Hernan Lugo Galicia
El abogado William Cárdenas presentó ante la Corte Penal Internacional nuevos elementos para sustanciar el expediente de lesa humanidad e incorporó a los responsables del fraude electoral, de ser cómplices del dictador
Hernán Lugo-Galicia
Nicolás Maduro tenía tres opciones: Ser carcelero, reo internacional o ser libre. Optó por la primera línea, al dar un golpe de Estado el 29Jl cuando desconoció los resultados electorales y se convirtió en un tirano. Es carcelero de un país, al imponer toques virtuales de queda, censura, represión y ordenar la desaparición de adversarios políticos, pero también es reo de su propio recinto. No puede salir de Venezuela debido, entre otras, al rechazo internacional, a la recompensa de 15 millones de dólares por su captura, y a la posibilidad de que, en los próximos días, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, le dicten orden de detención, junto a ministros, jefes policiales, gobernadores, magistrados, fiscal general, por crímenes de lesa humanidad.
El abogado e internacionalista, William Cárdenas, es uno de los tantos venezolanos que brega porque el fiscal Karin Kan autorice las detenciones de Maduro y su entorno, desde hace tiempo. Sin embargo, el 12 de agosto, acudió a la CPI e introdujo nuevos elementos para sustanciar el expediente de lesa humanidad e incorporó a nuevos actores: los cuatro rectores del Poder Electoral, Elvis Amoroso, Rosalba Gil, Carlos Quintero y Acme Nogal, a quienes califica de responsables del fraude electoral, de ser cómplices del tirano en ese acto, y de la muerte de 23 personas, de desapariciones, represión y encarcelamiento de 2.229 venezolanos, que se originaron a partir del 29-Jl, en el plan del oficialismo por mantenerse en el poder.
En el documento, Cárdenas, en representación de la Plataforma de la Unidad Democrática y el Comité contra la Impunidad en Venezuela, denunció tres aspectos: Uno, la responsabilidad de Maduro y del Ejecutivo en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos; dos, la actuación del CNE en el desconocimiento de la elección de Edmundo González y la cadena de represión suscitada por este hecho; y tres, la presencia de mercenarios rusos, miembros del Grupo Wagner, y de Cuba, las Avispas Negras.
Desde hace 22 años, Cárdenas lucha por la libertad de Venezuela. En Madrid, España, introdujo por primera vez una acción legal internacional contra el régimen de Hugo Chávez en enero de 2003; concretamente, en la Audiencia Nacional Española, por la muerte del ciudadano español, José Antonio Gamayo en abril de 2002. “La querella por crímenes de lesa humanidad fue remitida a finales de 2003 por el magistrado del Juzgado IV de Instrucción de la ANE, Fernando Andrés Merete, a la Fiscalía de la CPI, por considerar que había delitos, previstos en el Estatuto de Roma, y que los hechos denunciados eran de tal gravedad que debían ser del conocimiento de la CPI”, explicó. A partir de allí, el régimen chavista entró en la lista de la justicia internacional.
El caso Gamayo, quien recibió disparos el 11 de abril de 2002 en la cabeza que los dejó cuadripléjicos, activó la alerta en España, donde falleció meses después. “Ese expediente fue remitido a la CPI, donde no fue procesado con celeridad. Tuvimos la mala suerte de haber tropezado, primero con el fiscal Luis Moreno Ocampo, y la vice fiscal, Fatou Beasouda Soya, quienes estuvieron en el cargo por 18 años. Cada fiscal dura 9 años. Todas las peticiones naufragaron por la resistencia de estos dos fiscales a abrir cualquier investigación. Ellos guardaban simpatías con el socialismo del siglo XXI, con el Kirchnerismo. Aquello nos causó muchísima discordia. Tejieron un manto de impunidad a los gravísimos crímenes que se estaban cometiendo. Sin embargo, no dejamos de presentar los casos y cada situación de violencia en La Haya. Esas acciones abultaron el expediente del llamado ‘Caso Venezuela’”, afirmó en esta entrevista, cuyo contenido completo está publicado en el canal en Youtube, @hernanlugo-galicia.
Aunque admite que los procesos judiciales en instancias internacionales suelen ser lentos, pide paciencia y confianza en que en las investigaciones de la CPI se hacen con criterios profesionales y apuntan a conseguir las pruebas para llevar a juicios a los responsables.
“En 2021, llegó a la Corte Karim Khan y allí cambió todo. Fue como pasar de la noche al día. El fiscal Khan se abocó; dio los pasos necesarios y el 3 de noviembre de 2021 en Caracas, y en Miraflores, delante del propio Nicolàs Maduro, le anunció el inicio de la averiguación. Ese hecho cambió por completo el panorama porque la investigación avanzó. El gobierno trató de deslindarse, de evitar la jurisdicción de la CPI. Alegó que los crímenes se habían investigado y que la competencia la tenía el sistema judicial venezolano. Encontró la resistencia, no solo nuestra, sino también del fiscal de la CPI, quien demostró que en Venezuela no se investigó y que los documentos presentados por el fiscal, Tareck William Saab, eran absolutamente inconsistentes y, por tanto, no podían evitar que los crímenes fueran investigados”.
A partir de allí, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ratificó la competencia del fiscal Khan en determinar los hechos; y el 1 de marzo de 2024, luego de la apelación del gobierno, la Sala de Apelación dictaminó, en una sentencia de 150 páginas, que Cárdenas califica de “extraordinaria, técnica y profesional”, que la investigación por crímenes de lesa humanidad era procedente, por las pruebas presentadas. “Antes del 28-Jl, se esperaba las órdenes de captura de Maduro y de toda la cadena de mando de la organización criminal que está en Venezuela, pero entendimos que el fiscal no quiso pronunciarse por las elecciones”.
- ¿Vienen esas órdenes de captura?
- Correcto. Eso se esperaba para el 28Jl pero el gobierno, que perdió las elecciones, desató un ataque sistemático y generalizado contra la oposición, produjo más de 20 muertos, cientos de heridos, torturados y más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente, y ahora se endosan más crímenes a esa estructura criminal. Ahora con unas características singulares, que sustentan el escrito introducido ante la CPI: Primero, los delitos desde el 28-Jl. No sólo nosotros, también lo han denunciado la Misión Independiente de Determinación de los hecho de la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones que han hecho seguimiento a la tragedia que vive la sociedad Venezuela que se describe en el desplazamiento forzoso de 8 millones fuera del país, lo que equivale a 25% de la población. Segundo, la amenaza de Maduro de que sí perdía ocurría un baño de sangre. Esa amenaza la ha cumplido y ha desatado toda esta vorágine de violencia, de persecución, de psicoterror y de tragedia para miles de venezolanos. Que lo haya anunciado, lo incrimina desde ya de manera directa. Ante la fiscalía de la CPI y antes quienes conozcan de esta investigación y del juicio -porque iremos a su enjuiciamiento- Maduro no tendrá escapatoria. En esa declaración está la confesión de que él es el autor de la estrategia sistemática de ataques generalizados contra la población civil. Es una política de Estado, dirigida por Maduro.
En la II parte del escrito, Cárdenas identifica a los nuevos actores de los delitos de Estado: 4 rectores del CNE: “Se han convertido en cómplices de Maduro, salvo algunos de ellos, porque -a través de un acto completamente fraudulento- reconocieron a Maduro como triunfador cuando todo el mundo sabe que el ganador fue Edmundo González Urrutia por las actas que están a disposición de todos los países y organizaciones en la página https://resultadosconvzla.com/
- ¿Por cuáles delitos se pueden juzgar a los rectores?
- Los delitos electorales no son crímenes de lesa humanidad pero estos rectores, al estar en la fuente que da legitimidad a quien va a ejercer la Presidencia de la República y al mentir de manera tan flagrante, se convierten en cómplices y son corresponsables, coautores de todos los crímenes que cometidos desde el 28 de julio.
- ¿Se excluye al rector Juan Carlos Delpino porque está a resguardo por temor a represalias?
- Sí, pero los demás están incriminados por haber producido este resultado que ha conducido que la amenaza de Maduro del “baño de sangre” se pusiera en marcha. Y estos hechos han ocurrido en flagrancia, o sea toda la comunidad internacional vio a Maduro por TV, amenazando; y luego a los rectores anunciando -de manera fraudulenta en cadena- que Maduro había sido el ganador. Existe un repudio generalizado en la comunidad a este acto, que ha sido confirmado con los informes del Centro Carter, la ONU e instancias de gobierno que han dicho que esas elecciones están divorciadas de transparencia, de legalidad.
- ¿Cómo se puede demostrar la responsabilidad de los rectores en estos hechos?
- Por anunciar unos resultados fraudulentos y encima porque al día siguiente proclaman a Maduro como Presidente electo para el período 2025-2031. Esto tiene muchas consecuencias porque después de la proclamación, Maduro perdió por completo su legitimidad al mantenerse en el poder por vías de hecho; es un golpe de Estado, acompañado por el alto mando de la FANB, que ya está señalado por los crímenes cometidos. Seguramente el fiscal ordenará a la Sala de Cuestiones Preliminares las capturas; allí están señalados el ministro de la Defensa, los directores de organismo de inteligencia militar que han causado tanta tragedia, tanto dolor; el ministro del interior; el fiscal Saab y los magistrados que han participado en esta deriva de crímenes y delitos. Al carecer de legitimidad, Maduro perdió los privilegios de inmunidad que pudiera invocar en algún momento.
- Pierde la inmunidad como presidente, como jefe de Estado…
- Claro, porque el Presidente electo es Edmundo González; eso es lo único que es cierto. Lo demás es una estratagema montada entre la FANB, el CNE y el Poder Ejecutivo. Maduro perdió la inmunidad porque se colocó al margen de la ley, a la par que quedó incriminado como la cabeza de los crímenes ahora y hace tiempo.
- Él no puede salir del país porque sería detenido si la CPI pide su arresto pero mientras estén en Venezuela ¿Qué se puede hacer? Estará ‘enconchao’ en Miraflores sin ser tocado por esas acciones internacionales.
- La tercera parte de nuestra denuncia tiene que ver con esta pregunta, con la utilización de mercenarios de Rusia y de Cuba, llevados para reprimir al pueblo venezolano. Son los efectivos del Grupo Wagner, y Avispas Negras. El Estatuto de Roma lo define perfectamente como “Crimen de Agresión”, desde la XIX Asamblea de la ONU, establecida a través de una resolución, así como los supuestos de hechos. Resulta que uno de ellos es el envío de mercenarios, y los responsables penales y personales de esa acción son las personas que tienen el poder político y militar suficiente para ordenar el traslado de esos mercenarios.
- ¿Está reconocido como un delito el contrato de terceros para vulnerar los derechos fundamentales, en este caso de venezolanos?
- Claro. Imagínese. ¡Qué tragedia! ¡Qué perversión más grande pagar mercenarios para que vengan a matar a venezolanos! En 2010, la Asamblea de Estados Partes del Estatuto, se reunió en la ciudad de Kampala, en Uganda, y a través de una enmienda incorporaron el delito de agresión, mediante un procedimiento normal, que quedó en vigencia desde el 17 de julio de 2018. Desde ese año, la CPI tiene juridicción en Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crímenes de Agresión. Esto que viven los venezolanos ya no solo importa a los venezolanos; esto excede la frontera del país porque la utilización definida en el Estatuto de Roma de mercenarios para intervenir en un país tratando de influir en las decisiones políticas que toma un pueblo; en este caso, alterar la voluntad popular expresada el 28jl, es gravísimo. ¿Estarán dispuestos los países de la OEA a aceptar esta condición? Que vengan los mercenarios de Moscú a intervenir en un país americano y causar desmanes, el ataque a cualquier pueblo latinoamericano y que esto no tengan una respuesta. Es un auténtico despropósito. Esto lo tienen que mirar con determinación los países de la OEA. Es un precedente nefasto, auténticamente nefasto. Ellos tienen las condiciones, las capacidades y competencias necesarias para acudir al Consejo de Seguridad de la ONU y denunciar esta situación, compleja, que incrimina mucho más a Maduro porque para que esos mercenarios vengan al país, el cómplice necesario es Maduro.
- Incluso al alto mando de la FANB porque en vídeo pudo verse a agentes de Wagner que protegían una estatua de Chávez (en Nueva Esparta); que está en oficinas petroleras en Chacao y se han desplazado por el país.
- Por supuesto. Hay un hecho más grave: Sabemos que patrullan por las noches calles de pueblos y ciudades de Venezuela. Buscan a personas en su domicilio. Atacan a muchísimas personas y las detienen arbitrariamente. Es algo grave. En Venezuela, se da otra situación no presentada: la desaparición de personas; de jóvenes que no se saben dónde están. Volodimir Zelenski (presidente de Ucrania) advirtió acerca de la presencia de Wagner en Venezuela. Él ha tenido que enfrentarlos porque el ejército ruso pelea, acompañado por Wagner. El fiscal Khan dictó orden contra Putin y lo acusa de la extracción de niños ucranianos que son llevados a Moscú. En Venezuela están presentes, 2.793 efectivos de Wagner, que están agrediendo a una población desarmada. Hay dos pueblos que luchan; Ucrania y Venezuela, que lo hace desarmado contra la FANB, cuerpos policiales, colectivos, la GNB y contra esos grupos de mercenarios. Una situación de crimen total. Es un hecho odioso contra un pueblo que lucha por la libertad. Eso lo hemos denunciado y hay actores que deben hacer de conocimiento a otros países de estos hechos.
- ¿Quiénes deben denunciar?
- La OEA, la dirigencia política. Ahora el único presidente electo es Edmundo González. Maduro es un usurpador de las funciones de gobierno. Dió un golpe y se mantiene por el uso de la fuerza. Los hechos descritos son los nuevos aportes al expediente Caso Venezuela 1, pendiente de una decisión del fiscal de la CPI. La Plataforma Democràtica y el Comité Internacional contra la Impunidad ha dicho a la COU: ¡Llegó el momento de la toma de decisiones! De detener este “baño de sangre”; de poner a los responsables a la orden de tribunales. Una orden de captura tiene un efecto demoledor porque 123 estados estarán llamados a cumplir, a ayudar al fiscal para que Maduro y sus colaboradores sean detenidos.
- ¿Cuántas capturas deben presentarse?
- El 12 de agosto ante la fiscal de la CPI denunciamos a los funcionarios de la cadena de mando; son numerosos. Están Maduro, ministros, Vicepresidente, el fiscal, jefes directos de policías y la Dgcim, jueces y magistrados del TSJ, que han dictado órdenes de detención arbitrarias. Maduro inventó un procedimiento para que el TSJ convalide el resultado del CEN, mientras sus aliados, Gustavo Petro, Lula Da Silva y Manuel López pretenden que las elecciones se anulen y se repitan. Cualquier decisión convierte a los magistrados en cómplices; tengan cuidado porque de las consecuencias no se van a librar.
- El gobierno amenaza con investigar, detener a María Corina Machado y a González, ¿se podrán evitar estos actos?
- Sería el peor de los disparates; es huir hacia adelante y allí hay un abismo, el foso de la cárcel de la CPI. Ante estos despropósitos sin sentidos, ya no tienen escapatorias. Esta organización criminal tocó fin. El pueblo le dió la espalda. Esa retaliación, esa persecución se sostiene sobre la punta de bayonetas. Esto es peligroso. Sin embargo, no sería extraño que, en cualquier momento, se produzca una reacción en la FANB. Hay gente que no tiene porqué acompañar esta tragedia trasnochada del socialismo del siglo XXI. No tendría nada de raro que la FANB analice las órdenes de captura y los entreguen a La Haya.
- ¿En cuáles calabozos irían presos: en Venezuela o en la CPI?
- La sede de La Haya tiene centros de reclusión para sometidos a proceso o para quienes pagan condenas. En ese lugar deben cumplir sentencia. Aunque eso no excluye algún acuerdo, la justicia se materializa y se cumple allí. La Haya se ocupa de altos cargos, no de perpetradores directos, sino de quien dio la orden.
hegreluga@gmail.com
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