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El terrorismo en Venezuela está en funcionarios militares y policiales, portadores de armas de guerra, que requisan, matraquean, siembran drogas y se apoderan de dinero y bienes de los ciudadanos
Absalón Méndez Cegarra
Con el título que encabeza este artículo presentó el “Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos” (Provea) el informe correspondiente al año 2024, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Provea es una organización no gubernamental fundada el 15 de octubre de 1988 y, el informe del año 2024, es el número 35. Son 35 informes anuales que monitorean lo que sucede en Venezuela en materia de derechos humanos. Provea es pre- constitucional y es anterior a la instauración de “chavismo” en la jefatura del gobierno de Venezuela.
Hemos acompañado a Provea desde su creación, sin ser miembro fundador ni asociado, sino como amigo y colaborador de una causa justa. Acompañamos a Raúl Cubas, uno de sus fundadores, a varios lugares del país dando a conocer a Provea y educando a la población, a las comunidades, en materia de derechos humanos, educación que empodera a pueblo de sus derechos y le suministra herramientas necesarias para la exigibilidad de su cumplimiento y la promoción y defensa de los mismos.
De nada sirve tener una Carta Política y leyes que contienen, en sentido positivo, la garantía de los derechos enunciados y los no enunciados y se establezca como garante de la efectividad de dichos derechos al Estado, si las personas no han interiorizado y subjetivado el ejercicio pleno de los derechos humanos. El Estado es el sujeto obligado a cumplir con las obligaciones que derivan del reconocimiento por parte de éste de los derechos humanos, concebidos como inherentes a la especial naturaleza humana, por consiguiente, pre-existentes a la formación del Estado.
El Estado, según la clasificación de los derechos humanos en civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, está obligado a desarrollar dos conductas. Una, de no hacer. Otra, de hacer. En el caso de los derechos civiles y políticos, la acción del Estado es de no hacer. El Estado debe abstenerse de aplicar medidas que impidan a las personas su vida, la libertad, la libre expresión, la libre circulación por el territorio nacional, el voto universal y secreto, el debido proceso, la participación en los asuntos públicos, la asociación libre, el derecho a manifestar pacíficamente, el derecho de asilo y refugio. Y, en el caso de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la obligación del Estado es de hacer. Crear las condiciones para que la familia esté protegida, tenga una vivienda digna, salud integral, seguridad social, alimentación, trabajo digno, protegido y bien remunerado, educación, deporte, libertad de empresa, derecho de propiedad, defensa del consumidor, protección del ambiente, protección a los pueblos indígenas, entre otros derechos reconocidos.
Provea, suele utilizar como guía para su informe anual, los preceptos constitucionales que garantizan la protección de los derechos humanos, tomando como base la norma jurídica contenida en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que establece, que: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Es, así, como a partir de las disposiciones constitucionales, Provea pasa revista anual a lo que acontece en el país en materia de derecho a la integridad personal, a la justicia, a la libertad personal, a la libertad de asociación y participación, a la vida, a la alimentación, al derecho a un ambiente sano, a la educación, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la tierra, a la vivienda y al derecho de los pueblos indígenas.
Provea, cuenta con equipos de investigación que monitorean diariamente el acontecer nacional en cuanto a la garantía de los derechos humanos. Y, en este monitoreo anual, el Estado salió reprobado en todas las asignaturas.
Provea, educa a la población en la defensa de los derechos humanos, asesora y acompaña a las víctimas, les asiste jurídicamente, según el caso, y tiene atribuciones legales que le permite acudir, en nombre de las víctimas de violación de los derechos humanos, a la jurisdicción nacional e internacional, en busca de la reparación del daño causado y el cese de las violaciones.
Provea, no es terrorista, tampoco, las demás ONG, a las que se les persigue y asedia por el hecho de denunciar la comisión de violaciones a los derechos humanos
Las armas que siembran terror en el caso de Provea son la educación y acción en derechos humanos. Provea no es una organización “tira piedras”; al contrario, es una organización sumamente seria que actúa previo conocimiento exhaustivo de los hechos. Dispone de un código de ética que guía sus actuaciones. Acompaña y apoya causas justas, bien fundamentadas, debido a que una cosa es la teoría, filosofía, doctrina y legislación sobre derechos humanos y, otra, muy distinta, es la existencia de medios expeditos para la defensa de los derechos humanos. Por lo general, las clases pobres, marginales, sin protección alguna, son las principales víctimas de violación de los derechos humanos. El acceso a la justicia nacional e internacional les está negada por carecer de recursos económicos, por lo tanto, se requiere de organizaciones especializadas que se subroguen en las victimas y les ayuden en la búsqueda de justicia.
Terrorista, según el Diccionario de la Lengua Española, es “la dominación por el terror. La sucesión de actos ejecutada para infundir terror. Terror es miedo, espanto, pavor de un mal que amenaza o de un peligro que se teme”. Puede, acaso, imputársele a Provea, la calificación de terrorista. La fiscalía del Ministerio Público y los jueces de la República deberían informarse mejor al momento de imputar a una persona como terrorista.
El terrorismo en Venezuela está en otro lugar. No en Provea. Está en los pueblos, ciudades, carreteras, avenidas y calles, con cientos de funcionarios militares y policiales, portadores de armas de guerra, que requisan, matraquean, siembran drogas y se apoderan de dinero y bienes de los ciudadanos, que impiden el libre tránsito por el territorio nacional, generando miedo, terror en la población. Eso, sí, es terrorismo.
El informe anual de Provea, cierra con un estudio especial de Ligia Bolívar, sobre “La ruta del cierre democrático” que da cuenta como en Venezuela se ha producido “un apagón democrático”.
@absalonmendez1
EL AUTOR es abogado y licenciado en trabajo social. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV. MSc en Administración Privada, doctor en Ciencias Sociales. Ha participado en la redacción de la Ley Orgánica del Sistema de los Seguros Sociales, Ley de Vivienda y Hábitat, Ley del Régimen Prestacional de Salud, Ley del Régimen Prestacional de Empleo, entre otras.
