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La dictadura madurista ha “ganado” los dos últimos procesos electorales, cuando más del 80% de su población la repudia y exige su expulsión del poder. Ha ofrecido algunas ventajas a la “oposición” colaboracionista, para que haga de comparsa en los simulacros electorales
Oscar Battaglini
Venezuela, Cuba y Nicaragua, son los únicos países de América Latina donde sus ciudadanos han sido despojados del derecho a elegir libremente a sus gobernantes. Se repite en estos tres países de nuestra región lo que sigue ocurriendo, después de la caída del muro de Berlín, en Rusia, Bielorrusia, China, Corea del Norte, bajo los regímenes dinásticos de Putín, Lukashenco, de la burocracia del partido fascista chino, y de la familia Kim il Sun, respectivamente.
En nuestro caso, como se recordará, esa determinación de despojarnos del voto y del derecho democrático de elegir libremente a nuestros gobernantes, comenzó a incubarse a raíz de la derrota del primer intento de Chávez, de interponer mediante referendo la reelección indefinida en el año 2007.
Con ese resultado afloró con gran fuerza un hecho que había permanecido oculto hasta esos momentos: la perdida de la hegemonía política-electoral de Chávez y el chavismo; hecho este que terminaría confirmándose con los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de, en las que la oposición articulada en la Mesa de la Unidad Democrática, le infligió una derrota contundente y aplastante a la dictadura militarista de Maduro-Padrino López.
A partir de ese resultado confirmatorio ya no se confió más en la “magia de Chávez”, ni se siguió hablando con la arrogancia con la que siempre se habían referido a las victorias electorales alcanzadas por ellos hasta esos momentos. En lo sucesivo, como es de todos conocido, solo confiarían en la mentira, el ardid, el disimulo, el engaño, la manipulación, la amenaza, la coacción jurídico-política, la violencia física (policial-militar), el abuso de poder y el fraude electoral para mantenerse y perpetuarse en el poder.
La anulación mediante una resolución del TSJ de la elección de los diputados indígenas de los estados Amazonas y Apure, para despojar a la oposición democrática de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, conquistada en las elecciones parlamentarias del 6/12/15″
Pero, a diferencia del militarismo dictatorial tradicional, el militarismo chávezmadurista, no prohíbe o ilegaliza de una vez a la oposición democrática (a sus partidos políticos, a los sindicatos, etc), ni desata una persecución policial y encarcelamiento de toda su dirección e integrantes reconocidos, ni suspende la vigencia de la Constitución y la realización de las elecciones para designar a los poderes públicos de elección popular; ni centra su atención en uno de los elementos específicos señalados (ejemplo: la represión policial-militar), sino que los combina todos de acuerdo a su conveniencia del momento y la circunstancia de que se trate.
Son numerosos los hechos que dan cuenta de ese comportamiento. Veamos algunos de los que consideramos como más representativos de esa manera sui generis de practicar la dictadura militarista en términos aún más brutales y perversos:
1.- La anulación mediante una resolución del TSJ de la elección de los diputados indígenas de los estados Amazonas y Apure, para despojar a la oposición democrática de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, conquistada en las elecciones parlamentarias del 6/12/15.
2.- La decisión de no decretar la disolución formal de la Asamblea Nacional de oposición democrática, pero mediante un recurso leguleyo sin pies ni cabeza, se le declara en desacato, para arrebatarle –como de hecho ocurrió- sus potestades legislativas y contraloras. Se monta una constituyente fraudulenta, y se designa una asamblea paralela con esos mismos propósitos.
Hay un permanente hostigamiento represivo contra los actores políticos de la oposición democrática (contra sus partidos y dirigentes políticos), y el control político- administrativo y tecnológico, omnímodo del CNE»
3.- Igualmente no se decreta la ilegalización de los partidos políticos de la oposición democrática, pero se les prohíbe participar en los procesos electorales del momento por haberse abstenido en los precedentes. Se les despoja de sus símbolos partidistas (especialmente de la tarjeta electoral que los identifica); se desata contra sus principales dirigentes políticos, una persecución policial y un hostigamiento permanente que los obliga a exiliarse; y finalmente se transfiere su titularidad a aventureros políticos surgidos de su propio seno y congraciados con el régimen.
4.- Fingir una y otra vez estar de acuerdo con una salida negociada de la crisis política en desarrollo, para luego sabotear desde adentro cualquier posibilidad en ese sentido, tal y como ocurriera en Caracas, República Dominicana, Oslo y Barbados. Cabe recordar que la oposición democrática denunció públicamente que esa actitud la asumió el oficialismo madurista, ante la propuesta de someter la solución del conflicto en marcha, a una consulta electoral presidencial en los términos en que ha venido siendo planteada por la Comunidad Internacional, es decir: libre, justa y confiable.
5.- Del mismo modo, el oficialismo dictatorial aparenta –en su retorno a la asamblea electa en 2015-, estar dispuesto a trabajar para lograr un CNE equilibrado e imparcial, mientras secretamente conspiraba con los colaboracionistas de la “mesita”, para que fuera el TSJ (que a estas alturas ya se había convertido en el factótum del madurismo) el poder que nuevamente designara un ente electoral de mayoría chavista, como efectivamente ocurrió. Se confirma así ya para ese momento la existencia en el país, de una situación política en la que se evidencia muy claramente, que la camarilla (civil-militar), usurpadora, ha decidido extremar el uso de la violencia en todas sus formas (jurídico-política, policial-militar), etc; así como la manipulación y control del voto, y de todo el sistema elector, de manera más estricta y rigurosa, con la inocultable finalidad de prolongar su permanencia en el poder. Esto, como puede observarse, se ha venido cumpliendo de acuerdo al siguiente guión:
1.- Un permanente hostigamiento represivo contra los actores políticos de la oposición democrática (contra sus partidos y dirigentes políticos); 2.- El control político- administrativo y tecnológico, omnímodo del CNE; 3.- Una total ausencia de condiciones político-democráticas que posibiliten la realización de unas elecciones libres y en igualdad de condiciones.
El objetivo que se persigue con esto es muy claro: forzar a la oposición democrática y a los sectores mayoritarios a abstenerse ante la evidencia de estar frente a un fraude electoral cantado. He aquí la explicación del hecho insólito de que la dictadura madurista haya “ganado” los dos últimos procesos electorales, cuando más del 80% de su población la repudia y exige su expulsión del poder, debido al grado de destrucción y miseria al que han llevado al país; 4- El ofrecimiento de algunas ventajas a la “oposición” colaboracionista, para que haga de comparsa en los simulacros electorales escenificados por la dictadura militarista.
EL AUTOR es historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, co-fundador del partido Liga Socialista y exrector del Consejo Nacional Electoral. Autor de los libros “Legitimación de Poder y lucha política en Venezuela” y “El medinismo, modernización, crisis política y golpe de estado”.
