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Chile inicia camino para reemplazar Constitución del dictador Pinochet

La Constitución fue redactada en 1980 bajo la tutela del general Augusto Pinochet, quien gobernó a la nación entre 1973 y 1990. La Constitución avanzará hacia un cambio en medio de un clamor popular sobre el papel del Estado en el manejo de los servicios públicos, especialmente del agua potable

Hoy culmina en Chile la segunda jornada electoral para elegir a 155 legisladores que se encargarán de redactar la nueva Constitución, la cual sustituirá a la actual Carta Magna heredada por el dictador Augusto Pinochet.

Las personas seleccionadas mediante el sufragio de los ciudadanos chilenos forman parte de la Convención Constitucional y, adicionalmente también son elegidos gobernadores, alcaldes y concejales de todo el país.

Los analistas señalan que la cita electoral de hoy es uno de los eventos políticos de mayor trascendencia en la vida democrática de la nación, porque inicia el camino para construir un texto constitucional más abierto a la sociedad.

Estaban convocados a participar más de 14 millones de votantes. Además de los 155 integrantes de la Convención, también son elegidos 2.613 cargos públicos, entre ellos: 16 gobernadores regionales, 345 alcaldes y 2.252 concejales.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destaca que el Gobierno estima la participación de alrededor de 7 millones de ciudadanos. Añadió que este cálculo es positivo si se toma en cuenta el contexto sanitario que enfrenta el país por causa de la pandemia del Covid-19.

La reforma o cambio de la Constitución constituyó una de las principales exigencias durante las protestas de octubre del año 2019. El 25 de octubre del año siguiente, el país realizó un plebiscito donde el 78 % votó a favor de una nueva Carta Magna.

La Constitución fue redactada en 1980 bajo la tutela del general Augusto Pinochet, quien gobernó a la nación entre 1973 y 1990. La Constitución ha sido modificada en varias oportunidades y analistas señalan que una de las herencias del pinochetismo todavía presente es el papel que ejerce el Estado en la provisión de los servicios públicos, especialmente del agua potable.