Noel Gómez Herrera
El yerno del Presidente electo de Venezuela permanece incomunicado y aún se desconoce su sitio reclusión. Familiares de los otros presos políticos, temen que Tudares esté siendo sometido a torturas físicas y psicológicas.
Noel Gómez Herrera
Ciento doce días de desaparición forzada está cumpliendo Rafael Tudares Bracho, yerno del Presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, secuestrado por esbirros al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro el día martes 7 de enero, en horas de la mañana, cuando trasladaba a sus dos hijos a la escuela.
La esposa de Tudares, Mariana González López, ha denunciado ante el mundo que hasta la fecha no le han permitido ver a su esposo y aún no le han informado el sitio de reclusión donde se encuentra.:»Rafael sufre una inhumana detención arbitraria. Mi causa es Rafael. Mi causa son nuestros hijos que diariamente me preguntan por su papá. Mi causa es cada familiar que sufre en silencio en este país casos como estos«.Tudares Bracho será sometido a una audiencia judicial en horas nocturnas del día 19 de mayo, sin derecho a legítima defensa. Será “asistido” por un defensor público al servicio del régimen ya que al igual que a todos los presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro, no se le permite el nombramiento de un defensor de su confianza, en abierta violación de la Constitución venezolana, de la Declaración Americana de los derechos humanos y de la Declaración Universal de los derechos humanos.
La hija del Presidente electo, Mariana González de Tudares, quien permanece en Caracas junto a sus dos menores hijos, denuncia aún las autoridades no se le ha notificado el sitio de reclusión de su esposo ni le permiten verlo o acceder a su expediente, entre otras graves irregularidades. “Tampoco se me permiten presenciar la audiencia de mi esposo, ni siquiera aguardar afuera de la sala en la que se haga la audiencia, al menos para verlo, para que sepa que aún estoy aquí, luchando”,
El secuestro del yerno del ganador de las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el 28 de Julio de 2024, ha sido catalogado por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos como una “situación de desaparición forzada” ya que, desde su detención, nunca las autoridades han informado el sitio real de reclusión.
“La Defensoría Pública me indicó que mi esposo supuestamente se encuentra en el centro de detención militar Rodeo I [regentado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGCIM], pero allí no está. He ido constantemente a ese lugar y los efectivos militares que atienden me aseguran que allí no se encuentra”, denuncia la esposa de Tudares.
Por otra parte, familiares de los presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en comunicación con el periódico La Razón, han señalado que funcionarios de la DGCIM le exigen al yerno del Presidente electo una confesión, contra su voluntad, sobre “supuestos delitos” cometidos por González Urrutia relacionados con “lavado de dinero” y “evasión fiscal en materia inmobiliaria”, como requisito para ser liberado de la prisión.
La tortura como política de Estado
El día 4 de febrero de 1985 se firmó en la ciudad de Nueva York la Convención contra Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tratado internacionalsuscrito por Venezuela y administrado porel Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, constituido por un total de diez expertos independientes que supervisa el cumplimiento de la Convención en los Estados partes, entre ellos Venezuela, cuyas autoridades han sido denunciadas de manera reiterada como perpetrador del horrendo crimen de la tortura y el terrorismo de Estado, especialmente a partir del año 2017.
La mayoría de los casos han sido enviados a la Corte Penal Internacional, en La Haya, tribunal que también recibió en el año 2024 el informe del panel de expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que incluye numerosos casos de tortura, detención arbitraria y violencia sexual, como políticas de Estado en la represión a la disidencia.
El caso más reciente, y en pleno desarrollo, es el del ciudadano Rafael Eduardo Tudares Bracho, de 45 años, quien fue aprehendido por sujetos encapuchados, mientras llevaba a sus hijos de seis y siete años al colegio el día 7 de enero de 2025.Tudares es yerno del Presidente electo Edmundo González y su caso es considerado por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos como una desaparición forzada y además como un rehén del régimen para presionar familiarmente al ganador de las elecciones, quien se encuentra asilado en España.
Familiares de los presos políticos que se encuentran la cárcel de El Rodeo I, administrada por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) han señalado que aunque Tudares Bracho inicialmente fue asignado a ese centro penitenciario, posteriormente fue trasladado a la sede de ese organismo militar en Boleíta, al este de Caracas, donde ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas, así como de interrogatorios nocturnos en busca de la confesión de delitos financieros supuestamente cometidos por su suegro, tales como lavado de dinero y evasión fiscal en materia inmobiliaria, dado la condición que ostenta Tudares Bracho como representante legal de González Urrutia en el país.
Igualmente ha trascendido que los agentes de la DGCIM le han hecho ver al yerno del Presidente electo que podrían tomar represalias contra su esposa, Mariana González López y sus dos menores hijos, a quienes Bracho no ha podido ver en más de ciento doce de detención arbitraria. Según se pudo conocer, una representación del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU estaría tramitando con la cancillería venezolana una visita al país para conocer el estado en que se encuentra Tudares, así como sus condiciones físicas y el cumplimiento de la Convención contra Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por parte del régimen de Maduro
| La portada de La Razón, del domingo 27 de abril de 2025. |
