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La adjudicación realizada omite un requisito esencial que es la totalización del 100% de las actas del escrutinio, su cotejo con las actas de verificación ciudadana que se hayan realizado y los demás instrumentos comprobantes.
Edwin Sambrano Vidal
Recientemente participamos en el proceso para la elección de un nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los resultados son alarmantes, porque todos vimos una gran participación cívica de la población para ejercer la soberanía popular.
Terminado el ejercicio del voto, los resultados suministrados por testigos, de acuerdo a las actas correspondientes, reflejan una proporción de votos para Edmundo González muy por encima de Nicolás Maduro. Esas actas tienen total validez, porque fueron emitidas por el CNE al momento del cierre de las mesas de votación, en presencia de los miembros de mesa y de los testigos.
EVIDENTE INCONGRUENCIA
Hay una incongruencia evidente entre lo reflejado en esas actas y lo que anunció el presidente del CNE. En el 73 por ciento de las actas se observa una diferencia muy grande, entre los 6.274.000 votos obtenidos por Edmundo González y los 2.759.000 que obtuvo Nicolás Maduro, aproximadamente. La diferencia es tanta que, si en el 27 por ciento restante de las actas, se invirtiera la proporción de votos obtenidos por ambos candidatos o, incluso, si se asignara a Nicolás Maduro la totalidad de los votos, no alcanzarían a superar la diferencia q existe de casi 3.500.000 votos.
El desconocimiento del resultado crea un grave y sangriento conflicto
Por otra parte, en los resultados oficiales que fueron divulgados por un canal de TV vinculado al gobierno, Telesur, los porcentajes que aparecen son 4.6 para cada uno de 7 candidatos, 51.2 para Nicolás Maduro y 44.2 para Edmundo González, lo que arroja una sumatoria de 127.2%, o sea, 27% más del 100%. Lo que es totalmente absurdo. El candidato perdedor en las actas ha planteado una confusión sobre los resultados. Sin embargo, los resultados están claros porque ahí están las actas, no debe haber de parte de quienes detentan el gobierno y de quienes representan las otras instituciones, una actitud de desconocerlos, porque eso implica una violación flagrante de su obligación de decir la verdad y un acto que generaría un gran conflicto interno en nuestro país. En la campaña, Nicolás Maduro habló de un baño de sangre, pues con esa conducta del gobierno, aparentemente, el baño de sangre está por producirse, y eso es lo que no queremos los venezolanos. Está por producirse por la represión que está efectuando el gobierno, los cuerpos uniformados y los colectivos armados que actúan como paramilitares al servicio del PSUV.
Está prohibido el uso de armas contra manifestantes desarmados
La gente tiene derecho constitucional a manifestar su descontento e indignación y a reclamar sus derechos, a expresarlo de manera pacífica y sin armas, las autoridades deben realizar actos de contención, persuasión y disuasión de cualquier situación que pueda dañar a las personas o los bienes, especialmente los bienes púbicos. Pero tienen que hacerlo conforme a las reglas establecidas en la Constitución, las leyes y en los protocolos de actuación de los órganos de seguridad, son órganos armados que, si usan las armas pueden producir lesiones graves y hasta la muerte a los ciudadanos que están desarmados e indefensos. De manera que ahí hay una altísima responsabilidad de parte de quien ejerce el gobierno para que esto no se produzca y si se produce es responsabilidad del gobierno que tiene la obligación constitucional de proteger a la población y garantizarle el ejercicio de los derechos constitucionales.
También es necesario hacer un llamado al Ministerio Público, que es un órgano de buena fe y no debe parcializarse con el gobierno o con las policías, incluso, debe estar en función de la ciudadanía porque es garante del ejercicio de los derechos humanos. Deben desplegarse fiscales y funcionarios del Ministerio Público, por todas partes, justamente para ejercer actos de mediación entre las fuerzas represivas o de orden público y los ciudadanos que están manifestando o protestando. Con mayor razón llamamos a la Defensoría del Pueblo para que actúe con firmeza para contener a los órganos militares o policiales, para detener a los colectivos armados, al mismo tiempo orientar a los manifestantes y no existan acciones que puedan generar situaciones de violencia.
Garantizar la paz es actuar con la verdad, con el resultado de las actas
Garantizar la paz no es caerle a plomo a los manifestantes, agredirlos, golpearlos y detenerlos. Garantizar la paz no es imponer por la fuerza un resultado del proceso electoral que no es consistente. Garantizar la paz es actuar mediante el diálogo, la persuasión, la mediación y especialmente con la verdad, con el resultado de las actas. Esto es lo correcto en una República ordenada, con leyes, y en nuestra Constitución existen medios para evitar las confrontaciones graves y la violencia entre los ciudadanos y el gobierno, para impedir masacres y detenciones arbitrarias en las manifestaciones; pero si los que ejercen la autoridad no cumplen estas normas constitucionales y protocolos civiles de manejo de conflictos, entonces están provocando la violencia con fines no democráticos ni de bienestar social, entonces esas autoridades no actúan a favor de la paz. Los llamo a que cumplan con la Constitución y la ley, a que no sigan generando descontento, lesiones, muerte y sufrimiento. Porque al momento de redactar este escrito, ya hay seis fallecidos, decenas de heridos y cientos de detenidos según reportan el Foro Penal y el Ministerio Público.
Simulación de hecho punible para generar terror y justificar la represión
Les hago un llamado a quienes están en las instituciones, a cumplir con la ley y no crear inverosímiles situaciones de golpe de estado, insurrección o de supuestos ataques cibernéticos que parecen una especie simulación de hechos punibles como excusas de escaladas represivas contrarias a las libertades públicas y la democracia. Aquí, la oposición democrática encabezada por Edmundo González, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática e integrada por muchas otras organizaciones civiles, políticas, sociales y de derechos humanos, no estamos planteando violencia, insurrecciones o golpes de Estado, nada de eso. Lo que planteamos es que se presenten las actas, que no las presentan, y que haya coherencia entre el voto de los venezolanos marcado en las máquinas de votación y depositados en las cajas de resguardo de cada mesa con lo que diga el vocero del CNE.
La adjudicación realizada omite un requisito esencial que es la totalización del 100% de las actas del escrutinio, su cotejo con las actas de verificación ciudadana que se hayan realizado y los demás instrumentos comprobantes. Es decir, sin esto no puede adjudicarse y mucho menos, proclamarse a ningún candidato como ganador. La confianza surge de lo auditable que sean los soportes de los resultados, porque deben coincidir todos los instrumentos, cosa que no se ha hecho ni se puede hacer ya que ni siquiera se han publicado los resultados, pero sí se hizo una adjudicación, una proclamación y la toma de posesión del cargo en una serie de actuaciones para crear una ficción de legitimidad. Esto puede deducirse ya que, no existiendo la totalidad de las actas, habiendo afirmado el vocero del CNE que hubo un ataque cibernético a la plataforma que interrumpió las transmisiones, con más razón había que consolidar los resultados y consultar con la oposición que también tiene derecho de intervenir a fin de determinar el curso a seguir y no realizar actos unilaterales en favor de una de las partes.
Notable conducta política no violenta de la oposición democrática
Las elecciones no se hacen para justificar una posesión del cargo sino para que los electores ejerzan su voluntad y reconocer esa voluntad expresada por los electores. Ante esa situación deben hacerse los anuncios previa consulta con todos los actores participantes porque los riesgos de actuación unilateral sin que se creen conflictos sociales por la inseguridad e incertidumbre creada, y eso es lo que está pasando. Ante la acción de protestas y exigencias legítimas, esperables de los ciudadanos, se responde con provocaciones, amenazas, creación de matrices de información conspirativas y de golpes de estado, acciones que ninguno de los actores de la oposición ha planteado. Todo lo contrario, han sido notables, las muestras de no violencia y de evitar confrontaciones, incluso sobre órdenes ilegales, de dudosa legalidad y ventajismo, entre los cuales vale mencionar: la exclusión de casi cinco millones de ciudadanos del acto electoral, el manejo arbitrario de los recursos y bienes públicos con fines electorales, así como de la influencia de la condición de funcionarios públicos en los actos de campaña, la colocación de una fecha de votación coincidente con el nacimiento de Hugo Chávez, un cronograma electoral comprimido y un lapso de más de cinco meses entre la elección y la toma de posesión, sin referirnos a la persecución y encarcelamiento de decenas de dirigentes y militantes, al hostigamiento y la obstrucción de los actos de campaña electoral y una larga lista de agresiones y restricciones.
No caer en confusiones ni desesperanzas
Todo esto es fundamento para llamar a toda la ciudadanía para que no caiga en confusiones, hay un resultado auditable y cierto del 73% de las actas (cantidad que subió a 83% y seguirá aumentando) que están en posesión del equipo electoral de Edmundo González Urrutia, eso debe dar lugar a conversaciones y diálogo que permita resolver este grave conflicto que se está agudizando porque el gobierno a las protestas responde con represión y a la incertidumbre con confusión, porque se quiere imponer una verdad que no lo es. Las luchas sociales por transformaciones importantes requieren de una tenacidad extraordinaria, como es extraordinario el cambio que nos proponemos para recuperar y reconstruir a nuestro país. La desesperanza es la cara oculta de la esclavitud.
De modo que ¡Ni represión ni confusión, queremos vigencia de la Constitución!
@edwinsambranov
EL AUTOR es abogado con experticia en Derecho Laboral y Constitucional, defensor de derechos humanos, ex diputado nacional, integrante del Espacio Consenso por un Nuevo País y del Secretariado del Frente Amplio Venezuela Libre del Estado Bolívar, coordinador de la organización ciudadana Unidad y Cambio, fundador de la Casa del Trabajador, directivo de la coalición de ONG, Lazos Guayana y asesor del Movimiento de Trabajadores Unidad en la Coincidencia.
