Noel Gómez Herrera
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó al gobierno venezolano a garantizar y respetar los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos.
El secretario general sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela y llama a las autoridades a garantizar la plena adhesión y reitera su llamado a la implementación de buena fe del Acuerdo Parcial sobre la Promoción de los Derechos Políticos y Electorales para Todos, firmado en Barbados hace apenas unos días, señaló el portavoz de Guterres, Stephane Dujarri.
El llamado de Guterres, que usualmente se muestra cauteloso en sus pronunciamientos, se produce luego de que la candidata María Corina Machado ganó el domingo con el 92,35 % de los votos (2.253.825), la primaria presidencial opositora que la convierte en la abanderada de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.
El gobierno de Maduro ha denunciado un supuesto “fraude” y no solo ha desestimado el proceso, sino que ha ordenado la persecución judicial de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), organismo que tuvo a su cargo la organización de los comicios celebrados el pasado domingo 22 de octubre.
Según el último boletín de la CNP, hubo una participación de al menos 2.440.415 personas, pero el gobierno asegura que no pudieron participar más de 700.000.
La fiscalía venezolana abrió una investigación por los presuntos delitos de “usurpación de funciones electorales”, “usurpación de identidad”, “legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
Por su parte, el psiquiatra Jorge Rodríguez, asesor personal del dictador Nicoláas Maduro, presidente de la Asamplea Nacional (parlamento, controlado por el régimen) y jefe de la delegación oficialista en las negociaciones celebrada la semana pasada en la caribeña isla de Barbados, anunció que solicitaría una reunión de la comisión de verificación de los acuerdos firmados por cuanto «la oposición infló los resultados de la primaria, violando uno de los puntos del acuerdo».
La oposición, que busca el levantamiento de las inhabilitaciones políticas mediante un proceso de negociación, advierte que el gobierno ha violado el acuerdo que establece el compromiso a reconocer y respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las presidenciales “de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”.
Como se sabe, tras la firma del acuerdo en Barbados, la Administración Biden anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si, antes de finalizar noviembre, no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Según la Contraloría General de la República (CGR), dirigida hasta hace pocas semanas por el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ha señalado que sobre Machado pesa una inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos por 15 años que es considerada “inconstitucional” e “ilegal”, lo cual le imposibilitaría formalizar su candidatura ante el Poder Electoral, pero la candidata opositora insiste en que dicha «inhabilitación» administrativa viola la Constitución Nacional que en su artículo 61 establece que la pérdida a de los derechos políticos solamente ocurre como pena accesoria de una sentencia penal definitivamente firme, principio establecido también en la Convención Americana de los Derechos Humanos y que además forma parte de la jurisprdencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos del exalcalde de Chacao (Caracas, Venezuela), Leopoldo López, cuya sentencia de fecha 1 de septembre de 2011 no reconoce la dictadura de Nicolás Maduro, y del actual Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, de fecha 8 de julio de 2020, en la cual la Corte Interamericana concluyó que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados por la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría el 9 de diciembre de 2013, confirmada el 13 de enero de 2014″.
El Presidente Petro, víctima de una medida administrativa de inhabilitación similar a la impuesta por la dictadura de Maduro a la candidatura de María Corina Machado se ha mantenido consecuenta en la defensa del princpio según el cual «ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano»:
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https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_406_esp.pdf
Sobre las inhabilitaciones en Venezuela, son varias las instancias internacionales se han pronunciado en varias oportunidades sobre las inhabilitaciones en Venezuela, entre ellas el Secreario General de la OEA, Luis Almagro y el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, quien el pasado mes de en julio llamó al gobierno a garantizar el debido proceso de procedimientos con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos y a levantar “todas las restricciones indebidas” al derecho a participar en asuntos públicos ante los venideros procesos electorales en el país
