Humberto González Briceño
El G3 no disimula con falso rubor su apetito por ponerle las manos a los activos.
Humberto González Briceño
La conformación del llamado gobierno interino de Juan Guaidó en enero de 2019 abría la posibilidad de articular un eje de lucha concreto contra el régimen chavista de Nicolás Maduro. El reconocimiento de varios países al Interinato y como consecuencia de ello el congelamiento del acceso de los activos de Venezuela en el exterior por parte del régimen chavista incorporaba la posibilidad de darle un sólido soporte logístico a la operatividad de ese gobierno transitorio cuya única tarea consistía en construir y ejercer una estrategia viable para sacar al chavismo el poder.
Desde ese momento se inicia una pelea política y legal entre el gobierno de Maduro y el de Guaidó para lograr el control de esos activos. El reconocimiento de países como Estados Unidos e Inglaterra al gobierno interino de Juan Guaidó definió a su vez que sería este quien efectivamente controlaría estos activos.
Los activos de Venezuela en el exterior están conformados por una constelación de bienes y recursos que pertenecen al Estado venezolano y están materializados en empresas, propiedades, dinero y oro que forman parte integral del tesoro nacional. Desde un principio saltaron las contradicciones propias de una situación caracterizada por su ambivalencia jurídica.
Uno de los problemas que nunca fue resuelto fue la dualidad de tener en Juan Guaidó la representación del poder legislativo y el poder ejecutivo en forma simultánea. Esta contradicción fundamental que se estrella contra toda la doctrina jurídica que predica la separación de poderes fue simplemente burlada.
Por otra parte la existencia formal de dos gobiernos distintos y contradictorios que invocaban el control de los activos dejaba en la práctica la decisión de su propiedad y posesión en manos del país donde esos activos se encontraban localizados. Sin embargo, al ser bienes públicos propiedad de la nación venezolana deberían estar sujetos al menos en teoría al control y gestión de órganos del poder público venezolano. Pero, ¿cuáles? ¿Al de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Al de Juan Guaidó en su república virtual?
Esta indefinición provocó un limbo jurídico en virtud del cual el gobierno interino de Juan Guaidó designado por la Asamblea del 2015 no estaría obligado a rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a la propia Asamblea que le había designado. Este vacío legal fue oportunamente aprovechado por los operadores políticos que en lugar de enfocarse en diseñar estrategias para sacar al chavismo del poder se enfrascaron en una lucha intestina por el control y el reparto de unos recursos que ya no podían ser usados por el gobierno chavista de Nicolás Maduro.
De la confrontación entre el chavismo y el gobierno interino por el control de los activos se pasó a la lucha brutal en el seno de la falsa oposición por el reparto de los recursos y prebendas asociadas al manejo y gestión de los activos. Los casos más emblemáticos de corrupción en el ámbito de la falsa oposición serían los de Monómeros, CITGO y PDVSA.
El botín en disputa y la perspectiva de manejarlo a discreción sin tener que rendirle cuentas a nadie fue motivo suficiente para hacer estallar en mil pedazos la fingida unidad de la falsa oposición. La disputa por el control de los activos de Venezuela en el exterior que no pueden ser accedidos por el chavismo es la verdadera razón que está detrás de la eliminación del gobierno interino de Juan Guaidó.
Con esta decisión el ahora G3 (Primero Justicia, Acción Democrática, y Un Nuevo Tiempo) buscan arrebatarle el control de los activos a Voluntad Popular que fue el principal repartidor de prebendas al controlar la cabeza del Interinato.
El G3 no disimula con falso rubor su apetito por ponerle las manos a los activos. La decisión de defenestrar al interinato ha sido cuidadosamente diseñada para reservarle a una comisión designada por la Asamblea Nacional del 2015 el manejo de esos activos. Una vez más, y tal como en su momento lo hizo Juan Guaidó, la Asamblea Nacional del 2015 sigue con la práctica corrupta de ejercer funciones de poder legislativo y poder judicial en forma simultánea. Es claro que esta comisión para la supuesta defensa de los activos en el exterior continuará la vieja tradición de no rendir cuentas ya inaugurada en el fallido gobierno de Guaidó.
Desde el gobierno Interino se ha podido construir una estrategia para sacar del poder al chavismo con extraordinario soporte internacional, logístico y militar. Pero en lugar de ello estos falsos opositores decidieron hacer lo mismo que hace el chavismo en Venezuela: Saquear el tesoro nacional y de ser necesario sacarse las vísceras entre ellos sin piedad para asegurarse una buena tajada.
