Manuel Isidro Molina
Manuel Isidro Molina
Conocida públicamente, la motivación del llamado a reforma de la Ley de Ejercicio del Periodismo (1994) luce innoble y premeditada a favor de la censura, la mentira y la opacidad impuesta por los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros, sin solución de continuidad.
De entrada, se observa desconocimiento y maniqueísmo por parte de quienes lo promueven desde el llamado «Movimiento del Periodismo Necesario», que agrupa a colegas periodistas empleados por el gobierno, muy sumisos y complacientes con los lineamientos autoritarios de censura y opacidad, coacción y control de medios mediante prácticas extorsivas, telematicas y judiciales. Igual ocurre con algunos voceros parlamentarios de la mismísima Comisión del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional, instancia parlamentaria que no tiene idea de lo que se propone con dicha «reforma».
Las cosas en su lugar
La Ley de Ejercicio del Periodismo, vigente desde 1994, es una ley de ejercicio de una profesión universitaria, como lo son las de la Medicina, la Ingeniería, el Derecho o la Contaduría y la Administración, entre otras. Todas de rango universitario, deontológico y metodológico al servicio de la sociedad, y de la preservación y actualización del conocimiento especializado y las capacidades profesionales para servir mejor las potencialidades del desarrollo armónico de Venezuela.
Tenemos una particularidad en Venezuela: los principales gremios periodísticos del país, fueron los promotores de los estudios universitarios en comunicación social. La Asociación Venezolana de Periodistas (AVP, 1941) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP, 1946) solicitaron a la Junta de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt (1945-1948), la creación de la «Escuela de Periodismo» en la Universidad Central de Venezuela; y así fue aprobado en 1946.
Pese a las arremetidas dictatoriales militares del lapso 1948-1958, periodistas y gremios venezolanos mantuvieron su vigor en defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio profesional del periodismo, signados por ideales de justicia social, libertad y transparencia en la función pública, siempre en conflicto con los sucesivos gobiernos de turno a partir de 1959. La exaltación de esa ejemplar historia es hoy, por la clara intención del legislador «chavista» de manosear premeditadamente la vigente Ley de Ejercicio del Periodismo.
1972: La primera Ley
En 1957, se reanimó la lucha contra la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Un periodista, Fabricio Ojeda, presidía la Junta Patriótica que articuló el derrocamiento del régimen dictatorial -corrupto, torturador y asesino-, impulsada políticamente por los partidos políticos de la epoca: Acción Democrática (AD), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Unión Republicana Democrática (URD) y Partido Socialcristiano COPEI. Es historia, y nadie la podrá alterar.
Dirigentes del gremio periodístico (AVP/SNTP) organizaron y activaron la «Huelga de Prensa» del 21 de enero de 1958, que sirvió de catalizador final para el derrocamiento de la dictadura, el 23 de enero. Este episodio histórico elevó el prestigio de la profesión de periodista, cuyos gremios insistieron en el impulso de la creación de otras escuelas universitarias de periodismo, luego transformadas a «comunicación social».
Unidos los periodistas, dirigentes gremiales, docentes y estudiantes universitarios promovieron la discusión y aprobación de la primera Ley de Ejercicio del Periodismo, sobre la base responsable de un proyecto de ley redactado y avalado por la AVP, el SNTP y las escuelas universitarias de comunicación social, aún con la reticencia de algunos sectores empresariales de los medios asociados con factores políticos. Esas resistencias fueron superadas arduamente, con apoyo de la opinión pública, y en 1972 fue aprobada y decretada nuestra Ley de Ejercicio del Periodismo, puesta en vigencia por el presidente Rafael Caldera.
Durante cuatro años, se cumplió el proceso de creación del Colegio Nacional de Periodistas, cuyo primer presidente electo fue el querido profesor Héctor Mújica, en libre y pareja competencia democrática con otro docente universitario y gremialista connotado, Eleazar Díaz Rangel, último presidente de la Asociación Venezolana de Periodistas y coorganizador de la referida Huelga de Prensa del 21 de enero de 1958.
1994: Aprobación de la ley vigente
En 1974, correspondió al entonces presidente del CNP, Gilberto Alcalá, introducir el primer proyecto de reforma de Ley comentada, texto sobre el cual cayó el silencio cómplice de los parlamentarios de la época. Luego de los estremecimientos que sufrió la sociedad venezolana en el lapso 1989-1993, el gremio periodístico reactivó el proyecto de reforma, en marzo de 1994. Eduardo Orozco presidía el CNP, y quien esto escribe presidía la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social, ente parlamentario en el cual recayó el análisis y discusión del proyecto de reforma.
La nueva ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, después de una ardua discusión nacional con todos los sectores comunicacionales involucrados. Realizamos foros abiertos en las principales ciudades del país con apoyo logístico de las Asambleas Legislativas de los estados, las 27 seccionales del CNP y las escuelas de CS. No fue un madrugonazo politiqueros ni, mucho menos, una pretensión sectaria innoble, artera, a espaldas del gremio periodístico y la pluralidad nacional, como se pretende hoy. ¡Gran diferencia!
Derrota asegurada
La anunciada y desconocida «reforma» -sin proyecto ni claridad de propósitos- es una piratería más de quienes no se cansan de estropear el derecho del pueblo venezolano a estar veraz y oportunamente informado; y el libre y ético ejercicio profesional del periodismo.
Los promotores y promotoras de la anunciada «reforma» fantasma, tienen una derrota asegurada. Ni el gremio periodístico ni la inmensa mayoría de la sociedad venezolana les acompañará en este nefasto y frustrado zarpazo antidemocrático. Acostumbrad@s a conspiraciones de todo tipo contra los desarrollos armónicos de nuestra sociedad, se muestran envalentonad@s para cumplir su tarea. ¡Pésima señal!
Los argumentos para promover la «reforma» -al menos los difundidos- son tan genéricos e infundados, que permiten imaginar la maltrecha ley que emergería de sus turbios propósitos.
Sin embargo, no es difícil inferir que dicha «reforma» apunta a la desprofesionalización del ejercicio del periodismo, por motivos principalmente sectarios monopartidistas, como lo han hecho en todos los ámbitos de la vida venezolana desde 1999 hasta hoy. El país destrozado y desestructurado que somos en la actualidad, sumaría un nuevo capítulo de agresión monopartidista y desafuero académico muy involutivo, si llegaren a materializar este zarpazo en contra del CNP, el ejercicio profesional del periodismo y el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano.
La actualización de la Ley de Ejercicio del Periodismo debe ser asumida democráticamente, a partir de 2026, luego de la renovación de la Asamblea Nacional en 2025 y la elección presidencial de 2024.
Ex presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Camarera de Diputados del Congreso de la República
