Miraflores intenta silenciar a las víctimas y testigos que puedan ser citados ante la Corte Penal Internacional, que investiga y sustancia un expediente contra Maduro y la estructura del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad.

Hernán Lugo-Galicia

Al son de “Llevo tu luz y tú aroma en mi piel”, el Himno Nacional “Gloria al Bravo Pueblo” y las insignias del Ejército de Venezuela, el cuerpo del Primer Teniente, Ronald Ojeda Moreno fue sepultado en Santiago, Chile, el 8 de marzo. Sin embargo, con él no se entierra la verdad sobre el por qué ocurrió su secuestro, su asesinato y toda una trama que expone la corrupción del Alto Mando Militar, el adoctrinamiento, la persecución y tortura contra él, cientos de oficiales y de civiles, y el derrumbe de una nación.

El asesinato de Ojeda, al igual que la captura del capitán Franklin Caldera -en 2019- deja evidencia de la relación grupos irregulares y delincuenciales, como la guerrilla de Colombia y el Tren de Aragua, con organismos de seguridad del régimen chavista.

Y, en forma directa, con la Dirección de Inteligencia Militar, DGCIM, y algunos dirigentes del chavismo, como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y, en determinado momento, el “desaparecido” Tareck El Aissami, que imparten órdenes al “Equipo Estrella”, de manera directa, revelan fuentes militares, que han conocido de los encuentros en predios castrenses.

ElDato:

Misión de la DGCIM:

“Ejecutar operaciones de contrainteligencia que impidan, corten y prevengan las actividades de espionaje e inteligencia enemiga; así como contribuir con la investigación penal en el ámbito militar y civil para garantizar la protección del Comandante en Jefe y la seguridad de la FANB, mediante el mantenimiento del apresto operacional, el fortalecimiento de la disciplina, la seguridad de la información y el correcto uso de los procedimientos militares que permitan la mejor conducción, establecimiento, formación y ejecución del trabajo de contrainteligencia logrando el fortalecimiento de la Seguridad y Defensa Integral de la Nación”.

Acopio de informes

Desde senadores de Chile, ex policías venezolanos, militares retirados y familiares de Ojeda han señalado la tesis del móvil político y como su principal cerebro intelectual al gobierno de Maduro.

Las pesquisas de la PDI y de la Fiscalía de Chile apuntan a la organización hamponil, nacida en Aragua, al identificar la participación de Walter Rodríguez Pérez, mediante las huellas dactilares dejadas en el ascensor del edificio, donde vivía la familia Ojeda, y en el celular del primer teniente, abandonado en un segundo carro, usado en la operación de extracción, la cual demuestra que fue planificada y ejecutada por expertos en cuestiones militares y policiales, como consta en informe de autoridades chilenas.

Rodríguez Pérez trabajó en el despacho de la Gobernación de Aragua en 2015, cuando El Aissami fue su jefe, según constancia del IVSS, firmada por su presidenta Magaly Gutiérrez Viña, y enviada a las autoridades chilenas. En este país, el delincuente era buscado por secuestro y sus vínculos con el Tren de Aragua. El Asami “desapareció” de la escena pública, junto a los 23 millardos de dólares, desfalcado a Pdvsa, por lo cual, las investigaciones apuntan a otros factores del régimen de Nicolás Maduro y Cabello, señalan en minutas de trabajo de grupos de resistencia en Venezuela.

La PDI pudo detectar a Rodríguez Pérez al cotejar la huella en el ascensor y celular con la base de datos de ciudadanos que emigran a Chile. Y, desde entonces, emitieron un alerta a Interpol, con un retrato hablado.Posteriormente, efectuaron una revisión de sus llamadas hechas a Venezuela, las cuales podrían indicar con cuál “alto jerarca” del chavismo se comunicó, antes y después del secuestro, así como las órdenes que haya recibido, entre la muerte y la desaparición del cuerpo, indicaron fuentes militares venezolanas.

La reacción del gobierno de Gabriel Boric fue lenta, producto de la dejadez del grupo de Carabineros que atendió la denuncia del secuestro.

“Nosotras gritábamos: ¡No son PDI, por favor, busquenlo! Pero, los Carabineros se reían. La búsqueda empezó a las 5:30 o 6:00 am (del 21 de febrero), casi dos horas después del secuestro. Hasta yo les dije que buscaran la patente por las cámaras, y luego de 40 o 50 minutos la buscaron. Hubo un total retraso y negligencia”, relató Mayra Ojeda, la hermana mayor en las exequias de Ronald Ojeda.

La activación de las alarmas a nivel internacional, por parte de grupos de resistencia militar y medios de comunicación, sobre el secuestro evitó, por ejemplo, que Ojeda fuera llevado a Bolivia. “La información recolectada indica que Granko, jefe del DGCIM, viajó a este país para traer personalmente al teniente”, indican fuentes.

Móvil político

La Fiscalía de Chile mantiene la tesis del “móvil político”, no sólo porque Ojeda fue acusado de ser disidente dentro de la FANB, sino porque solicitó asilo por razones políticas y por las pruebas de la participación de agentes de inteligencia venezolana.

En los informes policiales señalan estos hechos; la detención de un menor de edad; la participación de Walter Rodríguez; el entierro del cuerpo en una barriada y la actuación de un conserje del edificio, donde vivía el oficial. Al conserje lo señalan de “posible infiltración de información” sobre la ubicación de la familia Ojeda.

De confirmarse este dato, la PDI no descarta la existencia de una “red de información privilegiada” que usa la delincuencia organizada.

Los senadores Manuel Ossandon (Renovación Nacional) y José Rojo Edwards (independiente) comparten la tesis del móvil político detrás del caso de Ojeda, esbozada también por el comisario Iván Simonovis, los generales Christopher Figuera (ex jefe del DGCIM), Antonio Rivero e Iván Carratú Molina, los integrantes del grupo FAPV (Fuerza Armada Patriota de Venezuela) y los familiares del primer teniente, secuestrado el 21 de febrero, y cuyo cuerpo fue enterrado en una casa en un barrio de Santiago, luego de haber sido asfixiado.

Carratú Molina escribió en su cuenta en X: “Es una acción vinculada al terrorismo de Estado, gestionado desde el régimen”.

El, junto a Ojeda y 20 militares, fue expulsado de la FANB por supuesta “traición a la Patria”, mediante Decreto 3.298, de fecha 28 de febrero de 2018 y refrendado en una resolución del 24 de enero de 2024, a través de la cual se degrada y expulsa a 33 oficiales.

Durante las exequias, Mayra Ojeda, hermana mayor del oficial, afirmó: “Él tenía muchos conocimientos de los crímenes que ha cometido la dictadura, por eso todo llegó hasta este cruel final. En su poder tenía las atrocidades que hacía o hace el Gobierno. Pedimos que se haga justicia”.

La esposa de Ojeda alertó: “Venezuela es una dictadura. Solo les pido a Chile que defiendan su soberanía y su país, que no dejen marchar su soberanía. No sean cómplices Es un secreto a voces, todo el mundo sabe quién es el culpable. Sabemos que detrás de esto está el gobierno de Venezuela. Quiero que mi esposo sea recordado como un héroe”.

Otros militares caídos

Ojeda dejó un manuscrito, en el cual describe las torturas que sufrió y cómo se le vinculó con un supuesto golpe de Estado, por órdenes expresas de Cabello, a quien le atribuía la saña en su contra.

Desde 2012, a él y a los integrantes de la Promoción José Antonio Páez se les tildó de “golpistas” en un acto en el patio de la Academia Militar. “Ya se han perdido tres de la promoción del Centauro del Llano”, reflexiona el teniente José Rodríguez Araña, sobre la suerte de Ojeda, Pachano y Mendoza y de otros militares de las promociones Maisanta y Bicentenario.

“¿Cuántos como Ronald tendrán que caer? ¿Cuántos habrá que despedir para que los militares dejen el miedo? El uniforme les reclama defender la Patria e instituciones hasta con la vida si es necesario”, instó desde la tribuna de La Voz Verde, en Youtube.

De 264 presos políticos que registran la ong Foro Penal, 11 han fallecido en custodia del gobierno, entre ellos el capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo en 2019; y hay 147 militares en cárceles comunes y en centro castrense Ramo Verde, en Miranda. Un total de 100 oficiales han denunciado ser víctimas de torturas.

Plan: Liquidación de testigos ante la CPI

Hernán Lugo-Galicia

El móvil político guarda relación con el plan, que desde Caracas, impulsa el gobierno para silenciar a las víctimas y testigos que puedan ser citados ante la Corte Penal Internacional, que investiga y sustancia un expediente contra Maduro y la estructura del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Y, de paso, aniquilar a personajes que puedan hacerle mella por credibilidad, respeto ante la sociedad nacional e internacional, como pasó con el general Isaías Baduel, a quien dejaron morir, debido a la ascendencia que tenía en los cuarteles.

Un ex jefe de inteligencia venezolano reveló que la meta del chavismo es dar al traste con los testigos del eventual juicio por crímenes de lesa humanidad, mantener el poder político y no dejar prosperar cualquier liderazgo, incluso a lo interno del gobierno, que pueda sacarlos de Miraflores en los próximos meses.

Abogado William Jiménez: Venezuela está bajo control de la delincuencia organizada transnacional.

“Con Ojeda pasó igual: Era un joven respetado y admirado por su lucha contra la corrupción
en la FANB, el adoctrinamiento impulsado por Cuba y sus llamado a la nueva generación de
oficiales”, sostiene el abogado William Jiménez, integrante de Fuerza Pública en el Exilio,
conformada por más de 200.000 funcionarios venezolanos, en su mayoría militares.
FPE no duda en relacionar a Maduro y Cabello con el asesinato de Ojeda y otros militares.
“En este caso, se descartaron las tesis de secuestro o extracción porque nunca hubo
exigencia de recompensa; luego, se descartó al autosecuestro por carecer de sustento. Al
final queda la tesis, confirmada con hechos reales y análisis policiales, del Secuestro
Político. Lo más grave es la presencia de la delincuencia organizada trasnacional que
responde a lineamientos del poder político, como lo demuestra las vinculaciones de Walter
Rodríguez, ex funcionario de una gobernación en manos del chavismo. Es la actuación del
‘Estado Paralelo’ que, con el respaldo del Poder Judicial y la seguridad del Estado, es capaz
de vulnerar hasta la seguridad de otra nación para cumplir la meta de eliminar a un
adversario político. Un ejemplo de esto, no sólo se dió con Ojeda, sino que Rusia asesinó
en febrero de este año a un oficial que desertó y entregó información a Ucrania en territorio
de España. Tenía asilo político, al igual que Ojeda; pero en estos dos casos, queda comprobado que las tiranías de la izquierda de Rusia y Venezuela no escatiman esfuerzos e
invierten recursos para ir detrás de cualquiera que haya resuelto ser disidente o exigir la
libertad de sus países”, expuso Jiménez.
“Venezuela está bajo el control de una Delincuencia Organizada Transnacional, como lo
define la Convención de Palermo”, apuntó el abogado.
La Convención de Palermo o Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional
es un tratado multilateral, patrocinado por las Naciones Unidas, en contra del crimen
organizado transnacional, aprobado en 2000, con tres Protocolos sobre las medidas para
castigar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños; el Contrabando de Migrantes
y la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.
El concepto de Delincuencia Organizada Transnacional fue propuesto por el profesor
Bayardo Ramírez Monagas en un libro Estado Paralelo, publicado en 2005 y recogido en
ponencias, en forma teórica, pero que da pista sobre lo que ocurre en Venezuela desde la
llegada del chavismo al poder: La vinculación y protección por parte del estamento
gubernamental a las bandas que operan en el país, mediante las llamadas “Zonas de Paz” o
la liberación de delincuentes que, ahora, se han ido a otros países a delinquir, desestabilizar
o servir de fichas del poder político en Venezuela.

Coronel retirado Ángel Bellorín: El asesinato de Ojeda es una consecuencia y no una causa.

En la columna «Las causas que no interesa revisar», publicada el 4 de marzo en el portal Curadas el coronel retirado del Ejército, Ángel Bellorín alertó lo siguiente: “El asesinato de
Ojeda es consecuencia no causa”. La consecuencia de un país y de su dirigencia que no
atacó a tiempo al chavismo y sus planes para destruir a la nación, y que se expresaron en
las torturas y persecución a oficiales institucionalistas. “Todo eso de lo cual fue testigo el
Teniente («antes de despertar en una celda»), es parte fundamental de una causa
desechada por una sociedad cómplice, desinformada y desinteresada sobre el tema. Son
muchos los actores sociales que poco disimulan su repudio al militar. Esas verdaderas
causas jamás interesó a una casta política corrupta que nunca vio más allá de sus
intereses, utilizando a su antojo a los militares. Aquella casta que en 1998 dejó a merced del
Chavismo una FAN sin bases morales ni una verdadera carrera profesional.
Esto es lo que percibió el Teniente Ojeda, un cuerpo amorfo arrodillado a sus nuevos amos.
Aquellos políticos y generales arrodillados dejaron a una fuerza armada con mucho pasado
y poco futuro. Estos actuales salvajes de la política la terminaron de destruir”.

@HLGNapita