Humberto González Briceño
El Estado delincuente desarrolla una política de paz y tolerancia con las megabandas en Venezuela, les reconoce territorios y es permisivo con el suministro de armas y equipos militares de las FANB.
Humberto González Briceño
El Estado chavista es una estructura jurídica, política y militar atípica y como tal sus políticas no son usuales como serían las de otros Estados. En el concierto internacional en el marco de las relaciones de unos Estados con otros hay ciertos objetivos que resultan comunes porque sirven a todos al mismo tiempo. La defensa de la vida, la protección de los derechos humanos, el combate al crimen organizado en todas sus formas son temas en los cuales la gran mayoría de los Estados modernos están de acuerdo, a menos que se trate de Estados forajidos cuyas estructuras han sido penetradas por organizaciones criminales.
Como ya hemos explicado este no es el atípico caso del Estado chavista que no está penetrado por el crimen organizado sino que incorpora al crimen como parte esencial de sus estructuras y políticas. Esto lo hemos visto desde 1999 cuando Hugo Chávez asume la presidencia de Venezuela y emprendió una política agresiva y audaz de alianzas con las FARC y el ELN en Colombia. En el ámbito de la política doméstica el Estado delincuente desarrolla una política de paz y tolerancia con las megabandas en Venezuela, les reconoce territorios a los cuales las policías no pueden entrar y es permisivo con el suministro de armas y equipos militares de las FANB a estas organizaciones en un mercado negro que hoy se mantiene vigente.
La función de las Fuerzas Armadas chavistas ya no es la defensa de la integridad territorial y las fronteras sino que ha degenerado a convertirse en la policía represiva del régimen para someter a la población civil por la vía de la fuerza y la violencia. Así la presencia militar venezolana en las fronteras ha sido reducida a su más mínima expresión y los comandos que allí actúan tienen que coordinarse con sus aliados de las narcoguerrillas y paramilitares para establecer unas normas de cohabitación y convivencia.
Por decisión del Estado chavista el territorio venezolano, no solo en la frontera, se ha convertido en una inmensa zona de resguardo y tolerancia para que estos grupos irregulares puedan operar. Aquí es donde los comandantes de estos grupos reciben atención médica cuando son heridos en combate o el sitio preferido para hacer sus conferencias y reuniones, todo con protección oficial y militar del estado chavista.
El narcotráfico y el comercio irregular de los minerales extraídos del Arco Minero del Orinoco son la industria más próspera que gerencia el régimen chavista la cual permite fabulosas ganancias en miles de millones de dólares al año para financiar a grupos irregulares y enriquecer a los jefes de las bandas que operan dentro de las FANB. La línea de producción de esta próspera industria está bien definida en sus funciones donde grupos irregulares del ELN, FARC y paramilitares gozan de especial salvoconducto para transitar y operar dentro de Venezuela mientras las FANB chavistas y sus comandantes se encargan de proteger y vigilar las rutas y los accesos por alcabalas y fronteras. Se han conocido muchos casos de venezolanos detenidos y presos por contrabando de comida y medicinas. Pero hasta ahora ninguno que haya sido detenido en la frontera por narcotráfico o comercio ilegal de oro y otros metales preciosos.
A veces ocurren enfrentamientos entre los grupos irregulares que operan en la frontera de Venezuela y Colombia cuando los acuerdos para el reparto del botín y el uso de las rutas no se respeta. Ahí es cuando aparecen comandantes militares ajusticiados o decapitados sin explicación o investigación, o se producen pequeñas guerras intestinas como la protagonizada por las FARC y sus disidencias en pleno territorio venezolano.
Hoy cuando el presidente de Colombia Gustavo Petro es aliado de Nicolás Maduro esa política militante y permisiva con el narcotráfico no ha disminuido sino que por el contrario se ha profundizado. Aunque el Estado colombiano no es un Estado delincuente o forajido tiene un Presidente que comparte la estrategia geopolítica del chavismo que hace del narcotráfico un componente esencial. Por eso el Fiscal General de Colombia Francisco Barbosa ha cuestionado y está en contra de la política antidrogas de Petro la que califica como una estafa porque se centra en penalizar a los pequeños cultivadores de la materia prima de la droga y deja intactos y protegidos a los grandes grupos narcotraficantes bajo la denominada “paz total”. Barbosa ha dicho que teme ser asesinado por la guerrilla del ELN que opera libremente desde Venezuela y está en conversaciones de paz con el gobierno de Petro. La revista Semana de Colombia ha confirmado por fuentes independientes que en territorio venezolano se habrían reunido varios comandantes para coordinar el atentado. La sola sospecha de que el régimen de Nicolás Maduro facilite la perpetración de ese crimen debería ser motivo de escándalo y de suspensión de relaciones con Venezuela. Pero el régimen chavista no se inmuta porque su geopolítica está basada en el narcotráfico y no dudará en facilitar las circunstancias para ayudar a su aliado Gustavo Petro, tal como lo ha hecho en estos 23 años con grupos guerrilleros y paramilitares.
