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La política exterior no se mide por intenciones, sino por resultados. Y en Venezuela, el resultado de Biden fue sostener al régimen chavista.
Humberto González Briceño
Cuando se evalúan las políticas de las últimas dos administraciones estadounidenses hacia Venezuela, la comparación resulta tan elocuente como reveladora. La gestión de Joe Biden fue un desfile de gestos sin consecuencias; la de Donald Trump, en cambio, es una demostración de que, con voluntad política, se puede presionar al chavismo en donde más le duele: en las finanzas.
Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de “revisar” la política hacia Venezuela. Traducción: relajar las sanciones, permitir el retorno de las petroleras estadounidenses a suelo venezolano y confiar, ingenuamente, en que el régimen de Nicolás Maduro respondería con gestos de buena voluntad. El resultado fue previsible: concesiones unilaterales, diálogo sin consecuencias, elecciones amañadas en 2024 y una dictadura que, gracias a la licencia 41, recibió un balón de oxígeno fiscal cortesía de las transnacionales que operan bajo amparo estadounidense. Todo esto a cambio de nada. Ni democracia, ni elecciones libres, ni liberación de presos políticos. Solo más tiempo para que el régimen se reorganizara, robara otra elección y hablara de paz mientras ajustaba el puñal.
Lo ocurrido en 2025 terminó por confirmar el fracaso de esa política. La anulación del proceso presidencial de 2024 no trajo ninguna consecuencia real. Por el contrario, el régimen se permitió convocar a nuevas elecciones regionales y legislativas para mayo de 2025 como si nada hubiera pasado. La comunidad internacional, desgastada por su propia indecisión, guardó silencio. Y los operadores políticos del chavismo, financiados indirectamente por el retorno de empresas energéticas extranjeras, siguieron ampliando su control institucional.
Trump, en cambio, no perdió tiempo con buenas intenciones. En su retorno al poder a comienzos de 2025, su primer movimiento fue revocar de nuevo la licencia 41, eliminando así un salvavidas clave para el chavismo que la administración Biden le había restituido. El razonamiento fue el mismo que en su primer mandato: ningún régimen sostenido en la expoliación petrolera debe beneficiarse de la legalidad empresarial norteamericana. Esa medida, aunque criticada por los lobbies energéticos, cortó una fuente directa de ingresos para el chavismo y dejó claro que con Washington no se negociará desde la debilidad.
¿Es la política de Trump desinteresada? Por supuesto que no. Su prioridad sigue siendo la seguridad nacional de los Estados Unidos, y Venezuela representa dos problemas concretos: una plataforma para actores hostiles (Irán, Rusia, China) y una fuente de presión migratoria. En su visión, si Maduro quiere alivios, deberá aceptar condiciones duras: repatriación de venezolanos deportados, pago por los costos de traslado, y eventualmente, transición política real. La lógica es simple: si el régimen se queda sin ingresos externos legales, se debilita. Y un régimen débil es más susceptible a la presión, al aislamiento o incluso a una intervención directa.
A mediano y largo plazo, la administración Trump estará en una mejor posición que la de Biden para negociar desde la fuerza o actuar sin pedir permiso. Porque sin los ingresos provenientes de las transnacionales, el chavismo se verá obligado a canibalizar lo poco que queda de economía formal, sin respaldo internacional, sin legitimidad y sin margen de maniobra.
La política exterior no se mide por intenciones, sino por resultados. Y en Venezuela, el resultado de Biden fue sostener al régimen chavista. El de Trump, al menos, fue ponerlo a la defensiva y hoy tiene el tablero a su favor. Lo demás es retórica para conferencias diplomáticas.