Humberto González Briceño
No hay sorpresas. Ya lo había hecho la Fuerza Armada chavista y ahora le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia avalar el fraude electoral perpetrado por el chavismo el pasado 28 de julio.
Humberto González Briceño
Desde la perspectiva de un régimen político democrático con un estado de derecho lo que ha ocurrido en Venezuela es absolutamente inadmisible. Pero esa quizás sea la raíz del problema que la mayoría de los operadores políticos de la oposición falla en identificar.
Venezuela hace mucho tiempo dejó de ser una democracia con estado de derecho. El régimen político que se ha impuesto es lo más parecido a un sistema totalitario que nosotros hemos caracterizado como el Estado chavista.
Ese Estado no está al servicio de la nación venezolana sino de la camarilla gobernante y el PSUV. Las instituciones del régimen político chavista, al estar controladas en su totalidad por elementos del chavismo, no permiten los pesos y contrapesos de poderes públicos que son la garantía en cualquier sistema democrático.
Siempre hemos argumentado en contra de la vía electoral por considerarla una cínica mascarada para dar apariencia democrática a un régimen totalitario. Advertimos desde hace varios meses la inevitabilidad del fraude electoral para perpetuar al chavismo en el poder. La falsa oposición siempre envalentonada con la vía electoral y subestimando la criminalidad del chavismo se abrazó a la romántica tesis de “voto mata fraude”, significando por voto el voto masivo o el triunfo por avalancha.
Sin embargo, tenemos que admitir que nuestras previsiones sobre un fraude inevitable jamás consideraron la forma vulgar y grotesca adoptada por Elvis Amoroso para anunciar el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Anticipamos que el fraude ocurriría en la forma más sutil y “afrancesada” a la que Tibisay Lucena nos tenía acostumbrados.
Esperábamos que los boletines del CNE estarían sustentados en las actas emitidas en forma fraudulenta y conveniente por las máquinas, como siempre lo había hecho la Lucena para al menos guardar las formas.
Lo que ocurrió fue una chapuza de tan bajo calibre que el rector Amoroso simplemente proclamó ganador a Nicolás Maduro sin los resultados de las actas en la mano. Extraoficialmente se dice, aunque no se ha podido confirmar, que los resultados que Amoroso leyó la madrugada del 29 de julio se los pasaron en una servilleta mojada e impregnada de grasa y eso explicaría las dramáticas inconsistencias con los números que se detectaron en las horas siguientes.
Perpetrado el fraude le correspondió a las FANB chavista recordarle a los venezolanos que ellas haría respetar la voluntad del árbitro electoral (CNE chavista), por supuesto no la voluntad de los venezolanos. Así quedaba plenamente consumado el robo electoral a mano armada con el uso de la violencia del Estado chavista sobre la población civil desarmada.
Pero era necesario darle un barniz legal al delito para hacerlo potable, sobre todo entre los operadores militares a quienes se les ha adoctrinado para defender las órdenes de los órganos del Estado chavista por encima de la ley. La búsqueda de este endoso jurídico es lo que en forma inaudita lleva a Nicolás Maduro a solicitar a su TSJ que “aclare” la situación.
En realidad lo que el régimen chavista buscaba no era otra cosa que “legalizar» el crimen electoral cometido por el CNE con la ayuda de las fuerzas armadas chavistas el 29 de julio.
Ese es el papel que le ha sido asignado al TSJ chavista, esto es certificar el fraude perpetrado mediante una sentencia “inapelable” como tantas veces ha insistido la presidenta de esa institución.
El chavismo ha sentado numerosos precedentes violando su propia Constitución y sus propias leyes para atornillarse en el poder. Pero con esta decisión del TSJ certificando el fraude electoral mediante un trabajo de “peritaje” el régimen chavista alcanza un nuevo hito en su esquema de pseudo legalidad. Se trata de la primera vez que el máximo tribunal de la república, que por definición sólo puede conocer y decidir sobre asuntos de estricto derecho, asume diligencias que tienen que ver con los hechos como el peritaje de actas y que siempre han sido competencia de tribunales y juzgados de menor jerarquía.
Con esta decisión los magistrados chavistas convalidan el fraude electoral como una situación definitiva e inapelable, con carácter de cosa juzgada. La sentencia del TSJ chavista publicada el 22 de agosto también sugiere el posible encarcelamiento de Edmundo Gonzalez Urrutia por desacato al máximo tribunal y de María Corina Machado por supuesto forjamiento de documento público al publicar en una página web las copias de las actas en manos de la oposición.
Esta es otra demostración que dentro de la pseudo legalidad del régimen chavista jamás habrá la menor posibilidad de avanzar para lograr la recuperación democrática de Venezuela.
EL AUTOR es abogado y analista político, con maestría en Negociación y Conflicto en California State University.
