Hernan Lugo Galicia
La acción persigue que los pequeños acreedores obtengan un “alivio”. Son más de veinte mil acreedores a quienes la industria petrolera estatal les adeuda 20 mil millones de dólares
Hernán Lugo-Galicia
En un intento por impedir que Citgo sea rematada por un tribunal en Estados Unidos, los representantes de los trabajadores petroleros introdujeron el 28 de junio una Petición Jurisdiccional (Moción de Alivio del Fallo), como establecen las Reglas Federales de Procedimiento Civil 60(b)(2) y 60(b)(3) ante el Honorable Juez Leonard P. Stark en el Distrito de Delaware.
Por resolución en 2023, el juzgado de Delaware resolvió fijar la venta de la filial de Pdvsa en EEUU para el 15 de julio, la cual sería en sobre cerrada y para responder a las indemnizaciones solicitadas por las empresas extranjeras y petroleras que fueron expropiadas por Hugo Chávez, como Cristalex, entre otras.
Desde entonces, los trabajadores de Pdvsa, que fueron despedidos de manera ilegal en 2002, de la Alcaldía Metropolitana de Distrito Capital y del diario El Nacional, cuya sede fue expropiada, han instado a las autoridades judiciales norteamericanas que se preserve Citgo en manos de venezolanas y que se cumplan con sus exigencias.
El dirigente sindical Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo (FUTPV), explicó que el recurso se sustenta en evidencia de fraude, tergiversación y mala conducta por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional 2020 (presidida por Jorge Rodríguez), el Parlamento de 2015 (Juan Guaidó, Dinorah Figuera, Gustavo Marcano y Yon Goicoechea), del procurador Reinaldo Muñoz Pedroza, del procurador especial anterior José Ignacio Hernández, de las juntas administradoras de PDVSA, PDVSA ad hoc y CITGO.
“Hay unas actividades fraudulentas continuas y representaciones falsas que han afectado la integridad de los procedimientos judiciales y los derechos de los acreedores, especialmente de los pequeños acreedores, como los trabajadores. Por esta razón, solicitamos una suspensión de 180 días de los procedimientos para permitir una investigación exhaustiva y la correcta adjudicación de las nuevas pruebas e incidencias descubiertas”, afirmó.
La acción persigue que los pequeños acreedores, protegidos tanto por la ley estadounidense como por la ley venezolana, obtengan el alivio solicitado, debido al maltrato recibido en la gestión de Pdvsa, en el gobierno de Hugo Chávez. En total, más de veinte mil acreedores a quienes la industria petrolera les adeuda 20 mil millones de dólares.
“Estos acreedores, en su mayoría trabajadores despedidos y perseguidos por razones políticas desde 2002, han sido sistemáticamente defraudados y sus reclamos han sido ignorados”, agregó.
La moción también incluye una solicitud para presentar un Suplemento al Memorando de Ley bajo sello, que detalle las acciones adicionales de los infractores después de la presentación de la carta al Juez Stark el 12 de octubre de 2023. El suplemento contiene información sensible que es crucial para proteger la integridad de las investigaciones en curso y los derechos de todas las partes involucradas.
“Esta lucha, no es sólo por justicia para los trabajadores y acreedores venezolanos, sino también por la integridad y transparencia en la gestión de los activos de PDVSA y CITGO. No descansaremos hasta que se haga justicia y se protejan los derechos de todos los afectados”, manifestó.
