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Ha habido un avance, lento, dificultoso y engorroso, en el necesario rescate de la vía electoral y en la continuación del proceso de normalización política del país. Es desalentador, sin embargo, que la vida económica de los venezolanos siga sin sufrir cambios
Luis Fuenmayor Toro
Ya muchos habrán escrito sobre el tema y posiblemente con mayor conocimiento de causa. Sin embargo, no dejaré pasar la oportunidad de expresar mi opinión, pues quizás ayude en algo a comprender mejor la situación y por lo tanto a actuar menos erráticamente al enfrentarla.
Estamos en presencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), esta vez, como no ocurría desde hacía muchos años, seleccionado por la Asamblea Nacional (AN) según la normativa constitucional. No fue el Tribunal Supremo de Justicia quien terminó designándolo, fue la AN, con presencia y acuerdo de la oposición que participó en las elecciones de diciembre, hechos que, sin lugar a dudas, establecen una diferencia cualitativa en relación con las exigencias del país de lograr mejores condiciones para su pronunciamiento electoral.
Como era de esperarse, el CNE quedó integrado por tres miembros del gobierno y dos de la oposición, tal y como ya había sido integrado el Consejo transitorio nombrado para organizar las pasadas elecciones de la AN. Pero, las diferencias entre ambos organismos son substanciales, aunque algunos políticos de mente estrecha no sean capaces de comprenderlo. La representación de la oposición es cualitativamente distinta. No digo mejor ni peor, sino distinta. Y esta circunstancia proviene, principalmente, de haber sido parte de quienes hasta ahora habían desechado en la práctica la vía electoral, mientras Maduro siguiera en la Presidencia del país. Esa condición los hace atractivos o menos antipáticos para el sector opositor más radical en el país y en el exterior, condición que no llegó a serle aceptada a la oposición que tuvo el valor de dar los primeros pasos, en la reivindicación de la vía electoral por encima de los atajos violentos.
Esa mayor legitimidad de los representantes opositores en el CNE, y por lo tanto también del organismo electoral, se nutrió además de que sus designaciones obedecieron a negociaciones habidas entre el gobierno y dirigentes y sectores desgajados del extremismo abstencionista, por lo que la oposición integrada ahora en el nuevo CNE es más numerosa, representativa y plural, que la que existía en el CNE transitorio. Enrique Márquez y Capriles Radonsky, al colocarse claramente del lado de la participación electoral y de la designación del nuevo CNE, incrementaron la representatividad del mismo y su legitimidad. Sin lugar a dudas, ha habido un avance, lento, dificultoso y engorroso, en el necesario rescate de la vía electoral y en la continuación del proceso de normalización política del país. Es desalentador, sin embargo, que la vida económica de los venezolanos siga sin sufrir cambios que signifiquen una mejora importante en sus precarias condiciones de existencia.
El gobierno por su parte, en forma contraria a su frecuente discurso agresivo y burlista, ha venido dando muestras de que está dispuesto a la realización de cambios políticos, que le permitan un desempeño menos dificultoso dentro del ámbito de las sanciones económicas estadounidenses. Todo lo ocurrido con la designación del nuevo CNE es parte de esta política. No solo enfrenta al extremismo-oportunismo de López-Guaidó, Ramos Allup, Julio Borges, María Corina Machado, Ledezma y otros, que tiene por detrás negocios millonarios con dinero ajeno y el respaldo de los gobiernos estadounidense, colombiano, brasileño e inglés-guyanés, sino que se también es agredido por irregulares colombianos entrenados y armados, con gran apoyo financiero del narcotráfico y una experiencia de guerra de años y de prácticas sangrientas asesinas, que han invadido parte de nuestro territorio en Apure y otras regiones.
Mientras, en las ciudades, en la capital más que evidente, bandas delictivas le disputan exitosamente al gobierno de Maduro el control de amplias zonas pobladas, en acciones que parecieran estar sincronizadas con las de los paramilitares asesinos colombianos. Y todo ello resultado de políticas iniciadas hace más de 20 años y denunciadas por antinacionales desde entonces, en las que se permitió sin resistencia la presencia de irregulares armados del vecino país dentro de nuestras fronteras, para más de una década después concebir las “zonas de paz”, como una forma de encauzar la violencia urbana y ponerla al servicio del interés gubernamental del control social. No es nada fácil lo que viene. Y mientras tanto, nuestra gente muere de hambre, de enfermedades y coronavirus y asesinados por grupos armados en todo el territorio nacional.
@LFuenmayorToro
EL AUTOR es médico-cirujano, Ph. D., profesor titular y exrector de la UCV, investigador en neuroquímica, neurofisiología, educación universitaria, ciencia y tecnología. Luchador político
