Humberto González Briceño
Mientras la cúpula de la PUD duda en Caracas, en las regiones se gesta otra dinámica: la revuelta clientelar.
Gobernaciones y alcaldías entregadas a la oposición en procesos controlados por el régimen han generado un ecosistema de lealtades que no se alimenta de principios, sino de presupuestos, nóminas y prebendas. Los operadores regionales quieren elecciones no por vocación democrática, sino por continuidad presupuestaria. No disputan el poder al chavismo: se han convertido en sus satélites funcionales.
Humberto González Briceño
La historia se repite, primero como estrategia fallida, luego como negocio electoral. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en su obstinada ingenuidad o en su cínica conveniencia, vuelve a caer en la trampa que el régimen le tiende desde hace más de dos décadas: elecciones sin condiciones, resultados sin consecuencias y derrotas predecibles que se maquillan de gestas heroicas.
Tras el fraude del 28 de julio —sí, fraude, aunque la PUD evite llamarlo así con la esperanza de una próxima cita electoral—, la dirigencia opositora se encuentra en estado de confusión estratégica. No saben si participar en las elecciones municipales y regionales que el chavismo promueve para mayo. No saben si denunciar, si pactar, si inscribirse o si retirarse. Y ese no saber no es una virtud táctica: es un síntoma crónico de subordinación política.
La indefinición de la PUD no es casual. Es resultado directo de su apuesta permanente a la negociación con quien no negocia nada que le reste poder real. Esperan concesiones electorales como si no hubieran aprendido —o como si no les importara— que el chavismo, dueño de todos los resortes institucionales, sólo concede lo que no pone en riesgo su dominio. ¿Qué esperan esta vez? ¿Una habilitación simbólica? ¿Una tarjeta prestada? ¿Un rector del CNE que parezca independiente y le lleve el maletín a Elvis Amoroso?
Mientras la cúpula de la PUD duda en Caracas, en las regiones se gesta otra dinámica: la revuelta clientelar. Gobernaciones y alcaldías entregadas a la oposición en procesos controlados por el régimen han generado un ecosistema de lealtades que no se alimenta de principios, sino de presupuestos, nóminas y prebendas. Los operadores regionales quieren elecciones no por vocación democrática, sino por continuidad presupuestaria. No disputan el poder al chavismo: se han convertido en sus satélites funcionales.
En ese contexto, el debate sobre participar o no en mayo es irrelevante si no se asume lo esencial: ninguna elección organizada bajo las reglas del régimen chavista servirá para desplazar al chavismo del poder. La estrategia electoral, tal como la entiende la PUD, está muerta. Lo que sobrevive es una simulación útil para quienes hacen de la política un modo de vida financiado desde el poder que dicen combatir.
La PUD no necesita decidir si participa o no en las elecciones de mayo. Necesita decidir si sigue existiendo como coartada del régimen o si finalmente rompe el ciclo de colaboracionismo con ropaje opositor. Hasta ahora, todo indica lo primero.
EL AUTOR es abogado y analista político, con maestría en Negociación y Conflicto en California State University.
