Caso Ojeda: “Están involucrados funcionarios chilenos”

Policía de Chile que indaga asesinato del teniente Ojeda está bajo investigación. “El autor intelectual de la muerte de Ronald es el régimen madurista y están involucrados funcionarios de Chile”, asegura desde el exilio el primer teniente José Ángel Rodríguez Araña

Hernán Lugo-Galicia

A escasos tres días del mes del secuestro del primer teniente Ronald Ojeda en Chile, y su posterior asesinato, las autoridades policiales de este país entran en un escrutinio público porque al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, le allanaron su casa el pasado viernes 15 porque figura relacionado con una investigación por “tráfico de informacion”, extorsión a favor de grupos o personas, acusadas de delitos.

¿Puede darse por cierta la investigación sobre la muerte de Ojeda, luego que tres sujetos, con uniformes policiales, armas y con logísticas, entraron el 21 de febrero a su residencia en una barriada en Santiago, y se les relacionara con el Tren de Aragua y no contra el régimen chavista que persigue militar y política en América Latina? Incluso, otra de las pesquisas se enfiló a las finanzas del oficial, pese a que la familia entregó a la PDI un informe completo sobre esto.

El teniente José Rodríguez Araña deploró la tesis policial sobre unos envíos de fondos desde Estados Unidos, la participación en el mercado de las criptomonedas y un préstamo hecho por la hermana de Ojeda. “Tratan de asesinar por segunda vez a Ronald. El primer teniente tenía una vida austera; a principios de año solicitó ayuda a compañeros que están en EEUU para pagar gastos de su casa, lo que explica los depósitos desde otros países. De Estados Unidos de amigos y de España de su hermano”, dijo Rodríguez Araña, conductor del programa La Voz Verde, de la Fuerza Armada Patriota de Venezuela (FAPV).

Ojeda trabajaba en el cambio de divisas y compra de criptomonedas, mediante una empresa que ayuda a venezolanos a enviar remesas a sus familiares en Venezuela. “Eso no es un delito. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha invertido en este mercado. ¿Acaso una nación se metería en esto si fuese ilegal”, sostuvo Rodríguez Araña.

En paralelo, el primer teniente operaba en una empresa de seguridad para mantener a su familia y envió varios mensajes a amigos de armas, vía Whatsapp, en los que contaba las penurias y les pedía ayuda. De hecho, la familia tuvo que recolectar recursos para realizar la sepultura, que pudo resolverse por la buena fe del dueño de la funeraria.

Desde el 21 de febrero, la actuación de la PDI fue puesta en duda por la familia del primer teniente porque, al llegar a la residencia a pocas horas del secuestro, no reaccionaron para investigar el paradero y las razones de la extracción. Esa madrugada, la hermana le pidió que revisaran las cámaras del edificio para que contactaran la operación hecha por tres sujetos con vestimenta policial, chalecos y armas. La alerta a la frontera se hizo luego de 10 horas.

La Fiscalía de Chile abrió una investigación sin revelar la identidad de la víctima para resguardar su integridad. Sin embargo, nueve días después, el 1 de marzo, se encontró un cuerpo en una maleta sepultada bajo 1,4 metros de cemento en la comuna de Maipú en Santiago de Chile. Las autoridades confirmaron que se trataba de Ojeda.

El fiscal Héctor Barros describió el caso como una investigación compleja vinculada al crimen organizado. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó el desenlace y reiteró que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad para el Gobierno de Chile.

“Ahora, tratan de asesinarlo moralmente con la mención de la actividad financiera personal. La familia entregó los estados de cuenta a la PDI. Acá el autor intelectual de la muerte de Ronald es el régimen madurista y están involucrados funcionarios de Chile. Intentan desviar el caso”, expresó el oficial Rodríguez Araña en La Voz Verde.

El 14 de marzo, la familia Ojeda acudió a la Corte Penal Internacional, donde pidió investigar el asesinato del oficial, a lo que puede sumarse la corrupción detectada en la PDI en el manejo de casos y la venta de información a delincuentes.

El primer teniente José Ángel Rodríguez Araña, actualmente en el exilio, se graduó en el año 2012 con la máxima distinción en la Academia Militar del Ejército, la de alférez auxiliar, como parte de la promoción “Coronel Diego Jalón Dochagavia”.

Sergio Muñoz, renunció a la dirección de la PDI de Chile tras ser acusado de tráfico y venta de información policial. El 18 de enero de este año, el subdirector de ese cuerpo policial, Lautaro Arias Berrocal, firmó en Caracas un convenio de intercambio policial como parte de la delegación encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Lautaro Arias Berrocal fue designado subdirector de la PDI el día 8 de enero de 2024 mediante resolución firmada por el director general de ese cuerpo policial, Sergio Muñoz, y a los diez días viajó a Caracas a la firma del convenio policial con la dictadura de Maduro. En la gráfica, flanqueado por los comisarios Humberto Ramírez y Douglas Rico, viceministro del Interior y director del CICPC, respectivamente.

17 métodos de tortura practicados en la DGCIM

En el manuscrito, escrito por Ronald Ojeda, se describe no sólo la corrupción en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sino las torturas que sufrió desde 2017 cuando fue detenido por primera vez, bajo los cargos de supuesta desestabilización.

Métodos de torturas en la DGCIM:

Patadas a la cabeza.
Rocío de gas pimienta
Asfixia con una cuerda
Pisada de manos
Descargas eléctricas en las orejas, dedos meñiques y tobillos.
Rocío de agua en capucha para provocar asfixia momentánea.
La DGCIM como “Gulag Castro Chavista”: Consiste en un cuarto oscuro, torturas blancas que ocasionan quiebre, desorientación y confusión mental. Colocación de esposas por horas.
Violación al debido proceso y principio de inocencia, artículo 42 de la Constitución.
Prohibición de acceso a baños, servicios médicos.
Quiebre de dedos con paletas con torniquete
Cuelga del cuerpos por horas
introducción en baldes de agua.
“La Pecera” de la DGCIM : Sala de conferencia convertida en centro de torturas, donde sientan al detenido, esposado, por espacio de una hora, días y hasta un mes.
Comidas: Lentejas, arroz a través del “carrito del sabor”
Obligan a firmar actas a los detenidos para que nieguen los maltratos y torturas.
Informes médicos no registran las torturas a detenidos.
La existencia de una casa de torturas en San Bernardino, Caracas, con participación de colectivos.