David González
Exigen al Gobierno que todo operativo de seguridad ciudadana debe tener como núcleo fundamental el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito
Más de 160 ONG y organizaciones sociales exigen que se priorice la vida de las personas y se evite una masacre en las comunidades afectadas por la violencia registrada en Caracas, indica la ONG Provea a través de Twitter.
“Nos solidarizamos con todas las familias que han perdido a sus hijos en esta nueva confrontación armada y en particular con las familias de los funcionarios policiales que han perdido su vida en estos operativos”, agrega.
Señala que las ONG exigen procesos de acompañamiento y reparación para ayudar a sobrellevar estas pérdidas. “Solicitamos el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población”.
Ante los enfrentamientos violentos en el suroeste de Caracas durante esta semana, las ONG expresan preocupación por la vida y la seguridad de las personas que viven en estas zonas de la ciudad capital.
“El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana”, enfatizan.
De igual modo, agregan que el Estado debe atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos.
“Solicitamos la mediación y asesoría de instancias internacionales dedicadas a temas humanitarios para acompañar el diseño de políticas integrales de seguridad ciudadana y así garantizar la vida y la integridad física de la población”, proponen.
Las ONG abordan el porte de armas en la población y, al respecto, señalan que se debe realizar una investigación sistemática y rigurosa para verificar cuáles los puntos de fuga de armas de guerra desde las instancias del Estado.
“Es fundamental retomar el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas”, añaden.
Asimismo, indican que la violencia urbana ha ocasionado el surgimiento del desplazamiento interno de familias que escapan de los enfrentamientos entre bandas antisociales y operativos policiales con uso indiscriminado de la fuerza.
Acotan que en diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas, ventas desesperadas a precios muy por debajo de su costo. “Exigimos la protección de los jóvenes varones de estos sectores y no su criminalización”, señalan.
Las 160 ONG y organizaciones sociales reiteran su exigencia al Gobierno que todo operativo de seguridad ciudadana debe tener como núcleo fundamental el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito.
Acotan que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deben procesar y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo.
