Humberto González Briceño
El poder judicial está al servicio del Estado chavista con jueces corruptos y venales que dejan a la población en la más absoluta indefensión e inseguridad jurídica.
Humberto González Briceño
Aunque lo hemos dicho y argumentado cientos de veces hay que insistir mil veces más: El modelo que se impuso en Venezuela desde 1999 es el del Estado chavista que se otorga a si mismo instituciones y leyes con una legalidad a su medida que le permite seguir en el poder “legalmente” aunque no tenga apoyo de la población. Este sistema jurídico que sólo atiende al propósito de sostener al chavismo en el poder es un sistema que no cumple los fines de la justicia, de hecho es una legalidad a medias que opera con miles de excepciones por lo cual la llamamos una pseudo legalidad.
En este marco de pseudo legalidad el chavismo ha producido cientos de leyes y decretos para regular las relaciones entre los ciudadanos y entre estos y el Estado (chavista) con un solo principio rector: La preeminencia de todos aquellos elementos o factores que ayuden a perpetuar al régimen chavista. Si eventualmente alguno de los instrumentos jurídicos producidos tiene una laguna o está en contradicción con el mencionado principio rector entonces los jueces y tribunales, muy convenientemente seleccionados por el chavismo, son los encargados de resolver las contradicciones según lo que convenga al mantenimiento del régimen.
En el campo político la distinción es muy clara entre los intereses que se oponen y los que favorecen al régimen dejando muy poco espacio para la interpretación y los márgenes de error. Aquí encontramos las leyes y decretos en materia electoral, las decisiones judiciales contra alcaldes y gobernadores que no son parte de la macolla oficialista. Las sentencias y decisiones terminan siendo meros ajustes de cuentas ejecutados por los grupos más poderosos que operan en el Estado chavista.
En las relaciones sociales, sobre todo las de los ciudadanos entre sí, la situación se torna mucho más compleja en conflictos de naturaleza civil, mercantil y penal. Por su propia índole estos conflictos entre particulares no amenazan per se la estabilidad del régimen chavista aunque muchas veces las sentencias y resoluciones invocan la presencia del principio rector (todo es válido siempre que no afecte la estabilidad del régimen) como factor para inclinar la balanza de la justicia en un sentido o en otro.
Por ejemplo en una hipotética disputa por linderos si uno de los propietarios es chavista enchufado y el otro no esto producirá un resultado. Si ninguno es chavista el resultado sería distinto. Si ambos por el contrario son chavistas, pero además enchufados, la disputa dependerá de la fuerza de la facción a la cual pertenezca cada uno. En los conflictos de naturaleza no política (civil, mercantil, penal, etc.) los jueces chavistas ejercitan amplios márgenes de discrecionalidad en un sistema perfectamente calibrado para subastar sentencias y decisiones judiciales al mejor postor y éste será no solo el que pague más dinero sino que además esté alineado con la mafia correcta dentro del régimen.
Quienes han tenido que transitar el viacrucis del entramado judicial chavista en Venezuela saben muy bien que para ganar un juicio no basta tener la razón ni probarlo de acuerdo al derecho porque entran en juego otros factores de naturaleza pseudo jurídica que resuelven la controversia. El resultado es un poder judicial al servicio del Estado chavista con jueces corruptos y venales que dejan a la población en la más absoluta indefensión e inseguridad jurídica. La degeneración del poder judicial bajo el chavismo le ha impuesto a los venezolanos la ley de la selva donde triunfa el más fuerte, no quien tiene la razón. Esta es la vía a la barbarie a la cual vamos de la mano del chavismo y donde no hay ni habrá espacio para una sociedad de leyes, culta y civilizada.
