Luis Felipe Colina
«Monómeros» contaría con el apoyo del nuevo gobierno colombiano bajo un esquema gerencial “intermedio”, por un tiempo aún no determinado, bajo la supervisión estricta del ente gubernamental “Supersociedades”
Luis Felipe Colina I CARRUSEL
El nuevo gobierno de Colombia, presidido por el economista Gustavo Petro Urrego, busca una fórmula “intermedia” para lograr que la empresa la empresa “Monómeros Colombo Venezolano”, propiedad del Estado venezolano, domiciliada en la ciudad de Barranquilla, pueda ser rehabilitada totalmente al servicio del agro y la industria, aplicando la propia legislación comercial colombiana.
Ya el pasado 8 de agosto la Superintendencia de Sociedades de ese país notificó a Monómeros que esa empresa pasará ahora del esquema de “supervisión de control” a “supervisión de vigilancia”, de acuerdo a los artículos 83 y 84 de la Ley 222, que rige la materia, situación que coincide con la reciente decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de autorizar el funcionamiento pleno de Monómeros, filial de Pequiven Ad Hoc, controlada por el interinato de Juan Guaidó, al tiempo que ratifica las sanciones contra la empresa Pequiven que controla la dictadura de Nicolás Maduro, motivo por la cual el pasado viernes 11 de agosto la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB), órgano autorizado en materia mercantil, negó la inscripción de la nueva junta directiva de Monómeros que había presentado el régimen madurista, en un nuevo intento de recuperar el control de la compañía.
De acuerdo con la llamada “Fórmula Petro”, Monómeros con plena licencia de la OFAC para operar, contaría con el apoyo del nuevo gobierno colombiano bajo un esquema gerencial “intermedio”, por un tiempo aún no determinado, bajo la supervisión estricta del ente gubernamental “Supersociedades” y con representantes del agro y la industria en su dirección, pero sin la injerencia de Miraflores ni del llamado “gobierno interino” de Guaidó y la Asamblea Nacional electa en el año 2015, la cual su vez acordó la semana pasada establecer la responsabilidad política del gerente general de “Monómeros”, Gustavo Rodríguez Laprea, quien ya se encuentra trabajando con el gobierno de Petro en el “nuevo esquema gerencial”, en el cual no tendrán acceso ninguno de los dos grupos políticos venezolanos que pugnan por el control de la empresa.
Diversos analistas consultados señalan que la Casa de Nariño busca persuadir al madurismo y a la oposición venezolana sobre las bondades de su propuesta, la cual llevaría implícita una presión indirecta para que ambos grupos retomen la mesa de negociación en procura del rescate institucional, aunque no faltan quienes opinan que se trata de una argucia del gobierno de Colombia de quedar bien con todos, incluyendo Estados Unidos, a la vez que se queda con el control, provisional, de esa importante empresa. Otro activo que podría escapar del control de ambos grupos políticos venezolanos serían la petrolera Citgo, en la mira de la transnacional Cristalex y los tenedores de bonos de Pdvsa, mientras que las reservas de oro depositada en el Banco de Londres, adjudicada judicialmente al “interinato”, seguirá bajo la tutela británica.
CANADÁ APROBÓ visa al coordinador general del partido Primero Justicia, Julio Andrés Borges Junyent, quien tiene planes de mudarse a ese país del norte luego que el psiquiatra Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la AN maurista, pidiera al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, “que se lo entregara, porque es un asesino que mató a un niño y es prófugo de la justicia”.
CRECE el poder de la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la funcionaria que aspira suceder a Nicolás Maduro en caso que una ausencia temporal o definitiva del jefe de Estado. El nuevo embajador en Bogotá, Félix Plasencia, es una ficha clave en su tablero.
EL PERSONAL del servicio exterior venezolano va para veinte meses sin cobrar completo su sueldo, “por el bloqueo y la guerra económica”, según la versión oficial.
SEGÚN EL ECONOMISTA Asdrúbal Oliveros, la capacidad de compra en Venezuela de 2018 al día de hoy se redujo en un 75%; pues lo que se compraba con 100 dólares en ese entonces, hoy vale 432 dólares.
DE ACUERDO a la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), el monto actual correspondiente al sueldo mínimo en Venezuela se mantiene por debajo de los niveles de pobreza extrema, si se toma en cuenta que el trabajador venezolano percibe, actualmente, un salario de 130 bolívares y 45 bolívares de bono de alimentación; lo que es un equivalente a 29,81 dólares, calculado al valor de la tasa del dólar oficial de 5,81 bolívares, por ejemplo; que medido al día a día equivale a 99 centavos de dólar, esto es, por debajo del ingreso mínimo necesario, para ser considerado de pobreza extrema, el cual es 1,90 diarios.
EL PRESIDENTE de Conindustria, Luigi Pisella, al presentar el resultado de la Encuesta de Coyuntura Industrial (abril-junio), reportó que la capacidad instalada de la industria venezolana observó un leve repunte; lo que, a su juicio, es el resultado de la mejoría en algunos de los indicadores de la economía nacional en el transcurso del presente año.
“Para llevar a cabo las inversiones necesarias, tendentes a incrementar la producción, el sector industrial venezolano requiere, en su conjunto, de más de cinco mil millones de dólares de financiamiento”, expresó el dirigente empresarial.
EN LOS MEDIOS SINDICALES circula un documento, que fundamenta la solicitud, que hace la masa orgánica laboral venezolana, para que se anule el Memorándum 2792; partiendo del principio de que esta ordenanza autoriza a las empresas y patronos, en general, a desconocer los beneficios laborales; lo que se tomó desde el momento en que se dio a conocer el 11 de octubre del año pasado como una declaración de guerra a los derechos de los trabajadores y sus condiciones de vida, sobre todo, porque se considera una medida regresiva.
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA llevó a cabo esta semana un consejo universitario público, a los fines de protestar “por el progresivo avance de la destrucción de los altas casas de estudio; pues, primero secuestraron la nómina, ya que ahora se utiliza para el pago el sistema Mi Patria; en segundo lugar no respetan ni las propias convenciones colectivas, que nos impusieron a prueba: un salario mínimo, que define una estructura de pagos; pero ellos aplican otro instructivo que nos esquilma el 40% de nuestro salario. Finalmente, no nos quieren pagar el bono vacacional, y lo quieren diferir, para que el pago se produzca, aproximadamente, en once meses”.
De acuerdo a las estimaciones de los profesores universitarios, de acuerdo al ritmo de la inflación en once meses, sus ingresos habrán perdido, en el mejor de los casos, el 25% del poder adquisitivo y que, obviamente, esto corresponde a un plan de destrucción de nuestras universidades.
EL ECONOMISTA Miguel Rodríguez, el discurso de Gustavo Petro, al asumir la presidencia de Colombia, estuvo moderado, y que resulta clave la figura de José Antonio Campos, como ministro de Hacienda; de quien dijo que lo conoce de toda la vida; desde que se conocieron en la Universidad de Yale, y tuvieron los mismos maestros; de orientación keinesiana; ambos son doctores de dicha institución estadounidense; de modo que “poner en las mejores manos la economía imposible”; a José Antonio le luce como el mejor ministro de Hacienda de la América Latina.
Recordó Rodríguez que en la década de 1980 él escribía para una revista llamada Coyuntura Andina, y en el que participaba también José Antonio y Guillermo Perri; siendo el asistente de ellos Mauricio Cárdenas, que vino a ser luego ministro de Hacienda del gobierno de José Manuel Santos. Trajo a colación el hecho de que para esa época se conoció el fenómeno de la bonanza cafetalera; que implicó una nueva orientación de la política cambiaria en Colombia, y de donde se conoció el famoso crawling peg.
“Yo a José Antonio lo conozco como si lo hubiera parido. Se trata de un gran economista, y considero que va a hacer lo imposible, para llevar a cabo una gran reforma tributaria, que le dé posibilidades de crecimiento más equitativo a la economía colombiana”.
