Manuel Isidro Molina, el candidato presidencial propuesto por el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Popular Alternativo (MPA) y rechazado por el régimen de Nicolás Maduro, señala que se han restringido las libertades políticas en Venezuela, especialmente el derecho a la participación organizada de partidos políticos.
Molina ha denunciado públicamente la existencia de un «apartheid electoral ejercido por el gobierno fracasado de Nicolás Maduro, el PSUV y sus testaferros» y recordó la imposibilidad de inscribir su candidatura de forma independiente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte de ese apartheid ejercido por el gobierno fracasado de Nicolás Maduro, el PSUV y sus testaferros».
Aseveró que se trata de una «conspiración contra la democracia» donde el oficialismo «ha impuesto candidaturas a su gusto y teledirigidas, con partidos prefabricados de la noche a la mañana y decenas de partidos intervenidos judicialmente o judicializados, de todas las tendencias ideológicas y políticas».
Recordó que en poco más de ocho años se han judicializado a quince partidos por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, y mencionó los casos de Primero Justicia, Patria Para Todos y el Partido Comunista de Venezuela, que apoyaba su candidatura a las presidenciales.
«De una manera increíble, se mantienen sometidos a medidas temporales, es decir, sobre ninguno de estos partidos existe una sentencia definitiva, algo que solo puede ser definido como un manejo grotesco de la justicia monopolizada por el PSUV y sus testaferros», aseveró el periodista, según recoge una nota de prensa.
Como se abe, Molina fue propuesto como candidato presidencial por Encuentro Popular Alternativo (EPA), una coalición de partidos de izquierda, que incluye al MPA y al proscrito Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización intervenida judicialmente medianate sentencia del TSJ que entregó sus históricas siglas y símbolos a militantes del PSUV, que ahora ejercen la «representación» de esa organización polítca fundada el 5 de marzo de 1931.
El lanzamiento de la candidatura de MIM para la elecciones presidenciales del venidero 28 de julio, fue aprobado por la VXI Conferencia Nacional del PCV, reunida el pasado 17 de marzo:
Manuel Isidro Molina insiste en hacer un llamado a la «rebeldía cívica electoral» e insistió en que hay un «proceso de manipulación desde el Consejo Nacional Electoral, restringiendo las libertades políticas en Venezuela y especialmente el derecho a la participación organizada de partidos políticos».
Por su parte Oscar Figuera, secretario general del PCV-Dignidad, aseguró que con candidato o sin candidato inscrito trabajarán en diversos espacios para «reagrupar las fuerzas populares que enfrentan los dos bloques burgueses responsables del desastre nacional».