la prestación del servicio de aseo urbano y domiciliario, para dar cumplimiento a una de sus atribuciones.
Posterior a esto vinieron cambios en el marco legal relacionado con el tema: aparece la Ley de Residuos y Desechos Sólidos (2004) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005), las cuales incorporan nuevas visiones en el manejo de los residuos y desechos sólidos con mayor participación de las comunidades.
Se carece de indicadores de control y eficiencia que permitan la supervisión y aplicación de sanciones, tanto a la operadora Fospuca, por incumplimiento de lo establecido en el contrato de concesión, como a la comunidad por infracciones a lo establecido en las ordenanzas de manejo de residuos y desechos.
