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«Traicionan la patria, los que hacen negocios (contrabando/extorsión) con irregulares, en trochas fronterizas. Táchira exige libertad para Javier Tarazona», señala la mandataria regional del Táchira
La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, se solidarizó con el director de Fundaredes, Javier Tarazona, y demás activistas de esa organización, detenidos por el régimen de Nicolás maduro bajo la acusación de «traición a la patria».
«Denunciar grupos irregulares presentes en Venezuela, no es “instigación al odio” es un deber soberano. Traicionan la patria, los que hacen negocios (contrabando/extorsión) con irregulares, en trochas fronterizas. Táchira exige libertad para Javier Tarazona», dijo la mandataria regional en la red social Twitter.
Como se sabe, el director de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona, principal vocero de denuncia del conflicto entre las Fuerzas Armadas y disidencias de las FARC en una zona fronteriza, y sus dos compañeros Rafael Tarazona y Omar García, fueron imputados por «incitación al odio, traición a la patria» y otros delitos.
«Javier Tarazona, defensores de DDHH de Fundaredes, quedan privados de la libertad. Les imputan supuesta traición a la patria, terrorismo e incitación al odio», indicó el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, en Twitter tras informar que la audiencia de presentación ante tribunales se celebró esta tarde.
Himiob denunció además que a los activistas se les impidió ser «asistidos por sus abogados de confianza».
Por su parte, Tamara Taraciuk, representante de Human Rights Watch para Venezuela, confirmó que a los detenidos no les permitieron comunicarse con sus abogados
La abogada Stefanía Migliorini, miembro del Foro Penal, a Tarazona y sus compañeros se les impuso «defensa pública».
Pero a pesar de ello el equipo del Foro Penal pudo conversar con los detenidos, señaló Migliorini en un vídeo difundido en redes sociales.
«Tuve la oportunidad de conversar con ellos. Los pude ver. De verdad que están bastante deprimidos, están bastante mal. Sin embargo, con mucha fortaleza de que pronto van a salir de esto», dijo Migliorini.
Tarazona y sus dos compañeros fueron detenidos el viernes cuando acudieron a la sede del Ministerio Público en el estado Falcón para denunciar que el líder de la ONG estaba siendo «víctima de acoso y persecución por funcionarios» de la Policía de esta entidad, el Servicio de Inteligencia y «funcionarios sin identificar».
Junto a ellos también se encontraba el director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Jhonny Romero, quien fue puesto en libertad el mismo viernes.
Los tres activistas, sin embargo, fueron trasladados hasta Caracas y permanecerán recluidos en la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas conocida como «El Helicoide».
La detención de los tres activistas ha sido condenada por decenas de ONG y la oposición venezolana, que también exigen su liberación al alegar que defender derechos humanos «no es un delito».
Tarazona fue una de las voces fundamentales para informar acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las Farc en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldó indeterminado de fallecidos.
Al frente de Fundaredes, se convirtió en una fuente clave para conocer lo que sucedía en la zona ante la falta de datos oficiales.
Más de doscientas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela rechazan la detención del director de Fundaredes, Javier Tarazona, su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García. Los activistas de derechos humanos fueron detenidos tras denunciar ante el Ministerio Público en el estado Falcón que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón y SEBIN cuando realizaban talleres de formación en derechos humanos junto con Yhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, quien ya fue liberado. Las organizaciones que suscriben el comunicado denuncian que la falta de información «impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, evidenciando una desaparición forzosa, consagrada como un crimen de lesa humanidad».
