Oscar Battaglini
Los burócratas (civiles y militares) que controlan el aparato del Estado chavista, no ocultan con disimulos y subterfugios la trama de sus planes para burlar las aspiraciones de cambio político.
Oscar Battaglini
En Venezuela desde hace 25 años no se realizan elecciones presidenciales y de ninguna otra índole, ni siquiera en condiciones relativamente normales como ocurría antes de la llegada de Chávez al poder, y como ocurre, por lo general en la mayoría de los países de América Latina.
Esa anomalía se ha ido extremando a medida que la opción política chavista ha derivado de la hegemonía político-electoral de la que disfrutó al principio de su existencia hacia la condición de minoría que es hoy frente a los sectores democrático del país.
A ese hecho fundamental se debe: 1) que la burocracia que usurpa el poder mire con horror incontenible la tendencia de cambio que ha cobrado cuerpo y se ha hecho dominante en el imaginario político de los sectores mayoritarios de la sociedad venezolana; tendencia que amenaza con derrotarla electoralmente el próximo 28 de julio y con expulsarla definitivamente del poder, y 2) que esa burocracia haya puesto, en una primera fase, todo el poder que posee en función de violentar y de violar en el extremo tanto la normativa como los mecanismos que regulan la participación de los actores políticos en las presidenciales en desarrollo; todo ello con el deliberado propósito de bloquear y/o impedir la intervención de la plataforma unitaria democrática en estas elecciones.
Tal intencionalidad confirma que estas elecciones se realizan no solo en condiciones plagadas de grandes irregularidades que comprometen gravemente la posibilidad de que el país recupere la tan necesaria y deseada normalidad político-institucional democrática, sino que inducen a pensar y a temer que el autoritarismo militarista madurista esté maquinando ante la inminencia de su derrota electoral un plan para alzarse con el poder y de esa manera llevarnos a una crisis política peor a la que hemos sufrido hasta ahora.
En esa primera fase, el plan de la dictadura madurista ha estado orientado a violentar todas los derechos políticos-electorales de la oposición articulada en la Plataforma Unitaria Democrática con propósito expreso de dividirla, imponerle la abstención como política electoral y, en última instancia, sacarla o excluirla de las elecciones del próximo 28 de Julio.
Las inhabilitaciones políticas, en especial la de María Corina Machado y la de Henrique Capriles, la judicialización de los partidos políticos de la plataforma unitaria, el veto impuesto por el CNE chavista a los candidatos a la presidencia propuestos por esta como sustitutos de María Corina Machado, son parte de ese plan dirigido a distorsionar gravemente las elecciones presidenciales con propósitos fraudulentos.
Ese propósito se ha hecho tan evidente y descarado, que ya el puñado de burócratas (civiles y militares) que controla el aparato del Estado chavista, no se toma la molestia de ocultar con disimulos y subterfugios la trama de sus planes para burlar de nuevo aspiraciones de cambio político que las presidenciales en desarrollo han despertado en el país. Este designio de la dictadura madurista se percibe o está muy claramente marcado en el uso ventajista y delictivo que viene haciendo del aparato del Estado en el impulso de su campaña electoral; en el abuso del poder que permanentemente practica mediante el control instrumental que ejerce sobre todos los poderes públicos, particularmente sobre el CNE y el TSJ; en la manipulación, el chantaje y la amenaza que practica entre algunos sectores de empleados públicos y agrupamientos sociales que reciben alguna ayuda del Estado; etc.
La segunda fase ha estado dirigida a sembrar en la sociedad venezolana mediante un montaje massmediático una matriz de opinión en la que Maduro aparece de primero en la preferencia electoral de los venezolanos y como seguro ganador de las elecciones presidenciales. Con esta maniobra de contenido farsesco y denigrante, en la que se nos intenta presentar como un pueblo masoquista y, por lo tanto capaz de ratificar en el poder al régimen y al gobernante causantes de la catástrofe que padece el país, lo que se persigue no es dar cuenta de lo que realmente está ocurriendo política y electoralmente en su interior, sino hacerse del pretexto que le permita a Maduro y a su círculo de poder desconocer la victoria del candidato opositor y declararse autoritariamente ganadores de las elecciones para de ese modo provocar una crisis política mucho más severa, de la cual puedan valerse para continuar usurpando el poder.
La tercera fase, es simplemente la de la acción de fuerza, pero su carácter es fundamentalmente potencial porque su activación depende de lo que finalmente ocurra en la fase precedente. Sin embargo, no se puede descartar de plano que la burocracia dictatorial madurista la ejecute, movida por el temor que le produce la posibilidad cierta de que termine derrotada en las presidenciales. A pesar de todas esas circunstancias negativas, todavía existe la posibilidad de que todas esas amenazas sean conjuradas poniendo por delante, la convicción, en primer lugar, de que su realización efectiva no le conviene a nadie, ni al país como expresión del patrimonio supremo de todos los venezolanos, ni a ninguno de los actores políticos que hacen vida en la sociedad venezolana. Y en segundo lugar, mediante la concertación de un arreglo entre las partes participantes en las presidenciales en el que se acuerde, por ejemplo: 1) que no se produzcan más medidas que afecten la libre participación de los actores políticos y de todos los venezolanos en estas elecciones. 2) Que cesen las agresiones y las restricciones contra los partidos políticos participantes en las presidenciales. 3) Que esas elecciones se lleven a cabo en un clima político de respeto y sin obstrucciones que limiten el libre ejercicio del voto por parte de la ciudadanía. 4) Que el resultado que arroje el acto de votación, realizado en esas condiciones, sea respetado y acatado por todos los actores políticos participantes en la justa electoral del 28 de julio.
EL AUTOR es historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, co-fundador del partido Liga Socialista y exrector del Consejo Nacional Electoral. Autor de los libros “Legitimación de Poder y lucha política en Venezuela” y “El medinismo, modernización, crisis política y golpe de estado”.
