El militarismo y el Estado patrimonial #Opinión #OscarBattaglini

El afán de poder del militarismo vernáculo ha estado siempre determinado no sólo por la ideología fascista

Oscar Battaglini

El militarismo, como sabemos, ha sido una constante en la historia de las sociedades de América Latina constituida en el período que se inicia después de lograda la independencia formal. Se trató de un proceso político determinado básicamente por la precariedad institucional que caracteriza a ese proceso, y por el hecho mismo de que la única institución que de alguna manera le daba forma a las repúblicas nacientes, eran las fuerzas armadas surgidas en cada lugar de la lucha por la independencia. Lo demás lo haría la poca o ninguna vocación democratizadora expresada por las oligarquías que una vez roto el vínculo colonial, terminaron haciéndose con la dirección política de nuestras sociedades, en el proceso -como se ha dicho- de su constitución republicana (ver, a este respecto, mi libro “De la Metrópoli Distante a la Colonia Interior, Caracas, Vadell Hermanos, 2009).

En nuestro caso, la militarización de la sociedad y del Estado, se inician, sobre tofo, a partir de 1830, con Páez en la presidencia de la República, y se continúa principalmente con Guzmán Blanco, Castro, Gómez, López Contreras, el Trienio Adeco (1934-1948), durante el cual el militarismo pasa a desempeñar un papel de primer plano en la dirección del Estado; la dictadura perejimenista, el puntofijismo, donde el militarismo aparece en los hechos como “el poder detrás del trono”; y alcanza su máxima expresión bajo el chavismo, particularmente desde el momento en el que éste comienza a dar muestras de agotamiento y declinación, como consecuencia de la crisis de legitimidad que lo invade y que lo ha forzado a refugiarse definitivamente en el militarismo, y a aparecer ante la opinión nacional como la representación de una alianza política “cívico-militar.policial”.

Conviene señalar que la relación directa e indirecta del militarismo con el control político del Estado, ha estado asociada al interés de aprovecharse de las ventajas del poder para sacar partido económico de esa relación. Así las cosas, y con el exacerbamiento puesto de manifiesto en este sentido, para el militarismo chavista pareciera importar más el patrimonio que la patria misma.

Así fue, como es harto conocido, bajo el paecismo, el guzmancismo, el Castro-gomecismo, el perejimenismo, y así ha sido bajo el régimen chavista, de manera que, los antecedentes los hay. De esta manera se confirma que el afán de poder del militarismo vernáculo ha estado siempre determinado no sólo por la ideología fascista que considera que el elemento militar debe asumir el control y la dirección general de la sociedad, sino por un desmedido afán de lucro y enriquecimiento personal.

De ahí, la concepción y la visión patrimonialista que tiene del Estado y del poder político; esto es, la creencia de que tanto el Estado como el poder público son de su propiedad, y de que puede hacer de ellos un uso delictivo para su enriquecimiento individual o de grupo.

Esa propensión patrimonialista que ha permanecido tejida a la estructura y a la dinámica político-administrativa del Estado venezolano a todo lo largo de su historia republicana, afloró desde un principio a la superficie del Estado militarista chavista, pero ahora de manera concentrada y con un impulso inusitado. Tanto es así que ningún sector de la economía nacional ha permanecido al margen de la injerencia patrimonial del elemento militar y de la burocracia chavista en su conjunto. Muestra de ello es su presencia en el “Plan Bolívar 2000”, que fue uno de los primeros negociados adelantados con bienes del Estado, que terminaron en una apropiación delictiva de ingentes recursos financieros por parte de sus administradores castrenses. “Las Misiones” y los “Consejos Comunales”, financiados básicamente con recursos aportados por Pdvsa y administrados sin ningún control fiscal. El Fonden, creado para extraer parte significativa de las divisas petroleras que por ley debían ingresar a BCV, y que fueron gastadas o dilapidadas (más de cien mil millones de dólares) de manera discrecional por el régimen patrimonial chavista, es decir por Chávez y sus capitostes.

El control burocrático de la actividad petrolera y de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que en su momento fueron convertidas en escenarios de fabulosos negociados a la sombra de la concepción patrimonialista del Estado chavista, y que terminaron quebrando ambas actividades. La comercialización y distribución de alimentos a escala nacional, etc.

Pero el summun o resultado supremo de la práctica patrimonialista del militarismo chavista en el ejercicio del poder, lo constituye la creación por parte de Maduro, de la “Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG)”; para muestra, un botón.

Son diversas las apreciaciones que se derivan de ese hecho; veamos algunas de ellas:

1-El papel determinante (decisivo) que en el marco de la estructura del poder chavista ha pasado a desempeñar el militarismo en el control y la dirección política del Estado venezolano.

2-El reforzamiento de la determinación del militarismo nativo de continuar ejerciendo el papel de soporte principal y de “guardia pretoriana” e la defensa del régimen dictatorial chavezmadurista.

3-La enorme influencia que la decisión oficial de crear esa empresa le ha otorgado al militarismo representado por la fuerza armada chavista (facha) en el control y dirección de las actividades económicas básicas (estratégicas) del país, las cuales a partir de ese hecho han dejado de ser un activo de toda la nación venezolana para convertirse en un bien económico cuya propiedad debe compartir con una empresa de carácter privado proveniente del seno mismo del Estado, lo cual constituye una violación flagrante de la Constitución de la República que expresamente prohíbe que cualquier funcionario de la administración pública pueda contratar con el Estado en materia económica.

4-Le abre, finalmente, un camino expedito a la administración chavista para darle visos de legalidad a las actividades económicas propias de la economía subterránea que ese militarismo viene desarrollando clandestinamente como la explotación del oro y otros minerales en el “Arco Minero del Orinoco”.