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Este ocho de octubre se cumplieron tres años del asesinato del concejal Fernando Albán, a manos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), al ser arrojado al vacío desde el piso diez del edificio de la policía política chavista en Plaza Venezuela.
A continuación publicamos la cronología que preparó por la ONG “Acceso a la Justicia” sobre este caso, considerado como Crimen de Estado y que forma parte de las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, por la comisión de crímenes de lesa humanidad:
El concejal del municipio Libertador (Caracas), Fernando Albán, miembro del partido político de oposición Primero Justicia (PJ), se convirtió en octubre de 2018, no sólo en uno de los cientos de ejemplos de políticos venezolanos contrarios al Gobierno que han sido apresados de manera arbitraria, sino en uno más de los venezolanos que mueren bajo la custodia del Estado.
Albán falleció mientras estaba detenido en una instalación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Es el tercer opositor que pierde la vida estando preso, pues antes fallecieron Rodolfo González “El Aviador”, de 63 años de edad, quien puso fin a su vida en el Sebin el 13 de marzo de 2015, donde estuvo recluido por más de un año y el concejal apureño, Carlos Andrés García, quien sufrió un accidente cerebrovascular estando detenido en la sede regional del Sebin en San Fernando de Apure, y murió en septiembre de 2017.
Albán permaneció menos de tres días en manos de este cuerpo de inteligencia gubernamental, pero fue tiempo suficiente para que las denuncias sobre su reclusión ilegal, violaciones del debido proceso, y ausencia de garantías y derechos, como el de la vida, entre otros, fueran ampliamente confirmadas por familiares y equipo de abogados.
5 de octubre de 2018
«Estoy preso en el Sebin», fue lo último que se supo del concejal Albán, donde fue a parar, luego que el avión en el que venía de regreso de Nueva York aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado Vargas. En la terminal fue detenido por una comisión del Sebin, y permaneció desaparecido casi 48 horas.
Antes de su aprehensión, Albán participó en diversas actividades durante la 73ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebró en la ciudad de Nueva York y además visitó a su familia que reside en esa ciudad.
6 de octubre de 2018
La hermana del concejal, Luz Amparo Albán, fue quien informó que el día previo el dirigente de PJ le envió un mensaje por celular en el que le informaba que estaba ‘preso en el Sebin’, y así fue como su familia conoció que había engrosado la cifra de presos políticos del país.
Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, denunció que Albán fue víctima de desaparición forzada; ya que ninguna autoridad policial daba razón de su paradero.
7 de octubre de 2018
Hasta este día en horas de la tarde, fue que sus familiares y abogados tuvieron noticias de Albán, con lo cual estuvo casi 48 horas desaparecido.
Uno de sus tres abogados, Joel García, anunció que tuvo conocimiento que los delitos que le serían imputados estaban relacionados con el atentando contra el presidente Nicolás Maduro en agosto pasado. Le imputaban terrorismo, traición a la patria, homicidio calificado frustrado en la persona del primer mandatario y del alto mando militar, así como asociación para delinquir.
García también informó que el tribunal de la causa, el VI de Control, declinó en el Tribunal 1º con competencia en terrorismo, que es el que ventila el caso del magnicidio, por el cual estaba siendo acusado.
8 de octubre de 2018
Este día Albán iba a ser presentando en tribunales, pero en un contacto telefónico con el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), a las 3:38 pm, el fiscal designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó al país que el concejal “se suicidó” en horas de la tarde.
La primera versión de Saab, refiere que Albán «solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde el piso diez», de la sede del Sebin en Plaza Venezuela (Caracas).
Sin embargo, a los minutos, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, contradijo lo dicho por Saab, y escribió en su cuenta de Twitter, que en el momento en que iba a ser trasladado al tribunal, «encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte».
Alrededor de las 8:00 pm el Estado realizó la autopsia del cuerpo y posteriormente fue entregado a sus familiares. Traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismos toracoabdominopelvico cerrado por caída de altura; fue la causa de muerte según el acta de defunción.
Primero Justicia rechazó la versión oficial y abiertamente habló de asesinato y responsabilizó «al régimen de Nicolás Maduro». En un comunicado que hizo público llamó a Tarek William Saab «verdugo de la dictadura».
9 de octubre de 2018
Uno de sus abogados, Ramón Alfredo Aguilar, denunció que a Albán lo presionaron amenazándolo al decirle que la única forma de salir de prisión era si inculpaba al coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, en el atentando presidencial.
También informó que el 7 de octubre se reunieron con el edil, quien dirigió su propia defensa y las estrategias que se debían usar en su presentación.
Para Aguilar, el concejal estaba claro que el caso que enfrentaba era difícil, por lo que dio instrucciones para que su familia no interviniera en asuntos políticos ni ofreciera declaraciones a la prensa. También estipuló quiénes serían los voceros de su situación.
Sobre la autopsia, Aguilar precisó que sólo entregaron a sus abogados y familiares un certificado de defunción para poder inhumar el cuerpo, pero que no había una experticia técnica que explicara las causas de la muerte de Albán.
Posteriormente otro de sus abogados, Joel García, refirió que el acta dice “traumatismos por caída de altura” como causa del fallecimiento, pero apuntó que la única forma de determinar la verdadera razón es un examen forense posterior. Por esa razón, iba a pedir la exhumación del cuerpo para hacer las investigaciones.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que la muerte en custodia del concejal Albán será uno de los asuntos que incluirá la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos que realiza esta instancia sobre Venezuela.
10 de octubre de 2018
La contradicción entre las dos versiones oficiales dadas el día del fallecimiento de Albán, se profundizó, cuando el Fiscal se desdijo, al indicar: “aquí nunca se ha dicho que se lanzó de un baño”.
Relató que “en horas del mediodía (8 de octubre), al momento del almuerzo, se levantó abruptamente de la mesa, diciendo que quería ir al baño. Corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 y se lanzó al vacío”.
Reiteró que lo ocurrido fue un “suicidio”, y que los investigadores del Ministerio Público estaban recabando pruebas “para esclarecer este hecho, no sólo para conocimiento de la opinión pública nacional, sino también para la internacional”.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos humanos pidió a las autoridades venezolanas una investigación independiente e imparcial de la muerte del opositor.
19 de octubre de 2018
El fiscal designado por la fraudulenta ANC, advirtió a los dirigentes opositores que han denunciado que Albán fue torturado y asesinado en el Sebin, que pueden ser procesados judicialmente.
24 de octubre de 2018
El abogado de Albán, Joel García, informó sobre el diferimiento para el 5 de noviembre de la audiencia de imputación de dos funcionarios del Sebin, Keiberth Cirelli y Miguel Dos Santos, que eran los custodios de Albán.
Explicó que serían acusados del delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia, establecido en el artículo 267 del Código Penal, cuya pena es de 15 días a 6 meses. Dijo que iban a ser presentados ante el tribunal 31 de control en el Área Metropolitana. Sin embargo, a los defensores no les permitieron el acceso “por no tener cualidad de víctima a pesar del poder otorgado”.
También anunció que el equipo de abogados tuvo acceso al expediente de Albán de 182 folios, y que atendiendo a su contenido “hoy puedo decir que Fernando Albán no se suicidó”.
29 de octubre de 2018
Aparecieron versiones extraoficiales de que el director del Sebin, Gustavo González López, fue destituido de su cargo, frente a lo cual Primero Justicia emitió un comunicado en el que valora el hecho, pero señala que el retiro del funcionario “confirma” que Albán “fue asesinado dentro de la sede de Plaza Venezuela producto de las torturas ejecutadas por funcionarios de dicho cuerpo de seguridad para forzarlo a realizar una declaración en contra de Julio Borges y otros dirigentes de la oposición venezolana”.
31 de octubre de 2018
Durante una entrevista en Globovisión, el Fiscal General indicó que en el Ministerio Público consideraban que «… hubo una actuación negligente de los funcionarios en custodia, eso no los hace responsables» y que existía una autopsia perfectamente auditada que estaba a disposición de las partes.
23 de noviembre de 2018
Pese a estar fijada la audiencia de presentación de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que serían imputados por el Ministerio Público ante el Juzgado 31° en funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la misma no fue celebrada.
Dentro de las denuncias formuladas por los familiares del Concejal Albán está el que la imputación sería por el delito de quebrantamiento del deber de custodia, lo que implicaría la imposición de una pena df prisión de quince días a seis meses, ignorando por completo los señalamientos por la presunta comisión de tortura, desaparición forzada, detención arbitraria y ejecución extrajudicial.
Asimismo, les fue informado que no sería aceptada su acreditación como apoderados por no aparecer el señor Albán como víctima en el expediente.
4 de diciembre de 2018
Los abogados de la familia Albán presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Pública, por la muerte del concejal por los delitos de privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, homicidio calificado, encubrimiento y asociación para delinquir.
Asimismo, solicitaron la exhumación del cadáver para la práctica de una autopsia de conformidad con las disposiciones del Protocolo de Minnesota y el Protocolo de Estambul.
6 de febrero de 2019
Los representantes de la familia del concejal Albán comparecieron ante la sede de la Defensoría del Pueblo, para denunciar la falta de impulso en las investigaciones a cargo del Ministerio Público.
2 de septiembre de 2019
Mediante nota de prensa, el Ministerio Público anunció la acusación formal a dos funcionarios del Sebin, esto es, el inspector Miguel David Dos Santos Rodríguez y el detective Keiberth José Cirelli Moreno, por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de mecanismos necesarios de custodia del concejal Albán.
Se agrega que los funcionarios detenidos no habrían consultado a sus superiores sobre la decisión de removerle las esposas a Albán y por no activar otros mecanismos de seguridad necesarios durante la custodia.
Entre tanto, los familiares y amigos de Albán dudan de la hipótesis del suicidio e insisten en que fue asesinado. Al propio tiempo exigen se haga una autopsia particular, lo cual ha sigo negado por las autoridades.
8 de octubre de 2019
Se cumple un año de la muerte del concejal Fernando Albán, sin que hasta la fecha los familiares hayan obtenido justicia, a la par que los abogados de la familia del concejal, denuncia que no han tenido acceso al expediente.
15 de septiembre de 2020
La Misión de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concluyó que tiene motivos razonables para creer que en el caso Albán «… se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias… murió mientras estaba bajo la custodia de las autoridades del SEBIN, lo que también implica una presunción de responsabilidad del Estado.»
Asimismo, la Misión independiente manifestó sus «… fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida.»
8 de octubre de 2020
El día en que se cumplen dos años de la muerte de Fernando Albán, el Tribunal Supremo mediante nota de prensa informó que el Tribunal Vigésimo Noveno en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta del acto conclusivo de acusación interpuesto por el Ministerio Público, retrotrayendo la causa a la fase de investigación.
24 de marzo de 2021
Los medios de comunicación reseñaron que la viuda del concejal interpuso una demanda civil por daños y perjuicios contra algunos altos funcionarios gubernamentales, en los tribunales del estado de la Florida en los Estados Unidos, con base en la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Ley Rico).
1 de mayo de 2021
En unas declaraciones del Fiscal General, se informó que el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del SEBIN que lo custodiaban, por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido. Con estas declaraciones quedó establecido que el concejal no se suicidó tal como lo había sostenido la primera versión del MP. En las declaraciones no se evidencia que fuesen tomadas medidas por estos hechos contra la cadena de mando.
16 de septiembre de 2021
La Misión de Determinación de Hechos nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para estudiar el caso venezolano, en su segundo informe señala que en el caso del concejal Albán (junto a los casos de Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete) «…el alcance de las investigaciones que se han estado adelantando es limitado, por cuanto no están siendo objeto de investigación todos los delitos graves o bien tan solo partícipes de bajo rango enfrentan procesos penales.»
8 de octubre de 2021
Se cumplen tres años de la muerte de Fernando Albán. Durante esta jornada organizaciones de la sociedad civil como Provea, destacaron que aún había impunidad en el caso, al no haberse juzgado los autores materiales ni la cadena de mando. Entre tanto, compañeros del partido político del que Albán formaba parte se trasladaron a la sede del Sebin para protestar de manera pacífica recordando la muerte del edil y exigiendo que se hiciera juticia.
