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Es importante la permanencia del Centro Carter, la UE y la ONU en nuestros procesos electorales, porque pueden contribuir significativamente a corregir tanto los abusos de poder.
Oscar Battaglini
Desde un principio la Unión Europea por intermedio del Alto Representante para sus asuntos exteriores Josep Borrel, dejó claramente establecido que la presencia de una misión electoral suya en las elecciones del pasado 21 de noviembre, no convalidaba ni legitimaba de antemano el resultado final de esas elecciones, lo que quería decir que sus apreciaciones y la opinión que finalmente expresara frente a ese resultado, se ceñiría estrictamente a lo observado por la Misión en el cumplimiento de sus funciones.
En esta declaración, como es natural, no se percibe ningún sesgo, ni ninguna cuestión que no se estile en este tipo de actuaciones, por eso no deja de llamar la atención, la reticencia y la agresividad verbal empleada por el autócrata de Miraflores para referirse a algunos de los señalamientos hechos por la Misión en su informe preliminar sobre un proceso electoral que no ha culminado del todo. Esa actitud de Maduro y su entorno palaciego sólo es explicable por lo incómodo que le resulta a la dictadura tener que vérselas con una Misión Electoral de las Naciones Unidas que conjuntamente con el Centro Carter y una Misión de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, no sólo se involucraron directa y activamente en todo lo relacionado con los mecanismos político-administrativos y electrónicos que sirven de base a los procesos electorales en Venezuela, sino que asumieron la denuncia de las irregularidades (las trapacerías) que la representación de la dictadura en el CNE, ha puesto en práctica para imponer resultados electorales amañados con el propósito de mantener al madurismo en el poder.
Se comprende perfectamente que a una observación electoral hecha de esa forma es a lo que le teme la dictadura, acostumbrada como está a montar elecciones sin adversarios reales, plagadas de incontables ventajismos y en las -que actualmente no representa más de un 15 o 20% del electorado nacional-, termina alzándose con la victoria, tal como ocurriera en las “elecciones presidenciales” del 20/5/2018, en las parlamentarias del 6/12/2020, y acaba de ocurrir en las elecciones regionales del 21 de noviembre, en la que se registraron algunas modificaciones que de haber sido aprovechadas debidamente por la Mesa de la Unidad Democrática, con toda seguridad, habrían provocado un resultado totalmente distinto al conocido.
Es de sumo interés subrayar que las modificaciones positivas introducidas en el desarrollo de este último proceso electoral, son una consecuencia, por una parte, de las concesiones que la dictadura militarista se ha visto forzada a otorgar en medio de una mayor agudización de su crisis interna, de lo que se discute en la Mesa de Negociación política de ciudad de México, y del proceso político-judicial incoado contra la dictadura madurista ante la Corte Penal Internacional; y por la otra, de la presencia activa, sobre todo de la Unión Europea como agente observador en ese proceso electoral. A su participación se debió en gran medida, que la dictadura militarista se viera impedida de poner en práctica a plena voluntad los procedimientos ventajistas y fraudulentos a los que nos tiene acostumbrados; lo cual sienta un precedente que al mismo tiempo impide la repetición de esa práctica electoral fraudulenta, contribuya a fortalecer el esfuerzo que se viene haciendo por la recuperación de la dinámica política-institucional y democrática del país.
He ahí la importancia que tiene el hecho de que la Unión Europea, el Centro Carter y las Naciones Unidas, mantengan su determinación de continuar participando activamente como observadores en los procesos electorales venezolanos; lo que implica no ceder ante las provocaciones de la dictadura que quiere verlos fuera del juego político-electoral nacional, movida por el temor que le produce tener que someterse a una consulta eleccionaria, bajo una observación electoral con capacidad para garantizar un desarrollo normal: justo y equilibrado de las elecciones y un resultado confiable y creíble de las mismas.
Es importante además la permanencia de estos actores políticos como observadores en nuestros procesos electorales, porque pueden contribuir significativamente a corregir tanto los abusos de poder, como los déficit político-institucionales presentes en los procesos electorales venezolanos, y que fueron registrados por la Misión Europea en su informe preliminar sobre las elecciones del pasado 21 de noviembre, a saber:
1-Insuficientes condiciones democráticas en el país, situación que da cuenta de un severo quebrantamiento del estado de derecho y de un creciente deterioro de los derechos políticos de los venezolanos.
2-Un marcado ejercicio del poder político de carácter discrecional; es decir, sin sujeción a la normativa constitucional vigente, de allí que el abuso de poder sea el rasgo que signa el ejercicio del poder existente.
3-El empleo punitivo de ese poder, el cual se usa sistemáticamente para ilegalizar partidos democráticos de oposición y para inhabilitar judicial y administrativamente a sus dirigentes más reconocidos.
4-La falta de separación e independencia de los poderes públicos; lo cual se expresa como una total y absoluta ausencia de Estado de Derecho, y como supeditación del conjunto de los poderes del Estado a los dictados del Poder Ejecutivo.
Esto se puso nuevamente de manifiesto cuando el TSJ, por instrucción del ejecutivo, tomó la decisión de violentar la autonomía del Poder Electoral, al impedir la proclamación del gobernador electo en las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre, alegando una supuesta inhabilitación política de esa persona.
5-El uso extendido de los recursos del Estado en favor de los intereses políticos del partido de gobierno sin que se produzca ninguna sanción por parte del CNE.
6-La presencia en los centros de votación de los llamados “puntos rojos”, o puntos de control de la población enlistada (tarifada) llevada a esos centros a votar por el partido de gobierno.
7-Severas limitaciones a la libertad de expresión y al derecho de información.
8-La práctica del terror armado en aquellos lugares donde se sabe que la población vota en contra del partido de gobierno. Esto se puso de manifiesto sobre todo en el estado Zulia, donde resultó muerto un elector y varios fueron heridos por un ataque armado perpetrado por grupos pertenecientes al partido de gobierno.
