Hernan Lugo Galicia
EL NICHO DEL FRAUDE es el despacho del presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien recibió datos de Miraflores y salió a proclamar a Maduro sin esperar la totalización, denunciando a la vez un presunto “hackeo” a la transmisión de data, que el propio organismo y la Cantv ya habían informado que no está internet y es de acceso limitado.
Hernán Lugo-Galicia
Al estilo del delincuente que grita: “Agarrenlo, allá va el ladrón”, Nicolás Maduro acudió al Poder Judicial para que “certificara” que el fraude cometido por él, y avalado por el Poder Electoral y el alto mando militar, era legal y, en consecuencia, las actas reales, presentadas por la oposición quedaran sin efecto y él pasaría a ser proclamado por los poderes que controla.
Maduro entierra al chavismo como proyecto político y tratará de instaurar un gobierno tiránico, con tendencia delincuencial y criminal, en un intento por revertir cualquier desobediencia popular, la cual, no podrá controlar debido a que, luego de 20 años, sectores de la oposición y del chavismo se han unido, eligieron a EGU como Presidente Constitucional de Venezuela y harán valer la voluntad popular.
“Estamos ante un Estado criminal que no cesa en su afán persecutorio y en la construcción de “enemigos” para responsabilizar siempre a otros de los errores de gestión que ellos cometen”, denunciaron 30 personalidades, académicos, como Ángel Rafael Lombardi Boscán, director del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia y Premio Nacional de Historia; Benjamín Scharifker; Carlos Alberto Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad; Gabriela Ramírez, ex Defensora del Pueblo y ex diputada;
Gustavo Márquez, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución; Héctor Navarro
y Nicmer Evans, Movimiento Democracia.
La directora del Instituto Casla, Tamara Sujú, advirtió: “Sin respuestas contundentes, Venezuela va encaminada a un genocidio. Los chavistas se van a llevar a todo el mundo por delante: Estamos en un Estado forajido».
Maduro confirmó su vocación autoritaria al aprobar en Consejo de Estado:
- Creación de una comisión de asesores rusos/chinos para crear el sistema de bioseguridad electrónica y del sistema electoral. Vigilancia social.
- Creación de un fondo (10 millones de dólares) para atender a las víctimas de los “comanditos fascistas”.
- Comisión especial, coordinada por Jorge Rodríguez, para la “defensa de la verdad de Venezuela” en medios y redes sociales y la aprobación de la Ley contra el odio en redes sociales, en la AN.
- Plan especial de patrullaje de las FANB y los cuerpos de seguridad en las urbanizaciones y sectores populares.
- Activación en la VEN App de un sistema para la denuncia de los violentos en las comunidades.
- Y la construcción de dos nuevas cárceles, a la cual, pretende llevar a González Urrutia y a María Corina Machado.
Como prueba, Jorge Rodríguez pidió detener a González y a Machado: “Ese era un comando de acción violenta e intentar sembrar una guerra civil”, adujo sin presentar pruebas.
Origen del fraude
El nicho del fraude es, sin dudas, el despacho del presidente del CNE, Elvis Amoroso, al amanecer del 29-Jl. El primer reporte de la Sala de Totalización reveló que EGU tenía una diferencia de 22%, en las primeras 30% de las actas enviadas.
El rector recibe datos de Miraflores, y sale a proclamar a Maduro. Indica que 80% de las actas le dan 5 millones a su jefe, y 4 millones a la oposición y atribuye el retardo a un hackeo al sistema electoral desde Macedonia que, a la postre, resultó falso: el gobierno de ese país y tres empresas de informática que monitorean ciberataques mundiales, Kaspersky, el tablero de Netscout Cyber Threat Horizon y Talos, lo negaron. Ya Cantv había asegurado que el sistema trabaja aislado, precisamente para evitar cualquier intromisión. En ese 80% de las actas escrutadas, la diferencia entre Maduro y González Urrutia era de 704.114 votos; pero quedaba 20% restante, 2.514.694 votos, que podía modificar el resultado final de las elecciones, pero Amoroso habló de “tendencia irreversible”.
El candidato de Centrado, Enrique Márquez, reveló que su representante ante el CNE le informó que el acta no se imprimió en Totalización. Primer delito, primer acto del fraude.
“El CNE incumplió con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento, pues antes de la proclamación debía esperar la emisión del boletín final de totalización que refleja los resultados electorales definitivos. No se podía adjudicar la victoria a ningún candidato sin haber escrutado la totalidad de las actas emitidas por las mesas electorales. Mucho menos, el presidente del CNE podía -a solas- emitir un Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación, sin estar acompañado del resto de los rectores principales y los demás testigos de los candidatos. En consecuencia, dicha proclamación no se ajustó a la legislación electoral por haber sido realizada por una autoridad que se extralimitó en sus competencias e invadió las del órgano comicial, que es un cuerpo colegiado, y cuyos efectos devienen nulos”, alertó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV en un comunicado.
Desde Miraflores, apostaba que el fraude no sería descubierto ya que habían ordenado que las actas de los centros de votación no fueran entregadas a testigos y miembros de mesa de la oposición. II acto del fraude. Sin embargo, fallaron en este plan.
María Corina Machado y los comanditos recogieron, en primera instancia, 30% de las actas, hasta alcanzar luego más de 90% de las evidencias, que colocaron en una página web para que fuera consultada por los electores, gobiernos del mundo, organizaciones, como la OEA, ONU y lo más importante: La Corte Penal Internacional.
El 30 de julio, Machado anuncia, con 84 % de las actas: “Son la prueba irrefutable e irreversible de que ganamos. No solo ganamos, arrasamos. El mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos”, dijo frente al PNUD, para mayor rabia de Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, que temen por una acción internacional que pueda afectarlos.
La sangre de Maduro
Ante este hecho, Maduro no le quedó otra opción que seguir el guión del fraude: Primero, insta al alto mando a reconocerle como “presidente electo”; luego, al resto de los poderes; y por ello, introdujo un recurso ante el TSJ, el cual citó el 2 de agosto a los 10 candidatos. Sólo acudieron 9. EGU fue el gran ausente, al igual que la verdad, la justicia, pues el oficialismo mostró unas actas de dudosa procedencia y el TSJ dictaminará que son válidas, sin efectuar una auditoría con técnicos creíbles, de grupos internacionales.
Al desconocer la voluntad popular y amenazar con “baño de sangre” y cárcel, la lucha se traslada a otro escenario: Patearon la vía democrática y no pueden reclamar otro trato que uno radical. De allí, la reacción de sectores populares, como Petare, Catia, El Cementerio y el 23 de Enero, el 29 y 30-Jl; y de ciudades en el país, como Coro, Falcón, donde tumbaron una estatua de Hugo Chávez, acto que fue emulado en otras 6 entidades, como Vargas, considerado bastión del chavismo. El Observatorio de Venezolano de Conflictos contabilizó 187 protestas en 20 estados del país.
“¡Quiere quedarse como sea! Por querer mantenerse en el poder, Maduro está dispuesto a arrastrar a toda la institucionalidad del Estado venezolano. Ya los rectores del CNE quedaron con el mayor desprestigio, ahora se presenta a la Sala Electoral del TSJ. Quiere comprometerlos para lograr su propósito de quedarse como sea en Miraflores. ¿Quién más irá cuesta abajo en la rodada madurista?”, afirmó Rafael Uzcátegui, secretario general PPT y miembro APR.
La comunidad internacional ha condenado el fraude, a excepción de los aliados de Maduro, Cuba, Rusia y China, entre otros países gobernados por dictadores, como Corea del Norte, Nicaragua y Bolivia.
Vladímir Putin extendió, como presidente de los BRICS, una invitación para que asista a una reunión en Kazán, entre el 23 y 24 de octubre, de este grupo, que persigue quebrar la economía de EEUU, y así darle un reconocimiento internacional que tanto desea y necesita Miraflores.
Los presidentes de Colombia y Brasil, si bien no apoyaron la resolución de la OEA que condenaba el fraude, si han emplazado al CNE y a Maduro a presentar las actas y facilitar una auditoría, en aras de garantizar la paz y estabilidad del país. Petro y Lula Da Silva saben que sus naciones sufrirán el éxodo masivo de venezolanos, por lo que han actuado con cautela para participar como intermediarios entre la oposición y el oficialismo. De hecho, han planteado un encuentro Maduro-González Urrutia, sin la presencia de MCM, lo cual han descartado en el Comando por Venezuela.
«El Gobierno de Colombia aboga por mantener el diálogo entre las partes y por evitar la violencia en Venezuela. Y de un escrutinio transparente, el conteo de votos y la veeduría internacional sobre las actas y los resultados finales del proceso electoral», dijo en un comunicado.
Estados Unidos y Perú, en cambio, han reconocido la elección de EGU como Presidente Constitucional, y han anunciado que aplicarán nuevas sanciones personales a Maduro y su entorno. “Maduro sabe perfectamente que mientras más transparencia haya, más posibilidades de tranquilidad para gobernar Venezuela tendrá”, dijo Lula Da Silva, que aceptó representar a Argentina en Venezuela y asumir la protección de la dirigencia de Vente que está asilada,
El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, indicó: “Hasta ahora el régimen, el Gobierno, el Consejo Nacional Electoral, nadie ha presentado unas actas susceptibles de ser verificadas”.
Acto ilegal del TSJ
Al acudir al Poder Judicial, Maduro cometió varios errores, indicaron expertos, como Tulio Álvarez, Gerardo Blyde, e Ignacio Hernández. El primero, hacerse representar por el Procurador General, quien sólo puede asumir la defensa del Estado, no acciones personales del Presidente; y porque solicitó un recurso contencioso electoral, con amparo, el cual, afecta el acto de proclamación como ganador, por ser la materia que debe aclararse; es decir, si era procedente o no ese acto del CNE.
Los constitucionalistas coincidieron: “El TSJ no tiene competencia para sustituir al CNE en la totalización de las actas electorales”.
Alvarez alegó:
- “No es un cuerpo independiente e imparcial, porque validó las inhabilitaciones de Amoroso como Contralor.
- “Diseñó el proceso de intervención de los partidos: Acción Democrática (Sentencia 71 15-6-2020), Primero Justicia (Sent 72 16-6-2020) y Voluntad Popular (Sent 77 7-7-2020); y otros más.
- “Abrió un proceso de reestructuración de los partidos y designó “directivas ad hoc”.
- Confirió a esas directivas ilegítimas la facultad de postular a los candidatos presidenciales.
- “En fin, ese TSJ, ha usurpado funciones legislativas, intervino la dirección de los partidos políticos, confirmó inhabilitaciones y modificó las reglas de los procesos electorales. Allí pretenden radicar la fraudulenta manipulación de la soberanía manifiesta el 28 de julio”.
En la sesión de la Sala Electoral, Maduro firmó el acta de notificación del TSJ, junto a José Brito, Antonio Ecarri, Claudio Fermín, Benjamín Rausseo, Eduardo Martínez, Javier Bertucci, y Daniel Ceballos, lo que se entiende como una aceptación de la sentencia judicial.
En cambio, Enrique Márquez se negó a estampar su firma: “Ratifico mi compromiso firme con la Constitución, con la paz en el país. Mi compromiso con la voluntad popular, expresada el 28 de julio, y aprovecho la majestad del TSJ para exigirle al CNE que publique los resultados electorales dados el día de hoy. Espero que este asunto de hoy -que no sé exactamente qué es- en la Sala Electoral no sea utilizado para que el CNE se esconda bajo la toga de los magistrados: las actas son fundamentales, para la transparencia y la paz», sentenció.
En la antesala al acto en el TSJ, el CNE anunció el “II boletín”, con 96,87% de las actas transmitidas en el cual, según Elvis Amoroso, Maduro obtuvo 51,95 %, 6.408.844 votos; González, 5.326.104 (43,18 %); y los otros 8 candidatos, 4,86 % de los votos. El rector Carlos Delpino no firmó el informe comicial, pero sí la representante de UNT, Haime Nogal.
El Poder Electoral no presentó, ni publicó las actas discriminadas por estados y municipios, hechos fue cuestionados por el Centro Carter en dos ocasiones. El CC dijo el 29-Jl: “La elección no puede ser considerada como democrática”.
El 2 de agosto, la asesora del CC, Jennie Lincoln, y quien estuvo como observadora el 28-Jl, dijo a NTN24: “Si es un número global que no tiene explicación de las mesas, tampoco es transparente. El CNE anterior, el de 2021, durante las regionales y municipales, publicó en su página web cada mesa de todo el país para tener una transparencia del conteo de los votos, pero, por alguna razón, este CNE de ahora no quiere divulgar la información a la profundidad que se requiere no solo dentro de lo electoral, sino para el pueblo venezolano”.
Derecho a la manifestación
Al igual que la verdad que ha sido la primera víctima, en Venezuela priva la represión y la persecución, como parte del Estado, comandado por Maduro.
Desde Chávez se instauró un Estado Militar-Policial, que permite la actuación de bandas delictivas, llamadas colectivos. No obstante, desde el 28-Jl, se observa hasta la presencia ilegal de agentes de Cuba y de Wagner, el brazo armado privado ruso, que actúa cuando es contratado en cualquier país. En un vídeo, grabado en Nueva Esparta, donde se desplegó un cordón para resguardar la estatua de Chávez, pudo verse a un miembro de este grupo, que Vladimir Putin usa en Ucrania contra ese país.
La represión aumentó el 29-Jl, pero si bien ha bajado en los primeros días de agosto, la policía y militares vigilan las principales ciudades del país, con armas de guerra y hasta las usan frente a civiles desarmados.
De 300 protestas espontáneas, registradas por el Observatorio de Conflictos, 115 fueron violentamente reprimidas por el Estado; 16 personas fallecidas (9 de estas personas murieron por disparos de arma de fuego) y 40 personas gravemente heridas.
Foro Penal registró 835 arrestos, entre ellos 79 adolescentes y 16 fallecidos, desde el 22-Jl hasta el 2 de agosto. La Fiscalía General reporta 1.200 detenidos y se les imputa el delito de terroristas, por lo que serán enviados a cárceles comunes.
El fiscal del madurismo, Tareck William Saab, vincula a los protestantes con factores de la derecha, de recibir financiamiento, órdenes de la oposición y “drogas para cometer sus fechorías”, a pesar de que las manifestaciones han surgido de zonas populares que, en otrora, apoyaban al chavismo y ahora se han volcado a votar por la oposición.
En este escenario, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, expresó preocupación por el aumento de las tensiones, el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia de individuos armados que apoyan al gobierno, conocidos como colectivos.
