Oscar Battaglini
Las medidas contra los trabajadores se corresponden con el carácter neoliberal que viene adelantando la dictadura.
Oscar Battaglini
La radicalización e intensificación del accionar político reaccionario que la dictadura madurista viene desarrollando desde hace tiempo en contra de los trabajadores y profesionales al servicio del Estado, es un indicativo de hasta dónde ha calado la crisis que carcome las bases políticas, económicas, militares y sociales en general que aún mantienen en pie a esta dictadura.
Esa acción antipopular revela, sobre todo que la dictadura ya no se detiene a considerar las consecuencias políticas desfavorables que dicha acción pueda acarrearle entre los trabajadores y el conjunto de los sectores populares. Lo que quiere decir que definitivamente quedaron atrás y en el olvido las prédicas “socialistas” y el discurso grandilocuente tejido alrededor de las expropiaciones acometidas tanto en el campo como en la ciudad, en el que se ofrecía a los trabajadores convertirlos en propietarios y/o accionistas de las empresas industriales y de servicios, fundos agrícolas, etc; lo que, por otra parte, denota un evidente agotamiento del discurso.
Conviene recordar que esa política demagógica la combinó la dictadura con el intento de hacerse con el control de las centrales de los sindicatos y gremios de los trabajadores y profesionales; todo ello con el avieso y deliberado propósito de corporativizarlos, es decir, ponerlos bajo el dominio y control del Estado dictatorial, al mejor estilo fascista.
Cabe recordar igualmente que ante el fracaso de ese intento corporativista (fascista), la dictadura chávezmadurista echó mano al paralelismo sindical con el propósito de dividir, debilitar, y en última instancia, destruir por la vía de sembrar aventureros y gánsteres tarifados en el seno del movimiento obrero – sindical.
Eso es lo que explica la existencia de la “central bolivariana de los trabajadores”; de sindicatos patronales repartidos por toda la geografía nacional y con presencia en las más diversas actividades económicas y de servicios del país (en la actividad petrolera, en las industrias básicas de Guayana, en la industria eléctrica, en el sector educativo a todos los niveles de la educación, en la Administración Pública, etcétera), los cuales, en el curso de la conflictividad laboral, no sólo ejecutan al pie de la letra el triste y vergonzoso papel de esquiroles contrariando y pretendiendo desvirtuar el sentido legítimo de la lucha trabajadora, sino que realizan actividades de sabotaje contra los trabajadores en el desarrollo de sus luchas en defensa de sus derechos laborales y políticos- constitucionales.
Simultáneamente la dictadura no sólo les arrebató la autonomía y el derecho a realizar elecciones libres para designar a sus dirigentes sindicales y gremiales -potestad que le fue atribuida al CNE bajo su control político- sino que desató una ofensiva represiva contra sus dirigentes, que tiene el claro propósito de profundizar aún más la desarticulación del movimiento sindical venezolano y su destrucción definitiva. Una muestra de esto han sido las detenciones y enjuiciamiento de numerosos dirigentes (algunos de ellos por tribunales militares como en el caso de Rubén González, dirigente sindical de la empresa Ferrominera de Guayana) que han venido desempeñando un papel relevante en la dirección de las luchas por los derechos de los trabajadores y contra la política liquidadora de sindicatos y gremios practicada por la dictadura madurista.
Lo que se evidencia en todo esto es que esa arremetida contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales y gremiales se corresponde plenamente con el carácter de la política neoliberal que desde hace ya bastante tiempo viene adelantando la dictadura, y que debido a su carencia de recursos financieros se ve forzada a seguir implementándola sin la aplicación de medidas económicas y sociales compensatorias como lo hiciera en su oportunidad Carlos Andrés Pérez; hecho que se convirtió en el desencadenante del Caracazo, cosa que la dictadura madurista parece haber olvidado.
Eso mismo, dicho de otro modo, significa que Maduro y su entorno palaciego, llevados de la desesperación que les provoca la crisis política en desarrollo, y de cómo ésta hace cada vez más precaria su permanencia en el poder, han optado definitivamente por implantar un orden social y político en el que aparezcan unidos neoliberalismo y dictadura; esto es, que combine capitalismo salvaje con dictadura militarista. Lo que quiere decir que la situación política del país ha entrado en una fase en la que progresivamente se pondrán de manifiesto los elementos o rasgos fascistas contenidos en el modelo político chavista.
El memorándum 2792 y sobre todo el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) son, si se quiere, los primeros elementos de ese modelo político puesto en vigencia por el ejecutivo madurista para regular las relaciones laborales entre el capital y el trabajo a partir de este momento.
Como es sabido se trata de instrumentos “legales” que conculcan de manera autoritaria, casi todos los derechos de los trabajadores que derivan de la actividad productiva y económica en general de estos (incluidos los derechos adquiridos); pretensión dictatorial que no sólo produjo una ola de protesta en todos los estados del país, sino que provocó un cisma en el interior de las filas chavistas que llevó a un gran número de sus integrantes (los cuales hasta hace muy poco permanecían bajo la influencia y el control político chavista) a participar activamente en las marchas y concentraciones de protesta en contra de la política del gobierno. He ahí parte de la razón por la que el chavismo oficial se vio forzado: 1- a ceder con el rabo entre las piernas a las demandas de los trabajadores movilizados; y 2- a no poder dar cumplimiento a su bravuconada de sacar a la calle una marcha que contrarrestara las realizadas por maestros, profesores obreros, trabajadores de la salud, empleados públicos, etc, en defensa de sus legítimos e irreductibles derechos.
