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La ONG Provea contabiliza un total de 628 casos de detenciones realizadas en manifestaciones públicas con motivo de fallas en la prestación de los servicios públicos
Durante la pandemia del Covid-19, los actos de represión y arbitrariedades de la dictadura contra diversos sectores de la sociedad de Venezuela se agravaron, denuncia la ONG Acceso a la Justicia a través de su informe anual.
“El gobierno de Maduro utilizó la Covid-19 para reforzar su control en el país”, enfatiza en el documento titulado “La consolidación de un régimen autoritario en Venezuela”.
La organización añade que fue decretado un estado de alarma que en los hechos implicó un estado de sitio. “De manera que era difícil trasladarse de un municipio a otro, incluso dentro de una misma ciudad”, refiere.
Advierte que la crisis sanitaria fue aprovechada por el Gobierno de Nicolás Maduro para reforzar el control que ejerce sobre el país y atacar sectores que, hasta ahora, están fuera de su dominio, entre ellas las ONG.
Indica que decenas de personas han sido detenidas en todo el país por incumplir las restricciones impuestas, mediante el Estado de Alarma, y por protestar contra la deficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Al respecto, refiere que la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) contabiliza un total de 628 casos de detenciones que fueron realizadas en manifestaciones públicas.
Por otra parte, indica que en 2020 continuaron los ataques de jerarcas gubernamentales contra las ONG y activistas. “El entonces constituyente Diosdado Cabello amenazó con aprobar una ley para sancionar el financiamiento internacional a las ONG”, recuerda.
“Es una amenaza que parece estarse materializando porque el nuevo Parlamento desempolvó el cuestionado proyecto de Ley de Cooperación Internacional de 2005”, advierte.
Explican que las autoridades adoptaron medidas destinadas a estrechar el cerco que desde hace años vienen levantando en torno a las ONG, que conforman uno de los pocos sectores que no controlan todavía.
“¿Por qué esta campaña? Las agrupaciones civiles se han convertido en una piedra en el zapato, pues han jugado un papel fundamental en la denuncia y la exposición de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país”.
La ONG Acceso a la Justicia indica que el Gobierno de Maduro lugar de combatir la pandemia y diseñar un plan de vacunación eficaz, ha aprovechado las circunstancias para reforzar el control que ejerce sobre la ciudadanía.
