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Al relator Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le corresponderá investigar el acoso del teniente Diosdado Cabello contra los abogados de los dirigentes opositores.
Luis Felipe Colina I CARRUSEL
El teniente retirado y diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, promovido ilegalmente al grado de capitán por Nicolás Maduro, en violación a la Ley orgánica de la FANB, se encuentra en la mira de varias instancias internacionales.
En marzo del año 2020 el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Bar, procedió a acusar a Maduro y a Cabello, como cabezas del poderoso «Cártel de los Soles», aliado de la FARC en el tráfico de drogas desde Colombia y Venezuela a EEUU, fijando el Departamento de Justicia una recompensa de veinticinco millones de dólares por ambos capos, quince por Maduro y diez por Cabello. Ese mismo año la Fiscalía procedió a acusarlos ante las cortes de Nueva York y el Distrito Sur de Florida y Nueva York por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.
El teniente Cabello está siendo denunciado ahora ante la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, ya que ha hecho costumbre hostigar y exponer al odio y desprecio público a los abogados que asumen la defensa de opositores al régimen de Maduro en su programa de TV “Con el Mazo Dando”, que se transmite todos los miércoles en horario estelar en la televisora estatal “Venezolana de Televisión”.
De manera reiterada diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos han acusado al referido programa, que se transmite desde el año 2014 en la televisora estatal venezolana, de incitar al odio y propiciar la segregación política, económica y social de la población opositora, así como el hostigamiento y la persecución de activistas de derechos humanos, personalidades internacionales y a los profesionales del derecho que defienden judicialmente a la disidencia venezolana.
Como se sabe, en el año 1994 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU mediante su resolución 1994/41, tras observar tanto un aumento de la frecuencia de los ataques contra la independencia de jueces, abogados y funcionarios judiciales como la conexión que existe entre el debilitamiento de las salvaguardas para el sistema judicial y abogados y la gravedad de la frecuencia de violaciones de derechos humanos, decidió designar, por un período de tres años, un Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados. Al igual que otros Procedimientos Especiales, este mandato fue asumido por el Consejo de Derechos Humanos (resolución de la Asamblea General 60/251), y prorrogado por un año, con sujeción al examen que lleve a cabo el Consejo (decisión del Consejo de Derechos Humanos 2006/102).
En diciembre de 2016 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU designó al jurista peruano Diego García-Sayán como Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, cargo que desempeña en la actualidad. García-Sayán fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos y desde el año 2010 y hasta 2014 presidió ese alto tribunal internacional. Tiene una amplia experiencia trabajando para organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. También fue parlamentario, ministro de Justicia y canciller de su país.
El relator García Sayán está facultado para presentar el caso del teniente Cabello ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y ésta ante la Corte Penal Internacional, en La Haya. Con arreglo a su mandato, el Relator Especial puede investigar las acusaciones que le sean presentadas, de los cual presentará sus conclusiones y recomendaciones.
Igualmente le corresponde investigar no solamente los ataques contra la independencia del poder judicial, abogados y funcionarios judiciales, sino también los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar la independencia de los mismos, además de realizar recomendaciones concretas, incluyendo la prestación de servicios de asesoramiento o de asistencia técnica cuando sean solicitados por el Estado en cuestión.
El Relator actúa basándose en la información señalada a su atención en relación con presuntas violaciones relativas a la independencia e imparcialidad del poder judicial y la independencia de la profesión jurídica, mediante el envío de cartas de denuncia y llamamientos urgentes a los Gobiernos en cuestión para aclarar y/o señalar estos casos a su atención. Las comunicaciones enviadas por el Relator Especial , tanto llamamientos urgentes como cartas de denuncia se publican en el siguiente informe de comunicaciones de procedimientos especiales.
EL INFORME DE LA CIJ
Por otra parte, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), organización no gubernamental con sede en Ginebra, fundada en Berlín en el año 1952 de mano del jurista alemán Walter Linse, presidente de la Asociación de Juristas Alemanes Libres, en su más reciente informe publicado el pasado 3 de junio, denominado “Abogados bajo ataque, barreras a la profesión legal en Venezuela”, ha señalado que “los abogados en Venezuela no pueden ejercer su profesión de manera libre e independiente”. El reporte, elaborado a partir de entrevistas con sesenta profesionales del Derecho y de la recopilación de información publicada en los medios de comunicación, advierte que “en Venezuela, los abogados que se consideran independientes son frecuentemente objeto de intimidación, hostigamientos, amenazas y ataques, tanto dentro como por fuera del sistema de justicia”.
“Los abogados han sido víctimas de detenciones arbitrarias e incluso de persecución penal. Además, cuando los abogados asumen la defensa de personas con un alto perfil público, son comúnmente identificados con las causas de sus clientes y son descalificados como opositores políticos, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de hostigamientos o ser criminalizados”, señala el informe.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) puso como ejemplo, los riesgos que enfrentan los abogados Joel García y de Tadeo Arrieche.
Señala el informe de la CIJ que el abogado Joel García fue calificado como “terrorista” y “asesino” durante el programa Con el Mazo Dando que conduce el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, por representar al diputado opositor Juan Requesens, quien fue detenido ese mismo año por su presunta vinculación con el fallido “magnicidio” contra Nicolás Maduro registrado en agosto de ese año en Caracas.
En enero de este año 144 organizaciones y otros 20 actores de la sociedad civil firmaron un pronunciamiento público en el que exigen al Estado venezolano el «cese de prácticas estigmatizantes, de odio, desprecio, hostigamiento, criminalización y persecución contra periodistas, activistas, abogados y defensores de derechos humanos en Venezuela».
El referido documento señala que el día 19 de enero de 2022, en el programa televisivo “Con El Mazo Dando” dirigido por Cabello, un grupo de venezolanos de diversa índole, entre políticos, comunicadores sociales, abogados, lideres de sociales y otros, se les señaló con carteles de «Se buscan por ladrones todos».
Entre las organizaciones firmantes figuran Acción En Positivo, Acción Solidaria, Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo), Acción Ciudadana Contra el SIDA, la Asociación de Derechos Humanos Amigos de Margarita, Alerta Venezuela, Alianza Venezolana por la Salud, Asamblea Nacional legítima de Venezuela, Asociación Civil Asamblea de Educación, A.C. Justicia y Paz OP Venezuela, Caleidoscopio Humano, Caracas Ciudad Plural, la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado – UCLA, Cecodap, Centro Gumilla, entre otros.
Hace pocos días el aspirante al cargo de Defensor del Pueblo, Enrique Ochoa Antich, acusó al teniente Cabello de exponerlo al desprecio y odio público y a través de la red social Twitter le solicitó un derecho a réplica:
EL CASO RUANDA
Por conductas similares a las del teniente Cabello en la televisión estatal venezolana, han sido condenados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda los siguientes personajes:
1.-Hassan Ngeze, criminal de guerra ruandés, propagandista del supremacismo Hutu en la televisora “Radio Télévision Libre des Mille Collines” e incitador del genocidio ocurrido en Ruanda.
2.- Ferdinand Nahimana, condenado por participar en el genocidio de Ruanda mediante la difusión de propaganda supremacista en “Radio Télévision Libre des Mille Collines”.
3.-Jean Barayagwiza, diplomático y propagandista ruandés en la estación “Radio Télévision Libre des Mille Collines”.
Los tres propagandistas de guerra fueron sentenciados por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
- EL CANTANTE Ismael “Maelo” Ruíz, ha sido colocado en el banquillo de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Pablo Medina, el conocido activista exiliado en Miami, ha denunciado al salsero ante la temible dependencia del gobierno de Estados Unidos por haber violado la prohibición que pesa sobre los ciudadanos de celebrar contratos, con el régimen del dictador Nicolás Maduro. La pena de cárcel, que ahora pesa contra dicho cantante, disuadió a quienes estaban dispuestos a actuar en el “Festival Mundial de Salsa” que pretendía montar Maduro, en Caracas, durante el presente mes de enero.
- LAS MERCEDES. Sigue la voracidad “urbanística” en la tradicional urbanización “Las Mercedes”, al este de Caracas, ahora convertida en un verdadero monstruo de concreto con la venia de las autoridades municipales. Inmensas fortunas de origen desconocido se mueven tras el espantoso “desarrollo” de la pretendida “zona rosa” o “gran manzana” caraqueña. En la calle París fue construida una verdadera mole de 46.000 metros cuadrados de máximo lujo para el comercio y oficinas, cuyo nombre es “Torre Luxor”, en homenaje a la antigua ciudad egipcia edificada sobre las ruinas de la ciudad de Tebas, capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto. Bolichicos, boliburgueses y altos enchufados estarían tras el negocio.
- LOS NUEVOS precios del diésel y del cemento comenzaron a disparar los precios de la construcción en todo el país. Viviendas, edificios, locales y hasta los cementerios se verá afectados con el incremento del treinta por ciento registrado en el precio del cemento, cuyas plantas están mayoritariamente en manos del Estado.
- EL GOBIERNO argentino presidio por Alberto Fernández, supuesto vocero del dictador Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, decidió inmovilizar un avión de carga con bandera venezolana, que anteriormente pertenecía a la controvertida aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos y varios países europeos por presuntamente transportar armas de forma irregular y a personas vinculadas a organizaciones terroristas.
- CASO SAAB. Los abogados defensores del magnate madurista Álex Saab, preso en Estados Unidos por lavado de dinero, han planteado que funcionarios del régimen de Maduro puedan testificar en el juzgado todo lo referente a los credenciales diplomáticos otorgados al procesado, para lo cual piden que se tramite una visa estadounidense a funcionarios de un gobierno que está sancionado por EEUU.
- TRABAJADORES de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) denuncian que tras el levantamiento del esquema de trabajo “7×7” y las restricciones de la pandemia, no han sido llamados a retomar sus labores y permanecen bajo el estatus de “no requeridos”.
- LA MAGISTRADA Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ y ponente en la Sala Constitucional del recurso de amparo contra las “tablas salariales” elaboradas por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) para los trabajadores de la administración pública, recibió instrucciones precisas del alto gobierno a los fines de ratificar dichos instructivos, que según diversos gremios y sindicatos desmejora en un cuarenta por ciento las remuneraciones laborales del sector público.
- EL ALZA creciente del dólar sigue causando preocupación en las organizaciones sindicales del país, por las repercusiones que la divisa norteamericana tiene en los precios de los producto de consumo masivo y en el deterioro del ya disminuido ingreso de los trabajadores.
- CIRCULA profusamente una información, aún no confirmada, según la cual el magnate madurista Raúl Gorrín, dueño de la televisora Globovisión, habría adquirido el Colegio Jefferson, ubicado en Colinas de Vale Arriba en Caracas, considerado como la institución educativa privada más cara de Caracas. El monto de la venta habría sido por la cantidad de treinta millones de dólares. Gorrín, quien hace apenas quince años era un modesto profesional del derecho e integrante, según la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz, de la llamada «Banda Los Enanos» que opera en los tribunales de justicia, es ahora uno de los hombres más ricos del país, propietario también de Seguros La Vitalicia, el concurso de belleza Miss y Mister Supranational Venezuela y los semanarios El Universal y Notitarde. Al igual que en otros negocios, el magnate chavista estará representado por su colega, cuñado, y también integrante de la Banda Los Enanos, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales. Desde el mes de junio del año 2020 el gobierno de Estados Unidos ha establecido una recompensa de cinco millones de dólares por Raúl Gorrín, encausado en ese país por lavado de dinero y corrupción, pero se encuentra bajo la protección de Maduro en Caracas.
