Jesús Petit Da Costa
Todos los poderes públicos siguen fuera de la ley. Todos, sin excepción, son ilegítimos por inconstitucionales. Todos carecen de legitimidad de origen. Todos los que ejercen esos cargos son usurpadores
Jesús Antonio Petit Da Costa I DIOS Y CONSTITUCIÓN
Después de las elecciones parlamentarias y regionales todos los poderes públicos siguen fuera de la ley, donde ya estaban. Todos, sin excepción, son ilegítimos por inconstitucionales. Todos carecen de legitimidad de origen. Todos los que ejercen esos cargos son usurpadores. Estamos, pues, ante una ilegitimidad total y absoluta, que determina la inexistencia del Estado Constitucional. Están alineados para impedir la transición pacífica de la tiranía a la democracia, de la época del socialismo del siglo XXI a la República del Bienestar en la época de la sociedad del conocimiento, proclamada con la consigna: Dios y Constitución.
1.- Continúa fuera de la ley el Poder Ejecutivo porque la Presidencia de la República sigue ejercida por el usurpador que la tomó por la fuerza en 2018 reincidiendo en 2025 al desconocer el resultado electoral del 28 de julio de 2024.
Lo mismo había hecho el anterior tirano, General Marcos Pérez Jiménez, quien desconoció el resultado electoral del 30 de noviembre de 1952 dando un golpe de Estado el 2 de diciembre siguiente, pública y descaradamente, visto que el Consejo Supremo Electoral, entonces constituido por ciudadanos honorables, se negara al fraude electoral. En 2024 no hizo falta repetir la escena de intervenir el CNE destituyendo a sus miembros, porque en el Golpe de Estado ellos estaban conjurados.
2.- La Asamblea Nacional está fuera de la ley. A la actual Asamblea Nacional ilegítima le sucederá otra Asamblea Nacional más ilegítima aún, resultante del fraude descarado del pasado 25 de mayo de 2025. En este caso, la tiranía actuó como lo hizo el anterior tirano que, para cohonestar el fraude dado por él con el golpe militar, ofreció a los únicos partidos legales, entonces URD Y Copei, unos pocos diputados hasta completar una cuota parlamentaria minoritaria. Los dos partidos, presididos por políticos honorables, rechazaron la oferta indigna. Sin embargo, unos pocos candidatos desertaron y aceptaron la oferta de servirles a la tiranía simulando ser oposición. Fueron los precursores de los colaboracionistas de ahora. Sus partidos los expulsaron.
3.- El Poder Judicial está tomado por la tiranía. No hay carrera judicial para que el ilegítimo TSJ, escogido por la tiranía violando la Constitución, haga lo que le da gana con los jueces.
El peor crimen contra el Poder Judicial lo ha cometido Maduro al usar a los jueces para convalidar sus actos fuera de la ley. Ningún tirano lo había hecho. Gómez y Pérez Jiménez no comprometieron a los jueces en sus fechorías. Los mantuvieron apartados de la política. Por este motivo cuando terminaron estas tiranías no se actuó contra los jueces. A muchos se los ratificó en sus cargos. Simplemente no se habían metido en política, ni para bien (no existía el amparo) ni para mal (no participaron en la represión ni fueron responsables de presos políticos, lo cual estaba reservado a la policía y el propio tirano asumía la responsabilidad).
4.- Los gobernadores electos son todos escogidos por el tirano, que concede una cuota a los colaboracionistas. La cuota era de 4. Ahora es 1. Son ilegítimos de origen por su elección inconstitucional. No tienen ejecutoria porque en una tiranía no son nadie. Cumplen el papel de guachimanes al servicio del tirano.
Conclusión. Está completo el cuadro de ilegitimidad absoluta y general de los poderes públicos. Todas las puertas de salida están cerradas.
Una solemne estupidez cerrarle las puertas a un cambio exigido por el pueblo para iniciar una nueva época. De nada vale porque el pueblo las derriba. Puede hacerlo con la Constitución, alegando que el Artículo 333 de la Constitución de 1999, copia del Artículo 250 de la Constitución de 1961, ordena resolver esta situación anómala, primitiva e inaceptable de este modo: restablecer la vigencia efectiva de la Constitución comenzando por restablecer la legitimidad de todos los poderes públicos, valiéndose y usando con este fin los medios de los cuales se disponga.
La consigna sería: Dios y Constitución, sustituta de Dios y Federación propia de otra época.
EL AUTOR es abogado y magistrado jubilado. Profesor en la Universidad Central de Venezuela 1966-1996 en derecho mercantil y derecho laboral. Ex Procurador general de la República. Ex presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
